Las víctimas del amianto protestan para que el nuevo fondo de compensación tenga los recursos necesarios

La Federación Estatal de Asociaciones Víctimas del Amianto, UGT y CC OO han protestado este miércoles frente al Congreso para exigir al PSOE la “reformulación” de sus enmiendas a la ley que regulará la compensación a los trabajadores y otros afectados por este mineral. Las enmiendas socialistas ubican el fondo de compensación a las víctimas en el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imse...

La Federación Estatal de Asociaciones Víctimas del Amianto, UGT y CC OO han protestado este miércoles frente al Congreso para exigir al PSOE la “reformulación” de sus enmiendas a la ley que regulará la compensación a los trabajadores y otros afectados por este mineral. Las enmiendas socialistas ubican el fondo de compensación a las víctimas en el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) y, según la federación, “comprometen” así su financiación, al negar el acceso a partidas económicas procedentes de la Seguridad Social. “Reparación y justicia para las víctimas del amianto. ¡Fondo de compensación ya!”, reza la pancarta bajo la que se manifiestan más de medio centenar de personas. Sobre ellos, ondean banderolas rojas y moradas, con las siglas de CC OO y UGT. De fondo, suena música rock proveniente de una furgoneta y, de vez en cuando, La Internacional, el himno del movimiento obrero.

Jon García, portavoz de la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi (Asviamie), denuncia: “El Partido Socialista ha estado dilatando el proceso. El proyecto [de ley] ha tardado ocho meses en llegar a comisión; cuando ha llegado, nos hemos encontrado con la sorpresa de que sus propuestas equivalían prácticamente a una enmienda a la totalidad”. En abril de 2021, el Congreso hizo suya —con la única abstención de Vox— una proposición de ley del Parlamento Vasco en torno al resarcimiento de quienes han visto truncada su vida a causa del contacto con el amianto durante la etapa laboral. “El fondo que queremos es para todas las víctimas, tanto trabajadores de empresas que ya no existen como trabajadores de empresas que continúan existiendo, y para todas las personas afectadas, tanto ambientales como domésticas”, desarrolla García, que trabajó durante 43 años en la central de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) de Beasain (Gipuzkoa). El amianto de esa fábrica ha provocado el fallecimiento de, al menos, 58 personas.

“Las enmiendas del PSOE no respetan el espíritu de la propuesta remitida y desvirtúan el texto inicial”, lamenta el portavoz de la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi. “No sabemos muy bien por qué el Partido Socialista no da su brazo a torcer. Estamos preocupados, y estamos empezando a pedir pronunciamientos de los parlamentos autónomos. Después de todo lo que hemos indagado, nos da la impresión de que el problema es la actitud del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que considera desde el principio que la legislación laboral española es más que suficiente para encauzar todo lo referente a las víctimas del amianto”, continúa García, que enfatiza la “particularidad” de la cuestión.

El modelo a seguir, asegura García, es el francés. “Es en Francia donde mejor funciona el fondo de compensación a las víctimas del amianto, que lleva 20 años en funcionamiento”. Porque es universal y acoge a todos los afectados, justifica el portavoz, y porque tiene una cobertura que es “satisfactoria” y un órgano de gestión en el que participan todos los agentes sociales. “Y depende de la Seguridad Social, como en toda Europa”, subraya. “El Estado español tiene parte de la responsabilidad. En los ochenta y los noventa, aun sabiendo lo nocivo que era el amianto, no se prohibió, por presiones de los empresarios”, recuerda, y concluye: “Lo que me da las ganas de seguir es acordarme de que por no haber, en su día, prohibido el amianto, hayan muerto tantos compañeros y compañeras”.

El punto de vista de la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi lo comparten la Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto (Fedavica) y los sindicatos CC OO y UGT, que afirman, en una declaración conjunta, que “el Grupo Parlamentario Socialista persiste en su intención de que el Fondo se convierta en un organismo del Imserso, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030″. En tal sentido, los firmantes del comunicado acusan al PSOE de tratar de limitar la financiación del fondo, que se nutriría exclusivamente con las “partidas previstas en los Presupuestos Generales del Estado y fondos obtenidos a través de la subrogación del derecho a litigar por parte de las personas afectadas”.

En este sentido, fuentes del grupo parlamentario socialista aclaran: “¿Quién es el órgano que ha de gestionar esto? La enmienda transaccional que plantea el PSOE es que sea el Ministerio de la Seguridad Social. Lo que sí decimos es que, como el proyecto de ley habla de un órgano asesor, este tiene que tener encaje en un departamento de la Administración General del Estado. Lo que no queremos es duplicar estructuras cuando ya hay órganos que tienen funciones en este sentido”.

Un fondo pensado para que todos los afectados puedan ser compensados

Marta Barrera, abogada del Colectivo Ronda que trabaja desde hace más de dos décadas en defensa de los derechos de las personas afectadas por la exposición al amianto, explica el procedimiento que debe seguir un trabajador con una enfermedad derivada de la exposición al amianto: “Primero, la enfermedad, que suele tardar varios años en desarrollarse, debe ser reconocida como profesional. En España, hay un listado de enfermedades profesionales relacionadas con el amianto. Ahora mismo son, entre otras: el mesotelioma o tumor del mesotelio, un tejido que cubre los pulmones y otros órganos, el cáncer de pulmón, la asbestosis o fibrosis pulmonar y el cáncer de laringe”. En teoría, si el trabajador acredita que ha estado expuesto al amianto en una empresa y padece una de esas enfermedades, directamente se tendría que reconocer que padece una enfermedad profesional. “Pero esto no pasa, y en muchas ocasiones hay que ir a juicio”, sigue Barrera.

Las prestaciones pueden ser, según la abogada, una pensión por incapacidad porque el trabajador está enfermo o una de viudedad porque ha fallecido. “Es entonces cuando nos dirigimos a la empresa en materia de responsabilidad, para que pague una indemnización que no suele reconocer y que solamente se suele conseguir por la vía legal. Obviamente, siempre hay que acreditar que no se aplicó la normativa existente de prevención de riesgos de trabajo en el momento de la exposición”, determina Barrera, y continúa: “¿Dónde entra, entonces, el fondo de compensación? Entra cuando la empresa ya no existe, que es casi siempre, puesto que las enfermedades derivadas de la exposición al amianto tienen una latencia de 15 a 40 años”. La abogada del Colectivo Ronda concluye: “El fondo está pensado para que todos los afectados puedan ser compensados. Si se aprueba con las enmiendas del PSOE, no tendrá ningún sentido”.