Las prestaciones sociales salvan de estar en riesgo de pobreza a casi 11 millones de españoles

La lucha contra la pobreza avanza con lentitud en España. A pesar del crecimiento económico en todas las comunidades autónomas, los indicadores de exclusión y desigualdad están por encima del promedio de la Unión Europea. En la última década, los principales indicadores de pobreza mejoraron para el conjunto del país. No ocurrió lo mismo con el acceso de bienes que garantizan una calidad de vida digna. Así lo recoge el último informe de Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) presentado este lunes y que hace especial énfasis en las prestaciones sociales: si en 2023 las transferencias del Estado se hubieran limitado a las pensiones, tres millones de personas más habrían estado en riesgo de pobreza, sumándose a los 9,7 millones de personas que viven bajo el umbral de pobreza. Pero si no hubiera ninguna transferencia por parte del Estado, esta cifra subiría en otros 10,8 millones de personas. Para una persona sola, vivir bajo el umbral de la pobreza quiere decir ingresar menos de 10.990 euros al año. Para una familia con dos adultos y dos menores de 14 años, por ejemplo, implica percibir menos de 23.077 euros anuales.

“Hasta ahora hemos tenido el mantra de que la pobreza se reducía por el mero crecimiento [económico], pero se está demostrando que esto no es así, no existe una correlación directa”, explica Carlos Susías, presidente de EAPN-ES. Una comparación que refleja la falta de correlación entre el crecimiento económico y la reducción de la pobreza es el caso de Madrid y de Cantabria. El PIB por habitante de la capital es 12.000 euros más alto. Sin embargo, ambas regiones registran un 15% de riesgo de pobreza.

El caso de la vivienda, dice Susías, es paradigmático. “Se ha convertido en un instrumento de generación de pobreza”, señala. Para él, la obligación de contener la escalada del mercado inmobiliario es del Gobierno central, pero sobre todo de las comunidades autónomas. “No solo hay que reclamar al Estado más y mejores recursos, también hay que hacerlo a las comunidades autónomas, porque es su competencia y responsabilidad”. Por ello, insiste en el desarrollo de prestaciones focalizadas y eficientes.

La organización alerta de una importante desigualdad entre el norte y el sur de España, hasta tal punto de que entre ambas zonas el riesgo de pobreza llega a multiplicarse por 2,5. En Andalucía, por ejemplo, el riesgo de pobreza o exclusión social se eleva al 37,5%, mientras que en el País Vasco es del 15,5%. Juan Carlos Llanos, coautor del estudio, explica que si ambas regiones fueran países diferentes, la segunda estaría por debajo de la media europea, que se sitúa en el 21,4%, mientras que la primera superaría esa media en más de 15 puntos.

La organización recalca que, si bien el PIB aumentó en todas las autonomías entre 2015 y 2022, en pocos casos ha contribuido a paliar la pobreza. En comunidades como Cataluña, Navarra o Aragón, entre otras, donde creció entre el 12% y el 30%, también lo hicieron las tasas de riesgo de pobreza. Desde 2015, en Cataluña incrementó un 9,8%, en Navarra un 23,7% y en Aragón un 15,9%. En función de estos datos, Susías argumenta que la carrera contra la pobreza “se da a través de las políticas dirigidas a su erradicación” y no solo a través del desarrollo económico.

Uno de los principales problemas es el encarecimiento de los productos básicos. Solo en 2023, la renta media por persona aumentó un 8,2% respecto del año anterior, alcanzando los 14.082 euros, pero la recesión producida por la pandemia, la inflación causada por la guerra en Ucrania y la crisis energética a escala global han tenido un impacto en el bolsillo de los españoles. Considerando la inflación, el valor real de la renta media cae a los 10.866 euros.

El encarecimiento de la vida y la cantidad de dinero que los españoles deben destinar a bienes como la vivienda hacen, de hecho, que casi la mitad de las personas con carencias materiales no vivan bajo el umbral de la pobreza. Es decir, según las estadísticas, no están en el grupo con menos ingresos en comparación con el resto de la población. Sin embargo, no pueden acceder a al menos siete bienes que se consideran necesarios para una vida digna, de una lista de 13, que incluye aspectos como no poder comer carne o pollo al menos cada dos días, tener dos pares de zapatos en buen estado, no poder pagar una conexión a internet, no poder mantener la vivienda a una temperatura adecuada, no poder disponer de un automóvil, tener retrasos en el pago del alquiler o la hipoteca o no poder ir de vacaciones una vez al año. Este indicador se situó el año pasado en el 9%, y la organización alerta de que ha empeorado significativamente en los últimos años, en 2015 se situaba en el 7,4%.

Para Susías es esclarecedor comparar el efecto de políticas enfocadas en el ciudadano, como las desarrolladas durante la pandemia, y las políticas orientadas al mercado y al crecimiento económico, como las implementadas después de la crisis del 2008. “Solamente cuando se han tomado medidas claras de protección social hemos tenido resultados significativos”, dice el presidente de EAPN-ES. Y remata: “Es importante focalizar y tener claro lo qué se quiere conseguir, no estar a expensas de que ocurra ningún tipo de milagros, los milagros no suelen ocurrir”.