Sánchez anuncia que el Gobierno aprobará una ley para proteger a los menores del porno en internet

El Gobierno va a aprobar una ley integral para la protección de los menores en internet, ha anunciado Pedro Sánchez en una entrevista con EL PAÍS. El presidente del Ejecutivo, que alerta de una “auténtica epidemia de menores que tienen acceso a contenidos pornográficos”, pone cifras al problema. “Los datos son demoledores. Uno de cada cuatro jóvenes de menos de 12 años ha tenido o tiene acceso y consume porno. ...

El Gobierno va a aprobar una ley integral para la protección de los menores en internet, ha anunciado Pedro Sánchez en una entrevista con EL PAÍS. El presidente del Ejecutivo, que alerta de una “auténtica epidemia de menores que tienen acceso a contenidos pornográficos”, pone cifras al problema. “Los datos son demoledores. Uno de cada cuatro jóvenes de menos de 12 años ha tenido o tiene acceso y consume porno. Casi la mitad de los jóvenes de menos de 15 años lo consumen. Y esto no es puritanismo. Esto afecta a la formación de nuestros adolescentes y también a los comportamientos futuros que puedan tener en un tema tan trascendental como es la igualdad”, ha afirmado.

Sánchez, convencido de que estos contenidos afectan a la formación y al “comportamiento presente y futuro” de los menores, asegura que el Gobierno propondrá un “acuerdo de país” para proteger a los niños y adolescentes en la red, que contará con tres ejes. “El primero, la aprobación de una ley integral para la protección de los menores en internet; el segundo, la aprobación de una estrategia multidisciplinar desde el ámbito de la educación, de las competencias digitales, también en el ámbito de la igualdad; y finalmente, la creación de dispositivos que impidan el acceso a esos contenidos pornográficos a los menores de edad. Esto es algo en lo que ya estamos trabajando con la Agencia de Protección de Datos y con la Fábrica de Moneda y Timbre”, ha explicado.

España quiere liderar la batalla para poner coto al acceso a los contenidos inadecuados por parte de los menores. Una batalla aún incipiente y que se libra también en otros países europeos y desde la propia Unión. En diciembre, la Agencia Española de Protección de Datos presentó una nueva herramienta que el organismo asegura que es “efectiva” para verificar la edad, uno de los grandes agujeros ahora mismo en internet. Estará lista este verano, y está siendo desarrollada junto a la Fábrica de Moneda y Timbre. El formato está todavía por definir, no está claro si será una app, un código QR o un certificado digital. Pero es una manera de tratar de instaurar un cortafuegos efectivo, actualmente inexistente.

La Ley General de Comunicación Audiovisual (aprobada en 2010 y cuya última actualización es de julio de 2022) obliga a las plataformas de intercambio de vídeos a establecer sistemas de verificación de edad en aquellos contenidos nocivos que puedan perjudicar a los menores, como la violencia o la pornografía, y a “proporcionar mecanismos de control parental o sistemas de codificación digital”. Pero solo operan para televisiones o canales y plataformas a demanda que estén ubicadas en España o en otros países europeos, pero que operen en territorio español. En la ingente cantidad de webs porno que están registradas en otras partes del mundo, tan solo aparece una ventana con la advertencia de que se trata de un contenido para adultos. Basta con dar a “aceptar” para acceder a los vídeos.

En España, la cuestión sobre cómo regular la pornografía está sobre la mesa desde hace algunos años. En el acuerdo del Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, la pasada legislatura, se recogía explícitamente que se impulsaría una “protección reforzada de los menores para evitar el acceso a la pornografía, sujeta a las medidas más estrictas en línea con la nueva normativa audiovisual del Parlamento Europeo”. En el acuerdo alcanzado entre Sumar y los socialistas para la presente legislatura se especifica que se pondrán en marcha “nuevas medidas para enfrentar los retos actuales, como el acoso y la violencia en el ámbito digital y de las redes sociales, especialmente en relación con los menores y los más jóvenes”. Pero no se menciona explícitamente el porno.

En diciembre, el recién creado Ministerio de Juventud e Infancia anunció la creación de un grupo de 50 expertos para analizar el impacto de las tecnologías en los menores y diseñar un plan que los proteja de los riesgos de internet. La ministra, Sira Rego, señaló que el equipo ―que se configurará en el primer trimestre de 2024― analizará estudios ya publicados, tanto sociológicos como científicos, sobre cuestiones como el tiempo que los adolescentes dedican a los dispositivos, los efectos sobre la salud mental, el abordaje desde los centros educativos y los problemas de las familias para implicarse en el uso que sus hijos hacen de los smartphones debido a la falta de conciliación.

En el plano europeo, el 25 de agosto entró en vigor la nueva Ley de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea para las 19 grandes plataformas digitales operativas en territorio europeo, entre ellas Facebook, Instagram, TikTok o X (antiguo Twitter) —aquellas con más de 45 millones de usuarios—, con el objetivo de proteger mejor a los consumidores y sus derechos fundamentales en internet, luchando contra contenidos ilícitos, y donde la protección de los menores es una prioridad, al igual que la lucha contra la desinformación. La normativa obliga a las plataformas a habilitar dispositivos que les permitan señalar y retirar contenidos ilegales de manera rápida, para lo que deben contar con un mecanismo por el que los usuarios alerten de contenidos ilícitos. En caso de incumplimiento, las plataformas se exponen a sanciones que pueden llegar a multas de hasta el 6% de su volumen de negocios mundial. El 17 de febrero la medida se extenderá a tres grandes portales de contenidos pornográficos: Pornhub, Stripchat y XVideos.

Inicio a los ocho años

La iniciación al sexo empieza en el 20% de los casos con el porno cuando los menores solo tienen ocho años, según el mayor estudio publicado en España, en 2018, por investigadores de la Universidad de las Islas Baleares. Ese visionado prematuro impacta después en sus relaciones personales y una de las consecuencias es la reducción de la empatía. Hay diversos factores que explican la desconexión: la habituación, que quiere decir que cada vez necesitan imágenes más fuertes para provocar la misma excitación, y la identificación con quien domina la relación, que en el porno mainstream siempre es uno o varios hombres, señalan los expertos.

El porno influye, según los especialistas, en su concepción de qué es la sexualidad y, dado que mayoritariamente muestra una masculinidad dominante que cosifica y utiliza a la mujer, donde su cuerpo es un instrumento para la satisfacción, eso se aprende.

El modelo de educación sexual en España sigue siendo, desde el punto de vista de algunos expertos, “biologicista”, es decir, que está centrado en el sistema reproductivo y no trata el deseo, el placer, la empatía o el consentimiento, pese a que en 2018 las cinco grandes agencias de la ONU recomendaron en un documento implantar un modelo de educación sexual integral. Ese informe dejaba claro, entre otros puntos, que la educación sexual en un sentido amplio no contribuye a que los menores adelanten el momento de empezar a tener relaciones.

Gran parte del contenido de los vídeos porno muestra un sexo violento, la mayoría de las veces, hacia las mujeres. Los expertos apuntan precisamente a este tipo de porno como uno de los factores que están detrás del aumento de la violencia sexual entre menores. La memoria anual de la Fiscalía señalaba un crecimiento del 45% de los delitos de agresión sexual en niños y adolescentes en el último año, y un 116% desde 2017.

La preocupación social va en aumento. En junio, la Asociación Europea para la Transición Digital promovió una propuesta de pacto de Estado para la protección de los menores en internet y las redes sociales, que fue suscrita por ONG como Save the Children y Unicef y que será presentada en febrero en el Congreso. Reclaman el desarrollo de legislación para evitar los riesgos que afrontan los menores cuando utilizan servicios diseñados para adultos, que pueden afectar a su socialización y potenciar posibles problemas de salud mental, como la ansiedad y la depresión, además de facilitar situaciones de violencia como el acoso escolar y sexual.