Los obispos ultiman su plan de reparación sin el apoyo de las principales asociaciones de víctimas de pederastia
La Conferencia Episcopal Española, que no explica cómo financiará la posible factura millonaria, convoca una asamblea plenaria extraordinaria para que todos los purpurados españoles aprueben la guía para indemnizar a los afectados
EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos...
EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.
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Los obispos, tras años de negación y reticencia, anuncian que ya tienen listo “un plan integral” para reparar a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia, aunque no explican cómo hará frente a la posible factura millonaria. “Habrá por supuesto reparación económica. La habrá. Ahora, el concreto [de cómo se financiará], cuando se apruebe, ya lo escucharán”, ha anunciado este jueves a los periodistas el secretario general y portavoz de los obispos españoles, César García-Magán, en la rueda de prensa tras la reunión de la comisión permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) de esta semana en Madrid. Con el documento listo, bautizado como Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abusos sexuales a menores y personas vulnerables equiparadas en derecho (PRIVA), solo falta su aprobación por los 120 obispos españoles. Por lo que, de manera insólita, la CEE ha convocado para el martes que viene una asamblea plenaria extraordinaria para su votación. Se requiere dos tercios de los presentes en la reunión para que el proyecto salga adelante.
Los obispos fijan este plan sin haber tenido en cuenta a las principales asociaciones de víctimas, a pesar de acordar con ellas hace meses crear una agenda conjunta de trabajo para abordar cómo sería el pago de indemnizaciones y la renovación de los sistemas de protección y prevención. El presidente de los obispos, Luis Argüello, anunció a finales de junio durante la visita de la cúpula de la CEE al papa Francisco en el Vaticano que el plan de reparación estaría listo “en unas semanas”. Las principales asociaciones de víctimas mostraron su sorpresa: Argüello aún no se había reunido con ninguna de ellas, como había prometido. Las organizaciones de afectados rompieron entonces con la CEE. “Han preferido defender a los pederastas”, dijeron las asociaciones en un comunicado conjunto.
Sobre este tema, el portavoz de los obispos ha afirmado que la CEE ha mantenido encuentros con las víctimas, aunque no hayan trascendido en los medios. “En esta casa esos encuentros van a ser discretos. Nunca vamos a decir lo que las víctimas han dicho”.
A pesar de que el portavoz de la CEE no ha detallado las claves del documento, el pasado abril avanzó que la piedra angular del plan será “una comisión nacional de arbitraje”, encargada de estudiar cada denuncia. Esta comisión nacional se apoyará en otra que se ocupará de hacer un baremo de las indemnizaciones a pagar, siempre caso por caso. Ambos equipos estarán formados por expertos “reconocidos y con una pluralidad de procedencia” del ámbito jurídico, civil, canónico, médico y psicológico y solo analizarán los casos que no tengan recorrido en la justicia penal por prescripción o dentro de los tribunales eclesiásticos.
Una factura millonaria
La cuantía de lo que puede llegar a pagar la Iglesia se desconoce de momento, aunque se estima que puede ser millonaria. La media en otros países católicos donde los obispos ya han pagado es de unos 35.000 euros por víctima. Basta con analizar el número de las víctimas registradas en España para hacerse una idea del monto que podría desembolsar la Iglesia. La base de datos de EL PAÍS contabiliza al menos 2.735 personas que acusan de pederastia a 1.532. No obstante, este dato solo hace referencia a los casos que han salido a la luz, la punta de un iceberg gigantesco. El cálculo sobre el escándalo publicado por el Defensor del Pueblo en el informe que hace dos años le encargó el Congreso de los Diputados es que el 1,13% de la población ha sufrido abusos en ámbitos eclesiásticos, un porcentaje que equivale a unas 440.000 personas, según los cálculos de este diario.
Los obispos siempre se habían negado a elaborar un plan de indemnizaciones. De hecho, siempre habían esquivado con ambigüedades las preguntas de la prensa sobre el tema. Cuando el Defensor del Pueblo dio a conocer en su informe la necesidad de reparar a las víctimas, fue cuando los obispos se comprometieron a trabajar para repararlas, aunque matizaron, ante la propuesta del Defensor de establecer un fondo común, que no se iba a someter a una comisión independiente que fiscalizase la entrega de las indemnizaciones.
La futura aprobación del documento de los obispos también es un mensaje para el Gobierno de que no va a participar en el plan del Ministerio de Presidencia y Justicia, presentado en abril, para indemnizar a las víctimas de pederastia eclesial cuyos casos estén prescritos penalmente. El proyecto está en línea con las recomendaciones que presentó el Defensor de Pueblo y que consiste en crear un órgano especial e independiente, integrados por especialistas, de carácter temporal para fijar la reparación de cada víctima y que “exigiría la colaboración de la Iglesia católica para hacerse cargo de la totalidad o una parte sustancial de las compensaciones”.
El mismo día en el que el Consejo de Ministros aprobó el plan, los obispos publicaron un comunicado en el que se negaban a colaborar si los resarcimientos no incluyen a todos los afectados, no solo a los de ámbito religioso.