La ‘guerra de las sombrillas’: multas de 750 euros por reservar sitio en la playa y tumbonas de pago en expansión

Son las 10 de la mañana y Pedro, jubilado cordobés, ha plantado dos sombrillas y tres sillas en primera línea de la playa de Ferrara, en Torrox, en Málaga. El mar está movido y algunas olas rozan su pequeño campamento. Paciente, se moja los pies mientras espera a que sus hijos y nietos lleguen algo más tarde. Sabe que no puede abandonar ese espacio demasiado rato porque una ordenanza municipal multa con hasta 300 euros a quienes dejen sus enseres varias horas con el único objetivo de guardar sitio en la orilla. “Esto no se puede reservar...

Son las 10 de la mañana y Pedro, jubilado cordobés, ha plantado dos sombrillas y tres sillas en primera línea de la playa de Ferrara, en Torrox, en Málaga. El mar está movido y algunas olas rozan su pequeño campamento. Paciente, se moja los pies mientras espera a que sus hijos y nietos lleguen algo más tarde. Sabe que no puede abandonar ese espacio demasiado rato porque una ordenanza municipal multa con hasta 300 euros a quienes dejen sus enseres varias horas con el único objetivo de guardar sitio en la orilla. “Esto no se puede reservar, es de todos. Me parece estupendo que se persiga”, dice el hombre, que compró hace años un apartamento en esta localidad de la Axarquía y que ahora disfruta toda su familia. Esta playa urbana es amplia, pero entre los numerosos negocios de hamacas —que despliegan centenares sobre la arena a cinco euros el día—, y la llegada de miles de turistas que multiplican la población en verano, la primera línea es un bien preciado. “Quien quiera el mejor sitio, que madrugue”, apunta Soledad García, también jubilada, que lleva de cháchara con sus amigas desde primera hora, antes de que el sol apriete.

“Aplicamos la ordenanza a rajatabla porque no puede ser que haya quien llegue a las siete de la mañana, clave su sombrilla y no vuelva hasta las doce del mediodía, con su sitio reservado, como un marqués. Perseguimos al insolidario”, explica el alcalde de Torrox, Óscar Medina (PP), que impulsó la medida en 2015. El jefe de policía del municipio, José Manuel Ruiz, recuerda que entonces se llevaban camiones cargados de sillas y sombrillas. Hoy apenas hace falta una camioneta y solo en días señalados o fines de semana, porque vecinos y visitantes habituales ya saben que no pueden reservar en primera línea. “No perseguimos sombrillas. Cuando vigilamos, nos aseguramos de que los enseres lleven ahí varias horas sin que nadie aparezca. Pasamos una vez, volvemos luego, consultamos con los bañistas de alrededor. Solo entonces procedemos. Y si se deja todo en quinta línea, ahí no actuamos porque son playas anchas y no molesta a nadie”, afirma el responsable policial.

Cuando se llevan toallas, sillas o sombrillas no hay manera de identificar a sus propietarios, así que la multa no es directa. Solo cuando sus propietarios llegan al ayuntamiento para protestar —muchos de malas maneras— es cuando se les notifica la multa. “Esto es como la grúa: para retirar tus cosas tienes que pagar, y encima te llevas la sanción. Por eso casi nadie lo hace”, apunta el regidor torroxeño. Tras un tiempo prudencial, los objetos retirados de la arena acaban en el punto limpio de la localidad. La medida también se aplica en el municipio vecino de Algarrobo, según confirma la alcaldesa, Natacha Rivas.

En la costa valenciana, en Calpe, Alicante, desde hace cinco años nadie puede reservar un espacio en primera línea de playa con una tumbona o una sombrilla antes de las 9.30 de la mañana. Tampoco se pueden abandonar durante más de tres horas para que nadie pueda ocupar ese sitio. “Ante la evidencia de instalación de estos elementos sin la presencia de un responsable o titular”, señala la ordenanza municipal, la Policía Local o el personal de limpieza los retirará y los trasladará al depósito municipal, de donde nadie los suele recoger. “Cuando alguien comprueba que sus cosas han desaparecido, les sale más barato comprar unas nuevas antes que pagar la multa”, señalan fuentes del consistorio calpino. La sanción establecida por el decreto local es de 750 euros y pretende dar respuesta a “numerosas quejas” de quienes encuentran las playas ocupadas y del servicio de limpieza. “Más de una vez ha tenido que bajarse el operario del tractor que allana la arena para retirar una sombrilla” que había sido colocada de buena mañana.

La operación se repite en diferentes localidades turísticas de la Costa Blanca. En la más famosa de todas, la alicantina Benidorm, un reportaje del diario sensacionalista británico Daily Mail, acusaba este julio a los bañistas locales de acaparar espacios en la playa de madrugada, desde las 5.30 de la mañana, en detrimento del turista británico. “Nadie reserva espacio en las playas”, aseguran fuentes municipales, que niegan la existencia de una “guerra de sombrillas”. Hasta los bañistas más madrugadores se quedan disfrutando del mar durante horas, afirman. La sanción por la reserva de espacio es la misma que en Calpe, 750 euros, pero la Policía Local retira “los elementos instalados irregularmente” solo cuando “son causa de conflicto entre distintos usuarios”.

A los municipios alicantinos se suma Cullera, en Valencia, cuyas sanciones por reservar hueco en la arena también son de 750 euros, aunque nunca se han aplicado. Las continuas quejas de los turistas durante años condujeron a la implantación de una ordenanza en 2020 en virtud de la que el año pasado se retiraron 150 elementos playeros en apenas mes y medio, pero no hubo multas. Desde el Ayuntamiento se apela a la conciencia cívica y confían en la eficacia de una campaña informativa a los bañistas realizada el año pasado.

Ocupación privada de las playas

En otros lugares de la comarca de la Axarquía, como Vélez-Málaga, cuya población se cuadriplica en temporada estival, no se sanciona la reserva de espacio para la sombrilla. Tampoco en Marbella o Estepona, donde las quejas apuntan más hacia la gran cantidad de espacio que ocupan los chiringuitos, sus terrazas y la zona para hamacas o camas balinesas, su versión más sofisticada. “Hay sitios donde no cabe ni la toalla y las playas son, en la práctica, privadas”, cuentan fuentes ecologistas.

Otras fuentes explican que en algunos puntos del litoral marbellí “se supera el 40 % de ocupación privada de la playa”. La asociación Ecologistas Malaka inició en verano de 2021, junto a Ecologistas en Acción, una campaña de denuncias contra chiringuitos que “urbanizan” el litoral con infraestructuras fijas y exceden la ocupación prevista con grandes terrazas ante la falta de vigilancia de los ayuntamientos.

En la costa de Cataluña, este año más del 35 % de las solicitudes de uso de las playas corresponden a servicios tipo chiringuitos o alquiler de sombrillas y embarcaciones. “No se está yendo hacia un modelo de privatización, es imposible porque la Ley de Costas de 1988 lo prohíbe. Simplemente, se ofrecen servicios públicos de calidad concesionados que ocupan temporalmente una parte de las playas”, asegura el Jefe de Servicio del Litoral de la Generalitat, Juantxu Barroso. “Puede ser que haya quien tenga la percepción de que se privatizan las playas, pero la realidad no es esa”, asegura. Las playas urbanas pueden tener una ocupación del espacio del 50 % y las naturales del 10 %, “pero nunca se llega a máximos”, asegura Barroso.

Objeto de duras críticas por la presencia de sombrillas y tumbonas de pago es Begur, una de las joyas del corazón de la Costa Brava. Su alcaldesa, Maite Selva, defiende “un modelo de calidad, limpio y ordenado”. De las ocho playas del municipio, la mayoría pequeñas calas entre acantilados, cinco tienen sombrillas de pago. Los principales indignados son vecinos que consideran “una vergüenza tener que pagar” para ir a “sus playas”, ya que visualmente les da la impresión de que las tumbonas privadas ocupan mucho espacio.

También hay quejas en las redes sociales por lo que se considera como una privatización de las playas. Las que más críticas reciben son las de Aiguablava, pese a que mide 2.580 m² y la superficie ocupada es de 240 m², con 20 sombrillas y el doble de tumbonas a 25 euros por medio día, y la Sa Tuna, donde este año hay seis sombrillas y una docena de tumbonas. Selva, que defiende “un modelo público que deja el 80 % de la playa libre cuyo objetivo es dar un servicio de calidad”, lamenta que siempre suenen más las críticas que las felicitaciones y avanza que “cuando acaben las concesiones, algunas el verano que viene, se valorará cómo ha ido y se decidirá si se mantienen”.

El modelo italiano: gestión privada y 30 euros al día por alquilar tumbona

La panorámica de las playas mediterráneas en Italia en verano es la de kilómetros de arena regados con miles de tumbonas y sombrillas divididas por secciones y colores, gestionadas por diferentes propietarios. La mayoría de las playas están privatizadas, informa Lorena Pacho. El acceso a la playa suele consistir en un sendero entarimado que a menudo conecta con un bar, un restaurante o una heladería. Las condiciones varían dependiendo de los establecimientos y las regiones, pero en general no se paga una entrada como tal, pero sí el alquiler de la tumbona y la sombrilla. El precio medio es de 30 euros por día, que suele aumentar en los fines de semana o en temporada alta y puede llegar a los 100 euros.

Por ley, el acceso al mar y el tránsito por estas playas está permitido y es gratuito para todos, pero en estos lugares no se puede colocar la toalla, tumbona o sombrilla propia ni hacer castillos de arena o similares. En algunos lugares naturales protegidos, la mayoría en la isla de Cerdeña, se ha establecido un acceso de pago que varía de uno a seis euros para las personas y ronda los 10 euros para los vehículos y un número limitado de visitantes por día.

La normativa italiana, en consonancia con las leyes comunitarias, establece que “debe haber un equilibrio” entre las playas privadas y las públicas, por lo que en teoría cada cierta distancia debería haber una porción de arena en la que asentarse sin pagar. Pero en la práctica estos espacios son cada vez más reducidos, y se crea, además, un contraste llamativo en la imagen de las playas. Los gestores de las privadas se ocupan de limpiar la arena cada día y del mantenimiento, mientras que en las públicas la limpieza compete al ayuntamiento correspondiente, que habitualmente no realiza con la misma periodicidad o trata de descargar funciones en los establecimientos privados que limitan con el espacio público. Es común contemplar playas privadas impolutas, mientras las pequeñas públicas permanecen sucias y desatendidas.