‘Ley trans’ y reforma del aborto: primera prueba para completar la agenda social del Gobierno

La ley trans y la reforma del aborto son dos de las normas estrella dentro del paquete social que tiene aún pendiente el Gobierno para esta legislatura, a la que queda previsiblemente poco más de un año. Ambas se han acelerado a través de la vía de urgencia, y ambas llegan este jueves al Congreso, junto con la de bienestar animal, para pasar la primera prueba. En el pleno se votarán las enmiendas a la totalidad de Partido Popular y Vox a ambos textos y los cambios propuestos por Ciudadanos al de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. La previsión es qu...

La ley trans y la reforma del aborto son dos de las normas estrella dentro del paquete social que tiene aún pendiente el Gobierno para esta legislatura, a la que queda previsiblemente poco más de un año. Ambas se han acelerado a través de la vía de urgencia, y ambas llegan este jueves al Congreso, junto con la de bienestar animal, para pasar la primera prueba. En el pleno se votarán las enmiendas a la totalidad de Partido Popular y Vox a ambos textos y los cambios propuestos por Ciudadanos al de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. La previsión es que ninguna de esas enmiendas salga adelante y el Congreso dé luz verde al proceso legislativo. Pero el cómo va a ser ese proceso será muy diferente para uno y otro caso.

La reforma de la ley del aborto se ha encontrado con las objeciones, previsibles, del bloque de la derecha y la ultraderecha, pero con ninguna importante dentro de los partidos de Gobierno ni con sus socios de coalición. La normativa devuelve la capacidad de decisión autónoma para abortar a las mujeres de 16 y 17 años y aquellas con alguna discapacidad, va encaminada a garantizar el acceso desde la sanidad pública, introduce como derecho la salud menstrual y la educación sexual integral obligatoria en todas las etapas educativas, y activa las incapacidades temporales por menstruaciones incapacitantes y por preparto.

El texto tendrá, presumiblemente, una tramitación tranquila. Justo lo contrario ocurrirá con la ley trans. Esta última tiene como punto caliente del debate la autodeterminación de género, es decir, que una persona pueda cambiar el nombre y el sexo en el DNI solo con su voluntad: sin necesidad de informes médicos ni años de hormonación, como hasta ahora. Y aunque esto no es lo único que ha provocado el seísmo —parlamentario, entre los socios de coalición, con los partidos minoritarios y en el movimiento feminista—, sí está relacionado, y en parte genera el resto de las tensiones.

Precisamente, estos días esas tensiones se han vuelto a ver avivadas a través de la salida a la luz de un documento anónimo, sin firma y sin ningún sello, fechado el 26 de agosto y dirigido a la Comisión Federal de Ética y Garantías del PSOE. El texto, que ni siquiera será estimado para su estudio debido a su condición de anónimo, pedía la apertura de un expediente sancionador para diversas socialistas por su posición pública, y contraria a la ley trans. Entre los nombres estaban el de la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo y el de la ex responsable de Igualdad Ángeles Álvarez.

La argumentación de Vox para la enmienda de devolución de esta norma se basa en que la ley supone “una batería de medidas de adoctrinamiento e ingeniería social que resultan incompatibles con la libertad de pensamiento y educación”. El partido ultra valida la disforia de género como un “trastorno psicológico” remitiéndose a directrices obsoletas de la OMS, que despatologizó la transexualidad en 2018. Entonces, la organización sacó a la transexualidad de su listado de enfermedades mentales, tras reconocer que aquello suponía discriminación y violencia hacia las personas trans.

Mientras, en la exposición de motivos del Partido Popular, muy cercana al argumentario de la parte del feminismo contraria al proyecto, se encuentra el no reconocimiento del derecho: “Las personas no tienen un derecho generalizado a declararse del sexo opuesto ni de un tercer sexo”. Esta postura remite como apoyo a los informes preceptivos, aunque no vinculantes, del Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial, los organismos por los que deben pasar los anteproyectos de ley. Ambos vieron lagunas de seguridad jurídica en la autodeterminación de género, y propusieron, entre otros cambios, incluir la “exigencia” de un informe médico o psicológico, como ocurre hasta ahora. Y, en consonancia con la parte del movimiento feminista contraria a la ley, el PP también alude en su texto a futuros problemas y riesgos educativos o en el deporte femenino o en la estadística, por ejemplo.

Estas cuestiones volvieron a asomar en el debate hace apenas unas semanas, con uno de esos picos de tensión que se levantan de forma intermitente desde que la norma se puso sobre la mesa. A principios de septiembre se decidió la tramitación de urgencia de la ley —el Gobierno la pidió y la Cámara baja la aceptó—, y ese acelerón ha provocado también el movimiento de quienes se posicionan en contra.

Por un lado, diferentes plataformas cercanas a socialistas veteranas, pidieron cambios profundos en su articulado y redacción y presentaron un paquete de enmiendas que entregaron a diputados y diputadas en el Congreso. Y el miércoles, el Movimiento Feminista de Madrid convocó una concentración frente al Congreso en contra del proyecto de ley y de su tramitación de urgencia.

Por otro lado, el PSOE volvió a revolverse tras las declaraciones de Carmen Calvo, exvicepresidenta del Gobierno y ahora presidenta de la Comisión de Igualdad, donde va a tramitarse la norma. Calvo se posicionó en contra de la ley trans, primero en unas jornadas sobre feminismo en Valencia durante el fin de semana y después en una entrevista en El Mundo. La Secretaría de Políticas LGTBI del PSOE y Víctor Gutiérrez, su secretario, respondieron de forma oficial a las palabras de la exvicepresidenta, lo que provocó un seísmo que acabó con un repliegue moderado de las declaraciones públicas y el cierre de las cuentas oficiales de Twitter tanto de esa secretaría y como de la de Igualdad.

Pero la cuestión clave, la autodeterminación de género, es algo ante lo que no parece que vaya a haber cambios ni consenso. Al menos de momento. Igualdad no tiene previsto mover su posición, tal y como la ministra de dicha cartera, Irene Montero, hizo público la semana pasada en un tuit. Un portavoz de esa área lo corroboró: “La ley trans será ley garantizando el derecho a la libre identidad de género porque hay una mayoría parlamentaria feminista que defiende los derechos de las personas trans y de la comunidad LGTBI. Valoraríamos positivamente que el debate parlamentario lleve a modificaciones que amplíen derechos para las personas trans y la comunidad LGTBI —como, por ejemplo, la inclusión de las personas no binarias o las personas asexuales—, pero nunca en el sentido de limitar derechos o retroceder respecto a lo pactado”.

Otro de los frentes abiertos en el seno del Gobierno es la Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales, que ha enervado a varios colectivos —cazadores, científicos, tiendas de animales— y que fue aprobada como anteproyecto en el Consejo de Ministros del 1 de agosto. En septiembre, el PSOE presentó por sorpresa una enmienda para excluir de la legislación a los perros de caza y pastoreo —con lo que pretende frenar la fuga del voto rural—, lo que ha molestado a los animalistas. Podemos cree que el PSOE se verá obligado a retirarla. Este jueves se votan las enmiendas a la totalidad de PP, Vox y PNV, que previsiblemente decaerán, pero la tramitación de las enmiendas es una incógnita.