El enfado por el escándalo del Hospital de Torrejón sobrevuela la sala de espera

En el ojo del huracán, todo está en calma. Un día normal, a las puertas del Hospital de Torrejón (público de gestión privada) no preocupan demasiado los audios que reveló EL PAÍS en los que el director ejecutivo del grupo sanitario Ribera pide alargar las listas de espera de ese centro médico para ganar más dinero. Aunque el escándalo ha abierto el debate sobre los claroscuros del modelo público-privado de gestión sanitaria, el enfado de muchos no se percibe a simple vista sobre el terreno, en el lugar donde se planeaban los recortes. El único día que se rompió esa calma fue el pasado viernes por la tarde, cuando medio millar de personas se concentraron a las puertas del hospital para quejarse de la espiral de decadencia que atraviesa ese centro médico.

Son aquellos con historias similares a la de Manuel Ruiz (de Torrejón de Ardoz, 67 años) que sufre un EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) y que no puede hacerse las pruebas que necesita para ir a consulta porque desde octubre ―seis días después de que el CEO de Ribera Salud ordenara alargar las listas de espera― no dejan de cancelarle citas. En estos tres meses ha recibido 13 mensajes casi idénticos: “Manuel su cita de Neumología Pruebas (...) ha sido modificada. En breve se le enviará su nueva cita”. “No van a hacer nada hasta que me muera”, dice preocupado.

Es lo que estuvo a punto de pasarle a Carmen González (de Torrejón de Ardoz, 68 años). A ella le operaron del corazón en febrero y su cardiólogo le dijo que volviera a acudir a consulta en dos meses para revisar que todo estuviese en orden. De nuevo, cancelación de cita. “Fui varias veces a mendigar ventanilla por ventanilla para que me dieran cita, pero nada”, dice. Ocho meses después de su operación y sin haber vuelto a ser atendida, sufrió un infarto en su casa y la operaron de urgencia. Después de eso y de presentar una queja ante la Consejería de Sanidad, recibió una carta del director del hospital pidiéndole disculpas. Desde entonces, dice, respetan sus citas. “Cuando le ven las orejas al lobo van detrás de ti”, se queja.

Es jueves a mediodía y Martina, cuyo apellido ha sido omitido porque tiene 17 años, sale junto a su madre de hacerse unas curas. El día anterior se sometió a una operación de reducción de pecho que llevaba esperando desde los 14. Está al tanto del escándalo, pero, por el contrario, su impresión del hospital es “positiva”, dice. “La operación no era grave y me dieron el alta en el mismo día”, comenta. Sobre los tres años que ha tenido que esperar para pasar por quirófano, explica que es algo normal, que está justificado por el tipo de intervención.

Es lo mismo que siente Javier Ojeda (de 44 años), al que operaron en junio de una dolencia en el tendón del dedo pulgar de su mano derecha sin hacerle esperar demasiado. De un tiempo a esta parte le ha vuelto a doler, así que ha pedido cita para revisárselo y en poco más de una hora le han hecho una radiografía, un TAC, y en le darán los resultados en unos días. “Es verdad que lo mío no ha implicado en ningún momento lista de espera”, matiza. El problema, dicen los trabajadores de ese Hospital, no siempre se percibe a simple vista.

Ninguno de los sanitarios del Hospital de Torrejón con los que ha contactado EL PAÍS se atreve a dar su nombre por el delicado momento que vive el centro. Todos ellos llevan muchos años trabajando allí y coinciden en la expresión “régimen del terror” para definir su relación con los mandos de ese hospital. Dicen que se les ha puesto sobre aviso para no hablar con la prensa, pero sus testimonios se validan entre ellos.

Una sanitaria explica que son bastante comunes los casos como los de Ojeda, en los que un paciente sometido a una operación tiene que volver al Hospital meses después. “La reincidencia de pacientes es mucho más alta que en el resto de los hospitales porque no nos dejan dedicarles el tiempo que necesitan”, señala. “La percepción de los pacientes es siempre positiva porque nos esforzamos mucho en poner siempre una sonrisa al atenderlos, aunque estemos todos al 200% y muy quemados”.

Esta sanitaria, que ha visto pasar por el mando de ese hospital primero al grupo Ribera, luego a Sanitas, y luego a Ribera de nuevo, cuenta que lo que está haciendo ahora el mando del Hospital no lo había visto “en la vida”. “Nos presionan para abarcar al máximo número de pacientes posibles para así ser más rentables como empresa, aunque eso implique ratios altísimas o altas de pacientes que no se han recuperado”, denuncia.

La carta que difundió entre sus compañeros una anestesista de ese hospital en 2023 evidencia que el problema lleva años sobre la mesa. La envió justo antes de renunciar por las pésimas condiciones en las que trabajaba y por la manera poco ética en la que dice que se resolvieron ciertas situaciones. “Todo son falsas promesas y más desmantelamiento del servicio”, escribió. En los seis meses anteriores al 27 de marzo de ese año ―fecha en la que esta especialista firma la misiva a la que ha accedido EL PAÍS―, 12 anestesistas habían renunciado a seguir trabajando en ese centro hospitalario.

Todo eso fue antes de que se revelaran los audios en los que el director ejecutivo del grupo Ribera Salud, Pablo Gallart, dijo que “la elasticidad de la cuenta de resultados a la lista de espera es directa”. Es decir, que cada euro de dinero público que no se destinase a operar pacientes iría a parar a la empresa. Al día siguiente de hacerse pública esa grabación, Gallart se apartó de la gestión de ese único hospital y la empresa anuncio una auditoría ”en profundidad".

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, guardó silencio sobre el asunto durante dos largos días y lo rompió para anunciar que “cualquier mala práctica será erradicada con contundencia”. Sin embargo, solo un día después, Ayuso quitó peso al contenido de los audios y lo redujo a “rencillas entre directivos”.

En paralelo, el Ministerio de Sanidad dirigido por Mónica García pidió a Ayuso que abra una investigación para comprobar si se están produciendo episodios similares que no hayan saltado a la prensa en los otros hospitales públicos de gestión privada que hay en Madrid, pero no obtuvo respuesta. En cualquier caso, García anunció que desde su cartera se va a investigar si en el Hospital de Torrejón se produjeron más irregularidades.