El arzobispado de Barcelona, sobre el cura depredador de menores: “Es una vergüenza que no se investigara”

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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“Es una vergüenza que no se investigara”, adm...

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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“Es una vergüenza que no se investigara”, admite el vicario judicial del arzobispado de Barcelona, Santiago Bueno, sobre el caso de Josep Vendrell Cortasa, el sacerdote acusado de pederastia en esta provincia por una veintena de personas y que, pese a haber sido acusado ante la diócesis en 1975 por un párroco y una familia, simplemente fue trasladado y siguió activo 30 años más. “No puedo explicar por qué no se actuó, todo lo que sabemos es de la documentación que hemos encontrado y de la que hemos informado”, asegura en conversación telefónica. En la mañana del jueves lo ha dicho públicamente, en Catalunya Ràdio, en un gesto poco frecuente en las diócesis españolas. Pero la de Barcelona es la del presidente de la Conferencia Episcopal (CEE), Juan José Omella, y el escándalo le obliga a dar ejemplo. Bueno admite que siguen investigando y aún pueden encontrar más información sobre este cura, fallecido en 2004. El caso, destapado por EL PAÍS el pasado sábado tras varios meses de investigación, refleja muy bien todo lo que la Iglesia española ha hecho mal hasta ahora en la gestión de los casos de pederastia en el clero.

El primer movimiento para ocultar la verdad sucede cuando el arzobispado conoce el problema. Según los testimonios recogidos por este diario, fue ya en 1970, en la parroquia de Santo Tomás de Aquino, en Barcelona, donde al menos dos familias denunciaron los abusos de Vendrell, una en comisaría y otra, en la archidiócesis. No obstante, Bueno asegura que no consta nada en sus archivos. Entonces fue trasladado al municipio de Caldes d’Estrac, a 40 kilómetros de Barcelona. Es aquí donde cinco años después, en 1975, estalla de nuevo el escándalo y de eso ya hay rastro documental. Entonces la pregunta es quién le encubre y le traslada, porque fue enviado de la noche a la mañana a Montcada i Reixac, cerca de la capital catalana. “El responsable que firma el traslado es el obispo”, explica el vicario. En ese momento, y hasta 1990, era el cardenal Narcís Jubany. Santiago Bueno apunta que no tiene la certeza de que tuviera toda la información. Su sucesor, en todo caso, Ricard Maria Carles, también encubrió y ayudó a huir al extranjero al sacerdote Jordi Senabre, antes de que pudiera ser juzgado por abusos en 1990, tal y como desveló este diario en 2018.

La siguiente pregunta es qué hace un obispo que conoce un caso oculto de pederastia cuando se va y llega el siguiente. ¿Le pasa la información de los secretos y los asuntos comprometidos? “No funciona así. Una diócesis grande genera muchísima documentación, no se le puede entregar todo, quizá se puede comentar verbalmente algo. No estoy nada seguro de que en este caso se informara. No lo podemos saber. Pero sí, entonces es como si el caso quedara enterrado, hicieron muy mal”. Sea por complicidad en el encubrimiento, ignorancia u omisión, lo cierto es que cuando llega el siguiente obispo, borrón y cuenta nueva. No sabe nada, y puede decir que no sabe nada, hasta hoy: “Nosotros no sabíamos nada, no hemos escondido nada. Los que intervinieron entonces están muertos”, señala Bueno. En el relevo episcopal cesan todos los cargos, menos el vicario judicial, que es el enlace entre una etapa y otra, pero si no llega a conocer el caso no puede reportarlo.

Casualidad o no, Jubany deja el cargo en 1990 y en enero de 1991 Vendrell cambia de destino. Va a la parroquia de Sant Domènec de Guzmán, en el barrio de Sant Antoni de Barcelona. En 1999, es trasladado de nuevo a la de Sant Ignasi. No consta en los archivos que se tuviera con él ninguna cautela especial o que se le impidiera el contacto con niños: “En su expediente no figura ninguna medida de prevención. En los años siguientes no pasó nada, que sepamos, no hay denuncias. He preguntado a personas de esa época y casi nadie le recuerda”. Las víctimas que han aparecido hasta ahora son de la parroquia de Santo Tomás de Aquino, en Barcelona, y de Caldes d’Estrac, entre 1965 y 1975. Antes de ser sacerdote, Vendrell fue entrenador en el club de natación Montjuic entre 1954 y 1957. Esta entidad no responde a EL PAÍS sobre si tuvo noticia de algún abuso en aquella etapa.

Han pasado casi 50 años desde la primera denuncia desoída en Caldes, y el caso solo vuelve a resurgir porque una víctima se pone en contacto con EL PAÍS en el verano de 2022. Este diario lo incluyó en su tercer informe de casos de pederastia en la Iglesia, el pasado mes de diciembre, entregado a la CEE. El periódico decidió en 2021 adoptar esta forma de trabajo ante el enorme volumen de víctimas que escribían a su correo electrónico de denuncia, que suma ya más de mil mensajes. Ante la imposibilidad de publicarlos todos, al menos se comunicaban a la Iglesia aquellos verificados y que eran verosímiles, para que tuviera constancia de ellos y los pudiera investigar. El primer informe se entregó al Papa y a la CEE en diciembre de 2021. El segundo, en junio de 2022. El tercero, en diciembre de 2022. En total, 500 casos. Este diario no facilitó la identidad de las víctimas, pero se comprometía a hacerlo si estas daban su permiso. En cada ocasión, envió un correo electrónico a todas indicando la dirección a la que podían escribir para colaborar.

Más de un año después, diócesis y órdenes siguen sin informar de lo que han averiguado de estos casos. Por ejemplo, en noviembre, la diócesis de Alicante y los maristas se negaron a aclarar el encubrimiento de un cura acusado en Elche y sus destinos durante 35 años. Ante la pregunta de si informaría al Defensor del Pueblo si se lo exigía, la diócesis respondió que lo estudiaría si eso llegaba a producirse. La institución que dirige Ángel Gabilondo ha adelantado que pedirá documentación a órdenes y diócesis, aunque no están obligados a proporcionársela.

El de Josep Vendrell fue uno de los casos incluidos en el último informe y la archidiócesis de Barcelona admite que lo conoció en enero de 2023. El pasado 20 de febrero, EL PAÍS informó al arzobispado de que iba a publicar el caso, tras recabar nuevos testimonios, y solicitó información sobre la investigación abierta. Pero la respuesta fue que no había ninguna investigación, y tampoco se dio ninguna información. En una nota, la archidiócesis explicó que no investigaba “delaciones anónimas”, y que “EL PAÍS no puede constituirse en autoridad judicial o policía, como si se tratara de una comisaría que recibe denuncias”. Concluía que solo investigaría si las víctimas acudían a denunciar al arzobispado, aunque en este caso no deseaban hacerlo, por desconfianza en la institución. En realidad, esta viene siendo la actitud de muchas diócesis, aunque va en contra de las órdenes del Papa, que obliga a abrir una investigación previa ante cualquier indicio de delito, incluidas las informaciones de los medios de comunicación. Sin embargo, la consigna dominante hasta ahora en la Iglesia española es que las víctimas que salen en prensa no existen y se ha desdeñado el trabajo de este diario, poniendo en duda su credibilidad.

Tras la publicación del artículo, el pasado sábado, la archidiócesis informó este miércoles de que había revisado los archivos y, en efecto, se confirmaban acusaciones de abuso contra Vendrell en 1975. La conclusión es que si el caso no hubiera aparecido en prensa no se habría investigado. Las víctimas han accedido ahora a contactar con la vicaría judicial tras constatar que comenzaba a informar del caso. Pero hay más, el arzobispado admite que lo ha conocido por EL PAÍS, y que hasta hace poco no ha comenzado a inspeccionar sus archivos históricos en busca de casos, una tarea que llevará mucho tiempo por los miles de documentos. Es decir, no estaba entre los casos que ha remitido al Defensor del Pueblo, a la Fiscalía y a la auditoría encargada por la CEE al despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo. Lo que le constaba oficialmente es solo lo que aparecía en un registro de denuncias, no en toda la información disponible en la diócesis. Y muchas otras ni siquiera están examinando sus archivos. Nadie lo hará en la mayoría de los casos, porque la auditoría del bufete tampoco está teniendo acceso a los archivos, y casos como el de Vendrell simplemente no saldrán a la luz. Un trabajo exhaustivo de revisión de archivos requeriría años, tal como ha sucedido en otros países, pero en España la auditoría de la Iglesia se ha dado un plazo de solo un año, aunque finalmente lo ampliará ocho meses más, hasta el próximo mes de octubre.