Perú niega el aborto a una niña violada por su padrastro

A mediados de junio, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU emitió una sentencia histórica: determinó que el Estado peruano violó los derechos a la salud y a la vida de una niña indígena de 13 años, denominada Camila, víctima de violación e incesto al no proporcionarle información ni acceso al ...

A mediados de junio, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU emitió una sentencia histórica: determinó que el Estado peruano violó los derechos a la salud y a la vida de una niña indígena de 13 años, denominada Camila, víctima de violación e incesto al no proporcionarle información ni acceso al aborto legal y seguro. En la resolución insta al Estado a despenalizar el aborto en todos los supuestos de embarazo infantil, así como modificar la normativa reguladora del acceso al aborto terapéutico, enfatizando su aplicación específica en las niñas por el enorme riesgo que supone y, además, le pide establecer un mecanismo intersectorial que destierre a toda costa la retraumatización de la víctima. Dos meses después, un caso muy similar demuestra que el Gobierno y las autoridades competentes no tomaron nota de sus deberes, afectando a otra pequeña.

La niña en cuestión tiene once años y es llamada Mila no solo para proteger su identidad, sino para dejar en claro que los perjuicios se repitieron con ella y tal y como sucedió con Camila. Mila es de una zona humilde de Iquitos, la capital de la región selvática de Loreto. Desde los seis años fue abusada sistemáticamente por su padrastro y hace un mes se enteró que tenía trece semanas de gestación. El Poder Judicial declaró infundado el pedido de prisión preventiva y dejó en libertad al agresor. En cuanto a Mila, la Unidad de Protección Especial (UPE) de Loreto tomó la determinación de enviarla a uno de sus albergues para supuestamente protegerla de su familia. No solo a ella sino a sus tres hermanos, el último de cuatro meses de nacido. La madre, que tampoco desea brindar su identidad, ha contado que también era víctima de su pareja a tal punto que la había amenazado de muerte y que por ese contexto no había podido ayudar a su hija.

“Yo tenía miedo, porque me tenía amenazada, me cerraba la puerta. Cuando yo quería salir, él me decía: ‘si tú avisas a los vecinos te voy a matar y me voy a largar’. Cuando yo hablo de él tengo miedo. Tengo pesadillas”, le contó la madre al portal de investigación, Epicentro TV. Ella asegura que solicitó que se le practicara un aborto terapéutico a Mila, pero que la Unidad de Protección Especial no activó el protocolo y, por tanto, no les brindó la información necesaria.

Fue recién cuando el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) asumió la defensa legal de la mamá, la UPE derivó a Mila al Hospital Regional de Loreto con la intención de que una Junta de médicos resolviera que la pequeña que ni siquiera ha terminado la primaria pudiese acceder al aborto terapéutico. El 3 de agosto los médicos determinaron que Mila debía continuar el embarazo. Sus argumentos: que la propia niña de once años les había dicho que quería tener al bebé y que los casos de violación no están incluidos dentro del protocolo del aborto terapéutico. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el riesgo de muerte de una menor de quince años por causas relacionadas al embarazo se triplica con relación a quienes superan los veinte años.

Promsex ha logrado que el caso se reconsidere: el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ya ha confirmado que una nueva Junta médica analizará el caso de Mila para determinar si se le permite o no interrumpir su gestación. “Quiero que se lo saquen de su vientre. A mi hija sí la quiero ver, pero a ese bebe no porque le ha hecho un daño a mi hija”, ha dicho la madre.

La Misión en el Perú de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), UNFPA, ONU Mujeres y otros entes emitieron un comunicado conjunto para expresar su profunda preocupación por el caso y hacerle un pedido al Estado peruano y a las autoridades competentes: “instamos a reconsiderar la decisión de negarle el acceso al aborto terapéutico y garantizarle a Mila, y a todas las niñas y adolescentes embarazadas víctimas de violencia sexual este derecho —con procedimientos seguros y pertinentes a su edad— y dentro de las 22 semanas de gestación que establece el protocolo de este procedimiento médico (…) Recordamos que la maternidad forzada derivada de una violación sexual no es voluntaria, y atenta contra la salud integral”.

De acuerdo a los Centros de Emergencia Mujer, en lo que va del año en el Perú se han atendido 4.031 casos de violencia sexual a menores de edad. En todo el 2020 se registraron 4.238 casos. Según el diario El Comercio, cada año 1.100 menores de quince años se convierten en madres en el país. El horror que han vivido Mila y Camila no es una excepción lamentablemente, sino un drama incesante.

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