El Gobierno entrega a los municipios el listado con el millar de bienes que la Iglesia acepta que no son suyos: “Esto no es el final”
Las propiedades conocidas este jueves suponen solo el 2,8% de las inmatriculadas entre 1998 y 2015
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) dispone ya de un listado de casi un millar de propiedades que la Iglesia católica admite que no son suyas. El detalle de los bienes será enviado a los respectivos ayuntamientos y, desde las entidades locales, se buscará a sus propietarios. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha entregado este jueves la lista al presidente de la FEMP, Abel Caballero, y se ha comprometido a “colaborar y cooperar para acompañar sobre todo a los ayuntamientos pequeños”. “Les vamos a ayudar, les vamos a asesorar”, ha dicho el ministro. “Esto es un p...
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) dispone ya de un listado de casi un millar de propiedades que la Iglesia católica admite que no son suyas. El detalle de los bienes será enviado a los respectivos ayuntamientos y, desde las entidades locales, se buscará a sus propietarios. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha entregado este jueves la lista al presidente de la FEMP, Abel Caballero, y se ha comprometido a “colaborar y cooperar para acompañar sobre todo a los ayuntamientos pequeños”. “Les vamos a ayudar, les vamos a asesorar”, ha dicho el ministro. “Esto es un primer acuerdo. Es un buen comienzo, pero no es el final. El Gobierno y la Iglesia católica vamos a seguir trabajando en esa comisión”, ha añadido. Bolaños se ha mostrado convencido de seguir “obteniendo frutos”. “Por supuesto hay cuestiones en las que no estamos de acuerdo con la Iglesia, pero lo importante es que dialoguemos”.
Por su parte, Abel Caballero ha destacado que este acto “es un puente de cooperación entre las dos administraciones” que “muestra el músculo político de los ayuntamientos”. Caballero ha explicado que la operación se tramitará a través de los consistorios: “Los gobiernos locales tendrán que hacer la investigación y el estudio para intentar localizar a los propietarios de estos bienes”, ha asegurado, en referencia a que la mayoría de ellos no se sabe a quién pertenece. El también alcalde de Vigo ha señalado que esto es solo un primer paso: “Este camino tiene que continuar con más bienes y más propietarios. Caminaremos juntos en este proceso”
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, mantuvieron un encuentro el pasado lunes. Fue entonces cuando se hizo público que la Iglesia española admite que alrededor de un millar –el Gobierno informó el lunes de que eran 965 pero en el documento entregado a la FEMP este jueves hay 1027 registros– de los 35.000 bienes (20.000 de ellos lugares de culto) que según el Ejecutivo inmatriculó de forma extraordinaria entre 1998 y 2015, aprovechando la reforma de José María Aznar, no son suyos. Son apenas un 2,8% del total de las inmatriculaciones señaladas por el Gobierno. En el informe que emitió, la Iglesia solo señaló que ese millar son bienes que pertenecen a otras personas o no les consta que sean suyos aunque estén inmatriculados (registrados por primera vez) a su nombre.
Los edificios, entre los que hay un buen número de viviendas, pero también colegios y terrenos rústicos y urbanos, están repartidos por toda España, aunque de manera desigual. La mitad están en Castilla y León, con 485 propiedades, seguida de Cataluña, con 101. Hace apenas un año, el Gobierno hizo público el listado elaborado por el Colegio de Registradores de todos esos inmuebles supuestamente inmatriculados: 20.014 templos y 14.947 fincas. Uno de cada cuatro (8.706, el 25%) están en Castilla y León.
Del total de las propiedades que la Iglesia ha reconocido esta semana que no son suyas, los obispos señalan que 208 pertenecen a otras personas, y 757 son bienes que a la Iglesia no le consta que sean suyos aunque figuren a su nombre en los registros. En el listado hay 38 cementerios, 502 fincas rústicas, 151 fincas urbanas y 98 viviendas.
El caso más famoso de inmatriculación (y el más polémico) es el de la Mezquita de Córdoba, que se llevó a cabo en 2006. Pero entre los cerca de 35.000 inmuebles hay todo tipo de propiedades: viñedos, garajes, pisos en la costa y castillos. Todas pudieron registrarse en virtud de la Ley Hipotecaria, que convertía a los clérigos en una suerte de notarios. El artículo 206 de esta norma franquista de 1946 les permitió ponerlas a su nombre con un proceso sencillo. La citada Ley Hipotecaria equiparó a la Iglesia con un funcionario del registro. En 1998, el Gobierno de José María Aznar extendió este privilegio para que también pudiera aplicarse a los templos de culto mediante un real decreto.
Una estimación de 100.000 propiedades
Las casi 35.000 propiedades que se hicieron públicas hace un año son las que se inmatricularon entre 1998 y 2015, según el informe, pero la Iglesia puede registrar propiedades a su nombre de forma sencilla desde 1946. La plataforma Recuperando ―que aglutina a más de 30 colectivos que reclaman que esos bienes vuelvan a la sociedad civil― estima que en todos estos años la Iglesia ha puesto a su nombre más de 100.000, por lo que solo se conocería un tercio del total y apenas se admite la no propiedad del 1%. “Este acto es una farsa, la entrega de las 1.000 propiedades sirve para blanquear el tema, pero no está solucionando el asunto de la forma adecuada”, señala al teléfono Jorge García, representante de Movimiento hacia un Estado Laico, una de las organizaciones integradas en la plataforma. García recuerda que el acuerdo del Gobierno de coalición prevé acometer “las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia”. “De momento, lo único que han hecho ha sido negociar con la Conferencia Episcopal, pero no acometer una modificación legislativa”, critica.
El camino hasta el acto de este jueves no ha sido fácil. De hecho, el Gobierno se resistió a hacer público durante meses el listado de los bienes inmatriculados desde 1998 y, como señalaba García, no ha anunciado ningún cambio legislativo para recuperarlos. El consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) tuvo que instar al Ministerio de Justicia a entregar la lista y le recordó que hacía más de año y medio que disponía de los datos y que estos eran “información pública”. El consejo dio así la razón a EL PAÍS, que recurrió la negativa de Justicia a entregar la información.