“Hijo, los trapos sucios se lavan en casa”. Cómo los obispos han tapado los casos de pederastia en las últimas décadas

F. J. O. tardó 40 años en armarse de valor para coger un boli y escribir una carta al arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, para denunciar que el sacerdote Jesús Fernández, el hombre al que acusa de abusar de él en el seminario de Oviedo entre 1970 y 1972, seguía dando misa en la parroquia asturiana de Hevia, perteneciente a Pola de Siero. “Me enteré por internet de que estaba en esa parroquia. Mandé una carta al obispo contándole mi caso y alertando de lo peligroso que era que esta persona siguiera en contacto con niños. Me respondió que no tendría inconveniente en reunirse conmigo si viajaba a Ov...

F. J. O. tardó 40 años en armarse de valor para coger un boli y escribir una carta al arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, para denunciar que el sacerdote Jesús Fernández, el hombre al que acusa de abusar de él en el seminario de Oviedo entre 1970 y 1972, seguía dando misa en la parroquia asturiana de Hevia, perteneciente a Pola de Siero. “Me enteré por internet de que estaba en esa parroquia. Mandé una carta al obispo contándole mi caso y alertando de lo peligroso que era que esta persona siguiera en contacto con niños. Me respondió que no tendría inconveniente en reunirse conmigo si viajaba a Oviedo para tratar el tema”, relata. F. J. O., que afirma que nunca consiguió reunirse con Sanz. Una vez en Oviedo, después de haber acordado en una segunda misiva que se reunirían durante las Navidades de aquel 2012, se quedó plantado en las puertas del obispado. “Otra vez será”, escribió el obispo en una carta de disculpa que le hizo llegar días más tarde a la víctima. “Me ignoró completamente y no me recibió”, dice el afectado. Sanz no volvió a escribir a F. J. O., no apartó a Fernández de su puesto ni tampoco abrió una investigación canónica. Fernández, al que se le conocía en el seminario con el mote de Jomezana, murió dos años después.

No es la única acusación de encubrimiento que tiene el arzobispo ovetense. V. C. también escribió a Sanz en 2015 para comunicarle que el sacerdote en activo Eustasio Sánchez Fonseca, alias Tito, había abusado de ella a mediados de los ochenta. En el año 2002, su madre llamó para denunciarlo por teléfono al obispado, por entonces dirigido por el actual arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Carlos Osoro, pero no la atendieron. La víctima consiguió reunirse con Sanz y cuenta que, ante su relato, Sanz le dijo que era su palabra contra la del acusado. Sanz tampoco abrió entonces un proceso canónico contra Sánchez.

Las acusaciones de estas dos víctimas no son aisladas. El ocultamiento, el silenciamiento y el encubrimiento de los casos de pederastia por los obispos ha sido un fenómeno constante dentro de la Iglesia católica. También en España, donde al menos 39 obispos están acusados o son sospechosos de haber tapado casos de los que han tenido constancia, impidiendo con ello que los pederastas fuesen juzgados civil o canónicamente y que estos hechos se conocieran públicamente.

La mayoría de estas acusaciones ya han visto la luz en otros reportajes de este diario y en otros medios de comunicación. Otros, como el caso del F. J. O., es inédito y forma parte de los 451 que este diario ha entregado al Vaticano y a Conferencia Episcopal Española (CEE) en dos informes en 2021 y 2022 para que los investigase. A través de sentencias canónicas, documentos inéditos y denuncias de las víctimas, este periódico ha corroborado cómo muchos prelados siguieron diversas maniobras para tapar el asunto: mantener al supuesto abusador en su destino sin investigar los hechos, trasladarlo de parroquia ante las primeras quejas e incluso enviarlo a otro país y hacer caso omiso a las peticiones de ayuda de los afectados. En algunos casos, las víctimas acudieron al obispo mientras estaban sufriendo los abusos y en otras ocasiones años después, cuando el delito había prescrito, pero el acusado seguía vivo.

El caso más reciente es el de V. C., y el más antiguo data de 1952, donde un exreligioso señala al por entonces obispo de Guadix Rafael Álvarez Lara de encubrir al rector del seminario y canónico de la catedral, M. B. M., por abusar de varios niños seminaristas. Entre los acusados se encuentran prelados que ocuparon puestos importantes en la CEE, como los expresidentes Vicente Enrique y Tarancón —bajo sospecha por su gestión del caso de Cesáreo Gabaráin, el sacerdote compositor de célebre música litúrgica, que abusó de al menos a 17 niños— y Antonio María Rouco, señalado por tapar cuatro casos de abusos en la década de los años 2000. De todos los acusados, solo 14 siguen vivos.

Tanto la CEE como el Vaticano tienen conocimiento de dichas acusaciones, ya que están recogidas en los dos informes que este periódico entregó a ambas entidades. La Conferencia Episcopal afirmó el pasado junio que remitió estos casos a las diócesis correspondientes para que hiciesen las “investigaciones oportunas”. Además, el despacho Cremades & Calvo-Sotelo, al que la CEE ha encargado una auditoria sobre la pederastia, también ha recibido dicha información para que sean “valorada y contrastada”. El bufete ha subrayado en varias ocasiones que investigar el encubrimiento será uno de los objetivos de sus pesquisas. No obstante, se desconoce si se han abierto procesos canónicos contra los obispos que aún viven.

“El encubrimiento es algo a lo que los obispos tienen un miedo terrible porque ha sido el leitmotiv de toda la Iglesia española. ¿Cuál es el problema? En España todos los obispos saben quién ha encubierto y no hacen nada. Es la caja de pandora y no quieren entrar en ese tema”, cuenta un juez eclesiástico. Este especialista explica que el encubrimiento no aparece recogido como delito en el código canónico hasta 2019 con el motu proprio (norma papal) Vox Estis Lux Mundi, por lo que eclesiásticamente no se puede juzgar a los prelados que cometiesen esta falta antes de esa fecha. Pese a ello, a partir de 2001 los purpurados debían comunicar todos los casos al Vaticano de los que tuviesen constancia, y los responsables que están acusados no lo hicieron.

Por otro lado, añade el juez, el concepto de “encubrir” tiene sus matices. “El encubrimiento es llevar a cabo conductas dirigidas a interferir o eludir investigaciones civiles o canónicas contra un clérigo que, en este caso, ha cometido abusos: comprar a un juez, sobornar a la víctima, trasladar al agresor de destino o presionar a la víctima para que no lo cuente. Muchos han actuado así, pero otros simplemente ocultaron y no investigaron casos que ante la justicia civil estaban prescritos. No encubrieron como tal, pero fueron negligentes”, explica el canonista. Pero el juez, tajante, recuerda: “Aunque estén prescritos, estos sucesores de los apóstoles que llevan báculo [símbolo de que son pastores de todos sus feligreses] han incurrido en una conducta inmoral”.

Cuando F. J. O. entendió que el obispo no le recibiría, montó en su coche y se dirigió a la parroquia de Hevia para buscar a su agresor. Relata que lo encontró en la sacristía, preparando la celebración de Navidad. Allí le contó que era un antiguo seminarista al que agredió sexualmente. “Lo único que dijo fue: ‘Bueno, eso no es así’. Se estaba vistiendo para dar la misa y le dije: “¿Con esas manos con las que me tocó los testículos va a dar la comunión?”. Y me fui”, describe F. J. O.

Al salir, se subió al altar en el momento en el que su agresor salía para celebrar la eucaristía, y se dirigió a los feligreses: “Este señor que les va a dar la misa ahora, Don Jesús, abusó de mí en el seminario. Esto a mí me causó gravísimos problemas personales, psíquicos y sexuales, por lo que tuve que recibir tratamiento psicológico y psiquiátrico durante muchos años”.

El arzobispado de Oviedo informó en un comunicado el pasado junio, tras recibir las preguntas de este diario sobre su versión, que Sanz “no ha encubierto ningún caso de abusos contra menores, ha tomado todas las medidas necesarias para que, si hubiera una víctima de abusos, sea escuchada y atendida” en su tribunal eclesiástico y ante la Fiscalía.

F. J. O asegura que volvió a su casa, intentó una vez más alertar al obispado de su caso y escribió a un antiguo compañero de clase que por entonces era vicario general de la diócesis, Juan Antonio Menéndez, para preguntarle si él sabía dónde estaba destinado Fernández. Pero tampoco recibió respuesta. Un año después, Menéndez fue nombrado obispo auxiliar de Oviedo y en 2015 de Astorga. Allí, como prelado rebajó en 2017 la pena canónica al cura pederasta José Manuel Ramos Gordón —cura al que también habían encubierto los dos obispos anteriores—: de la expulsión del sacerdocio a un año de apartamiento por haber abusado en los años ochenta de al menos tres menores. Pero el acusado nunca la cumplió íntegramente. Menéndez negó una indemnización al denunciante y silenció a la opinión pública lo sucedido.

Cargos de poder en la Conferencia Episcopal

Pese a esta mala praxis, en octubre de 2018 la CEE nombró a Menéndez presidente de la comisión antipederastia. El hecho de que prelados acusados de encubrir o de tapar estos delitos hayan ocupado cargos de toma de decisiones dentro de la CEE —entre ellos también se encuentran dos exsecretarios generales y varios miembros de la Comisión Ejecutiva y la Comisión Permanente— guarda relación con la lenta reacción de la jerarquía española. “Que aquellos mismos que no quisieron hacer nada sean ahora los que van tomando decisiones [sobre cómo actuar] ha generado una respuesta negacionista del problema”, dice el mismo canonista.

De todos los acusados solo el cardenal Osoro ha admitido que obró mal cuando era arzobispo de Oviedo. En una entrevista con EL PAÍS el pasado marzo, el actual arzobispo de Madrid explicó que llevaba pocos meses en el puesto cuando recibió la llamada telefónica de la madre de la víctima y que el vicario general, Menéndez, le aseguró que esa denuncia ya había sido resuelta. “¿Eso justifica lo que hice? No. Hoy no hubiese actuado así”, contestó Osoro a este diario.

A esto se le suma la posición de poder que aún tiene la jerarquía eclesiástica española fuera de los muros de las iglesias. Hasta la fecha, ningún obispo se ha sentado en un banquillo para declarar sobre los casos de abusos que pudo conocer, a pesar de que algunos de ellos figuran en las denuncias y sentencias como conocedores del delito.

Un ejemplo fue el caso del sacerdote Rafael Sanz Nieto, condenado en 2006 a dos años de cárcel por abusar de un niño de 12 años entre 1998 y 2001 en una parroquia de Aluche (Madrid). La denuncia la interpuso un grupo de catequistas de la parroquia, después de acudir en varias ocasiones al arzobispado de Madrid, dirigido por entonces por el cardenal Rouco Varela. “Fuimos a alertar de lo que estaba pasando. El obispo auxiliar Eugenio Romero Pose quiso frenarnos para que no fuéramos a las autoridades. Me dijo una frase que nunca olvidaré: “Hijo, los trapos sucios se la lavan en casa”, explica Carlos Sánchez Mato, uno de los catequistas que años después sería concejal del Ayuntamiento de Madrid por Izquierda Unida.

Ante la pasividad, los denunciantes dicen que insistieron a Rouco para que hiciera algo, pero no ocurrió nada. “El vicario Julio Lozano me amenazó con que me iban quitar mi casa si íbamos a juicio”, cuenta Sánchez Mato. El catequista menciona que escribió a casi todos los obispos españoles pidiendo ayuda. Solo respondieron dos, entre ellos el de Segovia, Luis Gutiérrez Martín: “No hizo nada, pero fue el único que no nos condenó”. Los catequistas llevaron el caso ante la Fiscalía de Menores, donde relataron todo que habían vivido. Ningún juez que llevó el caso llamó a declarar a Romero Pose ni a Rouco. No obstante, en la sentencia, la Audiencia Provincial de Madrid condenó al arzobispado de Madrid a pagar una indemnización de 30.000 euros como responsable civil subsidiario.

“La parroquia se encargó de crucificarme”

En algunas diócesis las denuncias contra un mismo sacerdote se han tapado sistemáticamente por varios obispos. En Tenerife, por ejemplo, C.M.L., que acusa a los dos últimos prelados, Felipe Fernández y a su sucesor en 2005, Bernardo Álvarez, actualmente en el cargo, de haber encubierto al cura al que él denunció por abusos ante la diócesis en 2004.

Este sacerdote era C. H.G., entonces párroco de Tejina. “Los abusos comenzaron en 1997 cuando yo tenía entre nueve y 10 años. Duraron hasta 2003. Cuando nos confesaba se dedicaba a tocarnos, a mí incluso me dio un beso en la boca, y nos preguntaba por si nos masturbábamos, te acariciaba, a uno le metió la mano en el pantalón. Ninguno de los monaguillos quería ir a casa del cura. Al final, junto con cinco amigos se lo contamos a los catequistas, pero la gente de la parroquia se encargó de crucificarme a mí y a mi familia”.

En aquel momento la víctima tenía 16 años y su madre lo denunció a Fernández, que se limitó a sacarlo de su parroquia en marzo de 2004. El vicario general entonces era Bernardo Álvarez, que le sucedió un año después en el cargo y tampoco tomó medidas contra el sacerdote acusado.

El cura siguió ejerciendo de capellán durante varios años más en un centro de ancianos de la isla. En el Vaticano no consta que la diócesis informara a la Santa Sede, como obligaban las normas internas desde 2001, ni que se le abriera un proceso canónico. El obispado de Tenerife no ha querido responder a ninguna pregunta sobre este caso ni aclarar su actuación. Tan solo ha replicado con una frase: “La diócesis cumple con la legislación canónica y civil”.

Para el juez eclesiástico este tipo de respuestas refleja la mentalidad de superioridad que aún tiene una parte de la jerarquía eclesial. “Un buen número de obispos españoles parece que viven en otro mundo, en el que tienen que arreglar estas cosas entre ellos y no tienen por qué rendir cuentas ante las autoridades. Creen que están en 1976, cuando a los curas no se les podía juzgar en los tribunales civiles”, dice.

En 2014, siendo ya mayor de edad, C.M.L., decidió volver a denunciar su caso en el obispado. Entonces Bernardo Álvarez ya abrió un proceso canónico e informó a la Congregación para la Doctrina de la Fe, en Roma. El obispo también suspendió cautelarmente al sacerdote. Todo ello figura en la carta que le remitió a la víctima, a la que ha tenido acceso este periódico. El proceso comenzó en febrero, pero a finales del aquel año se interrumpió, porque el acusado pidió la dispensa para dejar de ser cura. Dejó los hábitos y cambió de vida. “Entonces pararon todo y ya no hicieron nada”, concluye.

Hasta que fue apartado por el obispado, C. H.G., que ahora tiene 74 años, fue párroco en la isla de La Palma de Todoque, La Laguna de Tajuya, Garafía y en Tenerife en las localidades de Valle de San Lorenzo, Tacoronte, Granadilla de Abona, Vilaflor y Tejina, y también vicearcipreste de Tegueste. Bernardo Álvarez fue un obispo que en 2007 recibió fuertes críticas por unas polémicas declaraciones sobre la pederastia en una entrevista a un diario local: “Puede haber menores que sí lo consientan y, de hecho, los hay. Hay adolescentes de 13 años que son menores y están perfectamente de acuerdo y, además, deseándolo. Incluso si te descuidas te provocan. Esto de la sexualidad es algo más complejo de lo que parece”.

Si conoce algún caso de abusos sexuales que no haya visto la luz, escríbanos con su denuncia a abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, escríbanos a abusosamerica@elpais.es.