Cae una organización que obligó a más de 500 mujeres a prostituirse en condiciones extremas en Málaga

La oferta era tentadora: un viaje a hasta España para ocupar un buen puesto de trabajo en un centro estético de Málaga. Muchas aceptaban. El problema es que cuando las mujeres, la mayoría originarias de Colombia, aceptaban y llegaban a España, se encontraban un panorama muy distinto. Entonces les decían que habían contraído una deuda y que debían pagarla ejerciendo la prostitución las 24 horas del día. Lo debían hacer sin medidas de protección, ...

La oferta era tentadora: un viaje a hasta España para ocupar un buen puesto de trabajo en un centro estético de Málaga. Muchas aceptaban. El problema es que cuando las mujeres, la mayoría originarias de Colombia, aceptaban y llegaban a España, se encontraban un panorama muy distinto. Entonces les decían que habían contraído una deuda y que debían pagarla ejerciendo la prostitución las 24 horas del día. Lo debían hacer sin medidas de protección, sin la opción de rechazar a ningún cliente y con la obligación de tomar drogas. Vigiladas siempre por cámaras de seguridad, entraban entonces en un bucle que se eternizaba porque la cantidad aumentaba a través de sanciones y multas injustificadas para que no pudieran saldar las cuentas.

La Policía Nacional ha liberado a 11 mujeres que estaban siendo explotadas sexualmente en cuatro pisos de la ciudad de Málaga, aunque la investigación ha conseguido identificar a un total de 55 que habían sufrido las mismas circunstancias y calcular que entre 2022 y 2023 más de 500 habían pasado por el mismo calvario. “E igual nos quedamos cortos”, cuentan fuentes del caso. La operación policial, denominada Tibisay, también ha servido para el arresto de los responsables de la organización criminal que engañaban, extorsionaban y obligaban a prostituirse en condiciones casi de esclavitud. Son en total 25 personas detenidas, de las que ocho están ya en prisión, según han confirmado fuentes policiales.

El trabajo policial surgió a raíz de una llamada anónima y confidencial recibida a principios de 2022 en el teléfono 900 10 50 90, una de las herramientas —junto al correo electrónico trata@policia.es— con las que cuenta el Plan de la Policía Nacional contra la Trata de seres humanos con fines de explotación sexual. La información apuntaba a la existencia de varios prostíbulos donde mujeres eran obligadas a ejercer la prostitución y luego dos llamadas más adelante volvían a confirmarlo. Los agentes, que ya habían iniciado la investigación, descubrieron a una organización con una amplia red de miembros y una estructura bien jerarquizada. Y que las mujeres tenían un perfil común: una situación “de gran precariedad económica”, como explica la Policía Nacional en un comunicado. Ya fuese en sus propios países de origen —de toda Latinoamérica— o incluso muchas vivían en España, pero en situación administrativa irregular y condiciones de pobreza extrema. Se les prometía un puesto de trabajo falso, hasta que después se les indicaba que habían contraído una gran deuda económica con los supuestos empleadores y debían pagarla prostituyéndose. La mayoría tardaba “muchos meses” en saldar esas cuentas.

Riesgo para la salud

Las condiciones de trabajo no solo eran abusivas, también ponían en riesgo la salud de las mujeres. Debían estar disponibles las 24 horas de los siete días de la semana, incluso con su menstruación, y no podían elegir o rechazar a sus clientes. También eran forzadas a no usar preservativo, lo que hizo que varias de las víctimas contrajeran enfermedades de transmisión sexual, hecho que no impedía que siguieran siendo prostituidas.

Igualmente, como la organización también se dedicaba a vender droga, las mujeres eran obligadas a consumirlas y a fomentar su uso entre los clientes. El objetivo es que los servicios duraran más tiempo y así pudieran obtener más dinero, lo que derivaba también en lesiones para las víctimas. “En muchos casos los hombres acudían tras consumir un cóctel explosivo de Viagra y cocaína. Podían requerir servicios de hasta 24 horas y ellas tenían que aguantar todo eso”, explica uno de los agentes que ha participado en la operación, que relata cómo el día a día de las mujeres estaba siempre bajo la vigilancia de cámaras de seguridad instaladas en los pisos de citas, que las controlaban de manera permanente. De hecho, de los inmuebles solo podían salir dos horas al día y siempre bajo autorización previa de las personas al cargo.

Los responsables de la organización también habían puesto en marcha un entramado de empresas para dar apariencia legal a los ingentes beneficios que obtenían con la actividad. “Tenían muchísima actividad y eso generaba una gran cantidad de ingresos. Y como muchos clientes pagaban con tarjeta, había que dar apariencia de legalidad al negocio”, insisten las mismas fuentes. Los investigadores han calculado —a partir de los objetivos mensuales de ingresos que la banda ponía a cada uno de los cuatro pisos— que las ganancias de la organización rondaban el millón y medio de euros anuales.

Finalmente, los policías consiguieron liberar a 11 mujeres y detener a 25 personas responsables de su explotación, desde los hombres que lideraban la organización o captaban a las víctimas hasta las mujeres que organizaban los pisos y presentaban a las chicas a sus clientes. Se les acusa de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución, tráfico de drogas, favorecimiento de migración ilegal, blanqueo de capitales y organización criminal.

En los siete registros realizados, todos en la ciudad de Málaga, los agentes han intervenido 145.338 euros en metálico, 1,2 kilos de cocaína y diversas sustancias de corte y útiles para su pesaje. Los cuatro pisos convertidos en prostíbulos han sido clausurados por orden judicial, que también ha permitido el bloqueo de 13 cuentas bancarias y la prohibición de usar bienes valorados en 130.000 euros.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.