Las comunidades se resisten a recuperar las restricciones más duras y fían el freno de la nueva ola al pasaporte covid

Después de casi dos años conviviendo con el coronavirus, científicos, autoridades y ciudadanos han aprendido mucho de cómo se propaga y cómo mitigarlo. Otra cuestión es hasta qué punto estén dispuestos a pasar a la acción. Con una sexta ola que este viernes ha alcanzado el máximo nivel de riesgo de transmisión (con 511 casos por 100.000 habitantes en 14 días) y ante ...

Después de casi dos años conviviendo con el coronavirus, científicos, autoridades y ciudadanos han aprendido mucho de cómo se propaga y cómo mitigarlo. Otra cuestión es hasta qué punto estén dispuestos a pasar a la acción. Con una sexta ola que este viernes ha alcanzado el máximo nivel de riesgo de transmisión (con 511 casos por 100.000 habitantes en 14 días) y ante la amenaza de la variante ómicron, ningún Gobierno (ni el central ni los autonómicos) quiere volver a la dinámica de restricciones y prohibiciones de las Navidades pasadas. La mayoría de ellas pretenden superarla recordando las recomendaciones básicas (higiene, distancia, ventilación…), con las vacunas (y el certificado covid) como aliadas y con el complemento de la obligatoriedad de la mascarilla en interiores, pero sin limitar demasiado la vida de los ciudadanos vacunados ni la economía.

Los movimientos que van más allá son por ahora aislados. En Cataluña vuelven las cuarentenas para todos los contactos cercanos a un positivo, independientemente de su estatus vacunal. Es algo que en el resto de España no es obligatorio para quienes tienen pauta completa, a no ser que el contacto esté diagnosticado con la variante ómicron. Y Castilla y León está barajando restricciones en hostelería más allá del pasaporte covid: su comité de expertos se reúne en la tarde del viernes para proponer nuevas medidas.

El resto de comunidades no están por el momento dispuestas a dar un paso al frente. Lo máximo que hacen son recomendaciones para las Navidades. Es el caso de Canarias, Galicia o Navarra, que están recomenadando limitar el número de personas en cenas privadas. “En el ámbito privado se recomienda limitar el número de participantes en encuentros entre no convivientes a un máximo de 10 personas y dos grupos de convivencia. En hostelería, el planteamiento es potenciar el consumo en el exterior frente al interior y, si se produce dentro, que se desarrolle de forma ordenada en mesas con grupos reducidos mejor que en barra, garantizando siempre una ventilación adecuada de los espacios y el empleo de la mascarilla mientras no se consumen alimentos y/o bebidas”, es el consejo a sus ciudadanos del Gobierno de Navarra, la comunidad con mayor incidencia.

En España, las únicas limitaciones sociales puestas en marcha por el ministerio y las comunidades no han demostrado utilidad alguna para frenar los contagios: son el pasaporte covid y la restricción de vuelos con países africanos donde prolifera la ómicron. La primera, en un país con el 90% de la población diana con la pauta completa, fue desmotada como medida para frenar la transmisión por los propios técnicos de salud pública de Sanidad y de las autonomías, si bien reconocen que puede ser útil para fomentar las vacunaciones. Cada vez más lo están implementando y Baleares lo ha llevado al límite de exigirlo a los sanitarios, so pena de presentar tres test negativos por semana. La segunda se ha demostrado insuficiente una y otra vez en la pandemia, salvo para islas como Nueva Zelanda o Australia. La ómicron ya circula libremente por Europa y prohibir vuelos no va a alterar su curso.

Los gobernantes tienen que ponderar hasta qué punto es necesario frenar la propagación del virus a costa de sacrificar otros planos de la vida de sus votantes. La Ponencia de alertas de Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, formada por técnicos de las comunidades y el ministerio, ha hecho una propuesta esta misma semana para limitar las cenas navideñas a 10 personas, entre otras medidas, algo que tumbó el siguiente nivel de decisión, el de directores generales, más político. Es la misma ponencia que elaboró un semáforo que incluía, por ejemplo, cerrar interiores en los niveles altos y muy altos de alerta, en los que ya están ocho comunidades autónomas: Comunidad Valenciana, Cataluña, Aragón, La Rioja, Navarra, País Vasco, Castilla y León y Asturias. Estas restricciones también fueron rechazadas por la Comisión de Salud Pública.

Un técnico que asesora a una consejería de Sanidad cuenta que en los últimos días les están pidiendo “medidas creativas” para frenar los contagios que no supongan una gran alteración en la vida de los ciudadanos. Es la piedra filosofal. Un virus aéreo como el SARS-CoV-2 se transmite allá donde haya contacto, especialmente en interiores. Poner barreras a esto es la única forma de evitar la transmisión. Una es la de las mascarillas, que ha demostrado ser útil para reducir la transmisión, pero que es incompatible con comidas y con las celebraciones propias de estas fechas.

El tono de los mensajes de las autoridades españolas, que se ciñen a llamar a la prudencia y el cuidado, contrasta con el de instituciones internacionales y el de otros gobiernos. El Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha pedido esta semana a los países que tomen medidas “fuertes” para proteger a los más vulnerables, ha advertido de que las vacunas no pueden ser la única respuesta y ha avisado a los hospitales que se preparen para severo aumento de la presión. La ministra de Sanidad, Carolina Darias respondió que la cobertura vacunal española es superior a la de la mayoría de Europa. “Nuestro país tiene una altísima cobertura y vamos a una marcha importante con las dosis de refuerzo. Hay preocupación y debemos intensificar las medidas que nos protegen, como las mascarillas y la ventilación”, zanjó esta semana tras reunirse con los consejeros de Sanidad.

En realidad, la mayoría de los gobiernos europeos se están limitado también reforzar sus fronteras, a imponer mascarillas en interiores (muchos ya las habían abandonado), el teletrabajo cuando es posible y a cerrar el cerco a los no vacunados exigiendo el certificado covid o incluso sancionando a quien rechace la inoculación. Dinamarca ha adelantado las vacaciones escolares una semana y Portugal impondrá una “semana de contención” tras nochevieja que incluye el teletrabajo obligatorio en todas las empresas, el cierre de bares y discotecas y la suspensión de la vuelta a las aulas. Son ejemplos de medidas que van un punto más allá de las generalizadas, a las que habría que añadir el caso extremo de Austria, que con más de 2.000 casos por 100.000 habitantes a 14 días (cuatro veces más que España) volvió al confinamiento en noviembre.

Las demás medidas no farmacológicas pasarían, más allá de ventilar, por reducir aforos, cerrar interiores, limitar número de personas en los encuentros (para los privados haría falta estado de alarma) o restringir la movilidad. Ana María García, catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universitat de València, reconoce que no tienen la misma evidencia que se suele manejar para otras enfermedades, pero apunta que es imposible en una emergencia sanitaria como esta. “Cada vez podremos tomar medidas más finas, pese a que no se sabe siempre exactamente el impacto de cada una”, admite.

Lo que está claro es que limitar el contacto entre personas ayuda a frenar la propagación del virus, aunque genera otras muchas externalidades negativas, en forma de crisis económica —el Banco de España no prevé recuperar los niveles prepandemia hasta mediados del año que viene— o problemas de salud mental. Los ciudadanos están hastiados después de casi dos años de pandemia, los suicidios han aumentado y muchos problemas de depresión y ansiedad están claramente relacionados con la crisis sanitaria, especialmente en niños y adolescentes. Y eso también es salud.

La curva epidémica no para de crecer y, por su ritmo, tiene potencial para alcanzar los niveles más altos que hemos visto (700 diagnósticos por 100.000 habitantes en 14 días en la quinta ola y 899 en la tercera), como ya ha sucedido en otros países europeos, que han batido este otoño su récord. Pero esta ola es distinta a todas las anteriores. Con la mayoría de población vacunada, el incremento de las hospitalizaciones sube a una velocidad mucho menor y todavía están lejos de la saturación en la gran mayoría del territorio: mientras el riesgo de transmisión es muy alto (el máximo) el de ocupación hospitalaria todavía se sitúa en nivel “medio”.

El efecto de las vacunas y las consecuencias negativas que generan las restricciones en las personas son los principales argumentos que defienden los más reacios a nuevas restricciones. Rafael Toledo, catedrático de parasitología de la Universidad de Valencia, cree que la incidencia acumulada dejó de ser un marcador útil para la población. “Está bien como herramienta para los epidemiólogos, pero no deberíamos estar pendientes a ella porque ya no dice mucho. Los mismos que promueven las vacunas las desprestigian cuando le dicen a la gente que tiene que mantener las mismas medidas que cuando no había. Y el riesgo que supone ahora el coronavirus no es igual que sin ellas”, subraya.

Los expertos en salud pública consultados, por el contrario, tienden a ver insuficientes las medidas en marcha. Lo resume Adrián Hugo Aginagalde, presidente de sección de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao: “Hemos aprendido que intervenciones no farmacológicas son efectivas. Pero haber parendido científicamente no quiere decir que ese conocimiento se traslade a los hechos. Los determinatnes que condicionan la toma de decisiones pueden producir que se cometan errores similares a otras olas”.

Una de las claves es la percepción del riesgo. Como recuerda Ignacio Rosell, epidemiólogo y coordinador del comité de expertos de la covid-19 en Castilla y León, al principio de la pandemia en España seguramente se pecó de confianza, después de varias falsas alarmas con la gripe aviar, el ébola o los antecedentes del coronavirus: el SARS y el MERS. “Creo que esto fue lo que llevó a Sanidad a poner a un portavoz como Simón, que había funcionado muy bien tranquilizando a la población con el ébola”, señala.

El péndulo pasó al lado opuesto en siguientes olas, con medidas como la mascarilla obligatoria incluso en exteriores sin nadie alrededor, una norma casi única de España. Y ahora, en opinión de Aginagalde, después de tantas embestidas, estamos otra vez instalados en la tranquilidad: “A medida que baja la percepción del riesgo todo el mundo se confía en que no vamos a volver a niveles altos y se tiende a actuar solo cuando la capacidad asistencial está sobrepasada, y esto llega tarde”.

“En esta fase la clase es acelerar boosters [dosis de refuerzo] y completar las vacunaciones y mientras eso hace efecto adoptar algunas medidas no farmacológicas adicionales”, dice Fernando Rodríguez Artalejo, catedrático de Salud Pública de la Universidad Autónoma de Madrid. “El problema —prosigue— es que gracias a la vacunación la mayoría de los casos son muy leves y eso ha reducido la conciencia de riesgo. Además, la gente está un poco cansada. Se trata de hacer solo un esfuerzo más hasta ver el efecto de los boosters y completar la vacunación en el mundo”.

El ‘déjà vu’ de la ómicron

A todo esto se suma la irrupción de la ómicron, que para muchos ha sido una especie de déjà vu y les ha retrotraído los primeros casos de covid. Incertidumbre, cierre de fronteras, medios de comunicación reportando caso a caso, acusaciones de alarmismo a quienes se alarmaban y de demasiada parsimonia a los que le quitaban hierro. Entre la ciudadanía parece haber dos bandos: los que defienden que se quedará en nada y los que advierten del apocalipsis. Pero la realidad no es binaria. El tiempo dirá hacía qué lado del péndulo se escora.

Por los datos que se van consolidando, cada vez parece más claro que la ómicron se transmite más rápido y, aunque parece que es más leve, eso no está del todo claro. Un estudio preliminar en Sudáfrica estimaba que reducía la hospitalización en un 30% con respecto a las anteriores. Pero si se transmite mucho más, las hospitalizaciones pueden subir: aunque el riesgo relativo para cada individuo que la contraiga es menor, en términos absolutos más gente enfermará. Está por ver cómo reacciona en un país plagado de personas vacunadas y, muchas de las más vulnerables, con tercera dosis. El restultado de esta ecuación nadie lo sabe todavía.

Según el modelo matemático de Álex Arenas, físico y profesor de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, indica que sin medidas restrictivas adicionales ni refuerzo de la campaña de terceras dosis, el número de casos simultáneos provocados por esta variante desbordará de nuevo los hospitales, aunque reconoce que no se puede hacer una previsión de la ocupación de las UCI hasta que no se afine cuál es su gravedad.

A diferencia de lo que pasó a principios de 2020 hoy la sociedad está prevenida. También cansada. Y muchos de los propósitos de enmienda que se repetían durante la primera ola se quedaron por el camino. Aunque han mejorado muchos unos sistemas de información que han sido modificados ex profeso para controlar la pandemia, los refuerzos para salud pública, los departamentos encargados de la vigilancia epidemiológica son prácticamente inexistentes. Ellos son los encargados de los famosos rastreos, imposibles de realizar pormenorizadamente con tan altos niveles de transmisión. Y la Atención Primaria, el primer dique de contención para hacer frente a la pandemia, está exahusta. En Madrid, este periódico ha comprobado cómo una cita telefónica para reportar síntomas de covid se puede llegar a demorar una semana.

Miquel Porta, catedrático de Salud Pública de la Universidad Autónoma de Barcelona, se suma a otros colegas consultados e insiste en poner en marcha la Agencia Nacional de Salud Pública que coordine todas las políticas y todos los organismos del país. Es una vieja promesa que el entonces ministro Salvador Illa retomó el primer año de crisis sanitaria, que ha dado sus primeros pasos preliminares, pero que servirá para futuras pandemias, no para esta ni para sus variantes.