El aborto: un derecho como pieza histórica de la lucha entre partidos

La mañana de este viernes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que llevará al Congreso una propuesta para incluir el aborto en la Constitución y blindar así este derecho reconocido en España como tal desde 1985, pero sujeto, sin embar...

La mañana de este viernes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que llevará al Congreso una propuesta para incluir el aborto en la Constitución y blindar así este derecho reconocido en España como tal desde 1985, pero sujeto, sin embargo, a los vaivenes políticos en las últimas cuatro décadas. Cada vez que la derecha ha tenido oportunidad, y poder, ha intentado recortarlo. No solo en España.

Países de todo el mundo se enfrentan en los últimos años al freno de algo esencial para la autonomía de las mujeres en un juego de espejos geopolítico en el que las decisiones de unos territorios movilizan a otros. 2022 fue un momento clave, Estados Unidos acabó con la protección constitucional de este derecho; el 8 de marzo del pasado año Francia lo blindó en su carta magna, con apoyos desde todo el arco parlamentario.

Derecha y ultraderecha avanzan en todos los continentes y entre sus primeras decisiones está, siempre, limitar las libertades de las mujeres. Ahora, el anuncio de Sánchez responde también a un paso más del PP y Vox en Madrid. Esta semana, el partido de ultraderecha presentó una iniciativa para obligar a los empleados municipales a explicar a las mujeres que fuesen a informarse para interrumpir el embarazo de un síndrome posaborto que organizaciones médicas y especialistas de la comunidad científica no avalan.

El PP aprobó esa iniciativa, pero, ante el revuelo social, mediático y político, se desdijo en 24 horas. Desde la dirección han reconocido que “es un error abrir este melón”. Uno que no es la primera vez que abren, y que ya les supuso un coste político. Desde 1985, la derecha española ha ido cambiando y, también, diversificándose; mientras que dentro de los populares existen desde hace años posiciones que van desde las proaborto a las ultracatolicistas, la llegada de la ultraderecha les ha hecho cambiar el paso.

Antes, el PP luchaba solo por un voto de centro, ahora necesitan también dar esa pelea por la derecha. Y a su derecha Vox despliega desde su llegada todo el abanico propio del antifeminismo que marca su posición política. La cuestión es que, a la vez, el contexto, el social, también es otro. La ultraderecha ha cogido auge, en parte, como reacción a la evolución y avance del movimiento feminista de los últimos años.

El lugar de los populares, por tanto, es ya un equilibrio difícil que constata este último movimiento de desmarque por parte del PP nacional del PP madrileño. “Almeida no midió bien la polémica que se abría con esto”, ha dicho en estas últimas 24 horas uno de sus dirigentes.

No es la primera vez que el Partido Popular tiene que dar marcha atrás en esta cuestión. La cronología de este derecho ha estado sujeta desde que se aprobó a los tirones de esa parte del hemiciclo. En 1985, la derecha se resistió a la conquista, limitada, que supuso la despenalización del aborto en tres supuestos: si había riesgo para la salud física o mental de la madre, en casos de violación y si existían malformaciones físicas o psíquicas en el feto.

En 2010 se aprobó, también con los votos en contra del PP, la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo: las mujeres ya podían decidir de forma libre durante las primeras 14 semanas. Recurrieron la norma. Y solo tres años después intentaron volver a 1985. Querían que el aborto solo fuera posible en casos de violación o de grave peligro para la vida o la salud de la mujer.

No pudieron. Un movimiento extenso y rapidísimo de las mujeres no solo frenó el anteproyecto de ley que intentaba impulsar el PP, entonces en el Gobierno, sino que acabó provocando la dimisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Quizás fue ahí cuando los populares se dieron cuenta de que la concepción del aborto, más allá de las ideologías, suponía ya un consenso, como derecho, entre la ciudadanía. Y la propuesta no avanzó, pero sí acabaron cercenándolo en la medida en que pudieron.

Una reforma de la ley de 2010 fijó que las mujeres de 16 y 17 años ya no podían interrumpir el embarazo sin autorización de madres, padres o tutores. Y cuando llegó 2023 y el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos aprobó la última modificación ―que devolvió a las menores su derecho a decidir y amplió las garantías―, ellos volvieron a votar no. Solo que entonces sumaban ya a su bancada el apoyo de Vox ―y el ya extinto Ciudadanos―, y eso les ha ido dando margen a medida que la ultraderecha entraba en las instituciones de múltiples comunidades autónomas, que son, al final, quienes tienen las competencias para hacer este derecho efectivo.

Ante la evolución de esa parte del arco político ―en España y en otras democracias europeas y americanas―, la izquierda también ha ido moviéndose. Después de que Francia consagrase el derecho en su Constitución, Sumar, ahora principal socio de Gobierno del PSOE, propuso seguirle los pasos. “Abrir el debate social [que] no es un debate de partido, sino de país y de sociedad”, dijo en marzo del pasado año la portavoz adjunta, Aina Vidal.

No tuvo el apoyo de los socialistas. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, dijo aquel día que no se daban los consensos necesarios. Sin embargo, solo unos meses después, en su ponencia para el 41º Congreso, se comprometieron a blindar tanto el aborto como el matrimonio igualitario en la Constitución. En febrero de este 2025, Sumar presentó su propuesta y la envió a los grupos parlamentarios. Ahora, de la que ha informado Sánchez da también ese paso.

El ciclo electoral comienza la próxima primavera, con las elecciones en Castilla y León, y será entonces cuando probablemente el aborto vuelva a aparecer como pieza electoral. La cuestión, sin embargo, no es solo si la izquierda conseguirá blindarlo antes de que acabe la legislatura, sino si será posible que este derecho sea, por fin, real.

“La ley, aunque imprescindible, no basta. A pesar de los avances conseguidos, persisten barreras que siguen limitando el ejercicio efectivo de este derecho. La objeción de conciencia regulada por ley, pero con un desarrollo y aplicación muy heterogéneo en las distintas comunidades autónomas, las diferencias territoriales en los itinerarios de acceso y en los métodos disponibles, la insuficiencia de recursos en la sanidad pública y la persistencia del estigma social son solo algunas de las trabas que continúan condicionando la libertad de las mujeres”. Esto es parte de la introducción que escribió la directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández, al estudio El aborto en España: barreras y retos para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, de la Fundación Mujeres Jóvenes.

Obstáculos que siguen existiendo y que de no desaparecer, hacen que ese derecho no esté garantizado, que no sea efectivo. Y es un derecho que, según también esa introducción, “no es una concesión: es la expresión más clara de la libertad, la igualdad y la dignidad de las mujeres”.