La investigación del Defensor del Pueblo estima en 440.000 las víctimas de pederastia en la Iglesia española

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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España pasa hoy de ser una excepción mundial ...

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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España pasa hoy de ser una excepción mundial entre los países católicos, sin casos de pederastia en la Iglesia reconocidos oficialmente, a ser el país con el cómputo de víctimas más alto del mundo: un 1,13% de la población adulta actual ha sufrido abusos en el ámbito religioso, según una encuesta a gran escala, la primera de este tipo en el país, que ha realizado el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo. El Defensor ha eludido hacer el cálculo en números redondos en su comparecencia en el Congreso, algo que tampoco figura en el informe. Pero, según los cálculos de EL PAÍS, ese 1,13% de los 38,9 millones de empadronados en España en 2022, de entre 18 y 90 años (franja de edad que abarca la encuesta), se corresponde con unas 440.000 personas. Más en concreto, de ese 1,13%, el 0,6%, unas 233.000 personas, afirma haber sufrido abusos de un sacerdote o religioso, y el resto, de laicos. Para la encuesta se ha entrevistado a más de 8.000 personas.

El estudio demoscópico es uno de los pilares de la investigación que Gabilondo ha presentado la mañana de este viernes en la Cámara baja, 18 meses después de que el Congreso se la encargara. El Defensor ha presentado su informe como un intento de arrojar luz sobre este problema oculto y ha criticado “el silencio de quienes pudieron hacer más para evitar” la pederastia.

Estas abrumadoras cifras, que superan las 330.000 víctimas que calculó Francia en 2021, suponen un vuelco histórico tras décadas de silenciamiento de los abusos y, desde que estalló el escándalo en otros países a partir de 2002, años de negación y encubrimiento de la Iglesia española. Hasta hace dos años afirmaba que conocía “cero o muy pocas” denuncias, en palabras del entonces portavoz de los obispos, Luis Argüello, en 2021. Ha sido el impacto de la investigación que emprendió EL PAÍS en 2018, que ha hecho aflorar las voces de cientos de víctimas, lo que finalmente forzó al Congreso en 2022 a querer saber la verdad de lo ocurrido. Hoy se ha dado el primer paso. Este diario ha colaborado en el trabajo de la comisión del Defensor, con todos sus datos disponibles, y Gabilondo ha resaltado este viernes que ha sido una de las fuentes de información del estudio. La otra, la propia Iglesia, por primera vez ha accedido a revelar datos propios, aunque incompletos y descoordinados: diócesis y órdenes admiten 1.104 casos, con 974 agresores y 1.385 víctimas (902 de órdenes y 483 de diócesis), unas cifras nuevas que son las más altas conocidas hasta ahora. Su primera admisión de cifras fue en abril de 2021 y solo ascendían a 220 casos.

El 1,13% de las personas que han sufrido abusos en el ámbito religioso católico, según la encuesta realizada por la firma GAD3 para el Defensor, se divide en dos: un 0,6% fue a manos de sacerdotes o religiosos, y el resto, de laicos que trabajaban en sus instituciones. El estudio indica que ese 0,6% es “una cifra similar a la encontrada en estudios realizados en otros países”. En todo caso, es un dato enmarcado en unas cifras globales de abusos aún más graves: el sondeo revela que un 11,7% de las personas entrevistadas ha sido víctima de abuso sexual en la infancia o en la adolescencia, principalmente en el ámbito familiar. En total, la prevalencia es mayor en mujeres, un 17%, que en hombres, un 6%. En el ámbito religioso, ese dato se invierte, son los hombres quienes han sufrido más abusos: representan el 53,8% de las personas abusadas en el ámbito religioso, y el 64,6% de las que fueron agredidas sexualmente por un sacerdote o religioso.

El exhaustivo estudio tiene 779 páginas y se ha titulado Informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos. Una respuesta necesaria. Es un trabajo muy meticuloso y durísimo con la Iglesia católica, a la que reprocha la falta de colaboración en la investigación, sobre todo de algunas diócesis, no tanto de las órdenes religiosas. “La respuesta de la Iglesia católica, al menos a nivel oficial, ha estado caracterizada durante mucho tiempo por la negación o la minimización del problema”, señala el informe. La propia respuesta de la Conferencia Episcopal Española (CEE) a la petición de información de la comisión de investigación “refleja todavía una actitud caracterizada por las cautelas y reticencias”. “Por encima de una declarada voluntad de colaboración, los datos han sido presentados de una forma que tiende a minimizar el fenómeno y a relegarlo a un aspecto marginal en el seno de la institución, enfatizando la dimensión social del problema y rehuyendo abordar los factores internos que pueden favorecer las dinámicas de abuso y de encubrimiento”, afirma.

El documento alega que el “argumento defensivo de que la investigación debería extenderse a los abusos sexuales en otros ámbitos olvida o minimiza la relevancia social de la Iglesia y su poder en España, durante gran parte del siglo XX. Además, no transmite la impresión de que la Iglesia esté especialmente interesada en el conocimiento de los delitos”. En esta línea, constata que “se han detectado en algunos episcopados ciertas actitudes que indican una reticencia al reconocimiento y a la investigación de los casos de abusos”. Como ejemplo, cita la falta de atención a algunas denuncias cuando no se ha encontrado información en los archivos, “presumiendo de alguna manera que las personas denunciantes, a menudo adultos de más de 60 años, tienen un interés espurio, en vez de mostrar voluntad de investigar los casos”. En cuanto a los archivos diocesanos, la información “ha resultado ser excepcional y casi inexistente”, aunque muchas diócesis solo los han consultado, no los han revisado por completo.

Uno de los puntos más relevantes del trabajo es que tampoco ahorra críticas a las instituciones, que “durante mucho tiempo han permanecido inactivas ante la realidad de los abusos sexuales y no han realizado los esfuerzos necesarios para proteger a los menores” en los centros educativos. Por ello, considera que el Estado, como supervisor, también tiene una responsabilidad en lo ocurrido y propone “la creación de un órgano especial de carácter temporal que tenga como finalidad la reparación de las víctimas (...) en aquellos casos en los que, por la prescripción del delito u otras causas, no se haya podido seguir un proceso penal”. Para ello, recomienda “la creación de un fondo estatal para el pago de las compensaciones”, en colaboración con la Iglesia.

“Los poderes públicos tienen la responsabilidad de garantizar que las víctimas de estos delitos puedan ver satisfecho el derecho a la justicia que reclaman”, mediante algún tipo de declaración pública en la que, “a partir de un principio de prueba presentado ante un órgano especial integrado por personas expertas e independientes, se haga constar que un hecho ha tenido lugar, se exprese su carácter injusto y se reconozca como víctimas a quienes han sufrido sus consecuencias, además de acordarse una reparación”. Entre las recomendaciones, el informe no incluye que se aplique una de las principales reclamaciones de las asociaciones de víctimas, la imprescriptibilidad de estos delitos. El estudio señala que no tendría efecto retroactivo y se centra en propuestas de reparación y reconocimiento del daño. También propone celebrar un acto público de reconocimiento a las víctimas.

Como trasfondo del problema, el informe señala que “hay evidencia de que el clericalismo, fuertemente arraigado en el seno de la Iglesia católica, la sacralización de la figura del sacerdote como representante de Dios en la Tierra, la soledad de muchos clérigos y la asunción problemática de la sexualidad son factores que han podido propiciar” los abusos. Como factor de “riesgo específico”, indica que la investigación académica apunta “al celibato obligatorio, la práctica de la administración de la penitencia y cierta visión de la sexualidad”. “Durante mucho tiempo, la Iglesia católica ha percibido los abusos sexuales más como un pecado del abusador que como un daño causado a la persona abusada. Esta concepción ha sido superada, aunque solo recientemente”, señala el estudio.

8.013 entrevistas

La encuesta que está recogida en el informe se basa en 8.013 entrevistas, de las que 4.802 se realizaron por teléfono y 3.211 online. Se hicieron un total de 113.126 llamadas, en las que se llegó a contactar con 23.991 personas. Entre los encuestados que refirieron abusos, la mayor parte dijeron que ocurrieron en el ámbito familiar (34,1%), como siempre han señalado todos los estudios. Sigue la vía pública (17,7%), ámbito educativo no religioso (9,6%), ámbito social no familiar (9,5%), laboral (7,5%), internet (7,3%), ámbito educativo religioso (5,9%), ámbito religioso (4,6%), ocio (4%), deportivo (3%) y sanitario (2,6%). Es decir, reflexiona el estudio, sumando los porcentajes, “ello lleva a señalar que prácticamente un 6,6% de los abusos sexuales han ocurrido en establecimientos de carácter religioso”.

Un 6,1% de las personas abusadas sexualmente respondió que el abusador fue un sacerdote o religioso católico. Y además, un 29,3% de las víctimas indicaron que conocían, de forma directa, otras personas que habían sido abusadas por la misma persona. Más de la mitad de las víctimas en el ámbito religioso (51,9%) manifestaron tener conocimiento de otros casos de abusos cometidos por la misma persona.

El informe explica que la comisión encargada de la investigación encomendó la encuesta porque “sin este dato es imposible poder expresar una voz, con una base empírica sólida, en el debate sobre el alcance del problema en España y sobre si la prevalencia es o no comparable a la que se ha detectado en otros países europeos”. El cuestionario consistió en 34 preguntas cerradas, 10 de ellas dirigidas a todas las personas encuestadas y el 24 restante solo a quienes indicaron experiencias de abuso sexual cuando eran menores.

El trabajo analiza el problema con la abundante información recabada por una unidad de escucha a las víctimas, que se entrevistó con 487 personas que se dirigieron al Defensor para aportar su testimonio. La mayoría, 334, fueron atendidas en persona. Este trabajo ha servido para conocer en profundidad la cuestión, pero el objetivo no era cuantificar víctimas una por una, tarea que se antojaba imposible. En todo caso, la comisión sí ha recopilado los números existentes a través de dos vías: los casos recogidos por la propia Iglesia católica, de diócesis, órdenes y la Conferencia Episcopal, “no siempre coincidentes entre ellos”; y la investigación de EL PAÍS, que en su base de datos abierta recoge en este momento 1.036 acusados y 2.206 víctimas. El informe no deja de señalar que estos datos “no representan más que una pequeña parte de una realidad mucho más extendida”.

Parte del interés, y el éxito, del trabajo estribaba en la colaboración de la Iglesia española, que hasta ahora siempre se ha negado a revelar lo que sabe sobre los abusos y los casos que conoce del pasado. Pero esa respuesta sigue pendiente, pues la información facilitada ha sido muy parcial. El Defensor ha usado tres vías para pedir datos: los de las 70 diócesis españolas, las 410 órdenes religiosas y los números globales de la CEE. Este organismo ha respondido con datos ya conocidos: las oficinas de atención creadas en 2019 recibieron hasta el 31 de diciembre de 2022 un total de 728 agresores y 927 víctimas. Las diócesis han admitido 318 casos. Las órdenes, 786. En total, 1.104 casos, donde el número de agresores es de 974 y las víctimas, 1385. Estos números no coinciden con los de la CEE y tampoco hay manera de saber si hay casos duplicados o son distintos. Otro problema es que las respuestas de la Iglesia solo han aportado datos anónimos, que imposibilitan cruzarlos con los obtenidos a través de EL PAÍS y los testimonios recogidos por el Defensor y obtener una cifra única.

Pero además, destaca el informe, estos datos son muy incompletos. El documento es crítico con obispos que en algunos casos ni siquiera han contestado a los requerimientos de la comisión del Defensor del Pueblo: “Hay obispos que parecen haber decidido evitar el tema, que quieren pasar página, más preocupados por las consecuencias para la institución que por las que los abusos han tenido para las víctimas, lo cual les lleva a reconocer un mínimo de casos o ninguno, incluso pese a la existencia de indicios”. Ha sido “muy alto” el número de diócesis que manifestaron no haber recibido ninguna denuncia o comunicación de abusos, 20 de un total de 70, con el añadido de la de Vic, que nunca respondió. El documento destaca a tres diócesis que dieron una información completa desde el primer momento: Girona, Santiago de Compostela y Tarragona.

En las contestaciones, por otro lado, “no se deduce un criterio claro y compartido sobre los casos de abusos sexuales”. En cuanto al encubrimiento, las diócesis no han hecho comentarios, “ni siquiera de los que han sido señalados expresamente de una forma pública por parte de víctimas o de testimonios indirectos”. Tan solo un obispado ha señalado a un posible encubridor.

Pocas diócesis afirman haber pagado indemnizaciones. Sí las han reconocido, la mayoría en juicios civiles, las de Mallorca (30.000 euros), Tui-Vigo (44.000), Cartagena (47.000, 100.000 y 25.000) y Vitoria (5.000). El informe destaca la falta de datos en este apartado, “sobre todo si se compara con la información que proporcionaron las víctimas” que acudieron al Defensor, “que relataron muchos más casos de indemnizaciones por parte de las órdenes en comparación con las que han pagado las diócesis”.