La guerra cultural incendia las escuelas de Estados Unidos

La guerra cultural que se libra hoy en Estados Unidos tiene un nuevo frente: las juntas escolares de los colegios públicos. Son reuniones en las que un puñado de vecinos de un distrito discuten asuntos como el salario de los profesores o los servicios de aseo. Sin e...

La guerra cultural que se libra hoy en Estados Unidos tiene un nuevo frente: las juntas escolares de los colegios públicos. Son reuniones en las que un puñado de vecinos de un distrito discuten asuntos como el salario de los profesores o los servicios de aseo. Sin embargo, hace un año que, en distintos rincones del país, se han convertido en el escenario de protestas, a veces violentas, lideradas por padres en contra de la “agenda política tóxica” que incluye el uso obligatorio de la mascarilla en las aulas, los nuevos enfoques de equidad racial en la enseñanza o las políticas para integrar a las personas transgénero.

Varios miembros de juntas escolares han recibido en los últimos meses amenazas de muerte, de violación, insultos y acoso dentro y fuera de las sesiones escolares que, desde octubre, son monitorizadas por agentes de seguridad por orden del Departamento de Justicia. Entre los propios miembros de las juntas se han producido bandos y es común ver a la mitad llevando mascarilla y a la otra no, para dejar claro a cuál pertenecen. Es tal el nivel de politización del debate que grupos conservadores y progresistas han desembolsado grandes sumas de dinero en las contiendas de las juntas para asegurar que su posición consiga la mayor representatividad posible.

En este insólito escenario, varios políticos de derechas se han apropiado del mensaje de los “derechos de los padres” para sacar rédito electoral. Hace apenas unas semanas el republicano Glenn Youngkin se alzó como gobernador de Virginia agitando la bandera del “adoctrinamiento izquierdista” en las aulas. Fue la primera vez en 12 años que los demócratas perdían en un Estado que resultó decisivo en el triunfo de Joe Biden en 2020 . Los republicanos han descubierto una grieta que cruza todo el mapa nacional para conquistar el voto de los padres indignados de cara a las elecciones legislativas del próximo noviembre, cuando los conservadores intentarán recuperar el control de la Cámara de Representantes y del Senado.

El día en que el ingeniero y profesor universitario Sami Al-Abdrabbuh salió reelecto como miembro de la junta escolar de Corvallis (Oregón), en mayo, un individuo se acercó hasta su barrio para advertir a sus vecinos de que lo iba a asesinar. Ese mismo día, apareció un cartel de campaña del candidato perforado por varias balas en un campo de tiro. “Eso me perturbó”, comenta por teléfono Al-Abdrabbuh. El profesor acudió a la policía y cambió su rutina de regreso a casa por miedo. Después de contar su historia a The New York Times, donde explicaba cuánto le gustaba ser parte de la comunidad escolar, pero que no quería “morir por ello”, el acoso aumentó y decidió instalar cámaras de seguridad fuera de su casa. Hay padres que también aseguran haber recibido amenazas de muerte, aunque son un grupo minoritario en este complejo panorama.

Al-Abdrabbuh explica que “lo que está ocurriendo” se le hace “muy raro” porque normalmente “la gente que está en desacuerdo lo expone cívicamente”. Sin embargo, “lo que está ocurriendo” lleva cocinándose un tiempo. Para empezar, la decisión de mantener las escuelas cerradas durante el pasado verano-otoño en las localidades demócratas —mientras Trump presionaba para que volvieran las clases presenciales— indignó a muchos padres. A finales de 2020 los padres comenzaron a participar más activamente en las juntas escolares para pedir explicaciones sobre las medidas sanitarias y se unieron a grupos de Facebook donde compartían sus frustraciones. La presión que ejercieron algunos en las juntas fueron fructíferas, lo que animó a los padres a involucrarse más y las reuniones se empezaron a extender hasta la una o dos de la mañana, debido a que cientos de ellos hacían uso de la palabra.

Además, en los últimos años, varios distritos, en su mayoría progresistas, han aprobado normativas para proteger los derechos de los alumnos transgénero y han incluido actividades para educar en la “diversidad, igualdad e inclusión” en temas de raza y género. Algunas de estas iniciativas han provocado el rechazo de los conservadores de cada localidad, que hasta ahora no habían unificado su discurso. Sin embargo, el último año se han creado un centenar de grupos en defensa del “derecho de los padres”, donde comparten sus temores y rabia. Han llegado a tildar de “marxistas”, “pedófilos” y “traidores” a los miembros de las juntas que piensan distinto, como se puede ver en los vídeos que se han viralizado en las redes.

Action 1776 es una de esas nuevas organizaciones. Su objetivo es restablecer la Comisión 1776, creada durante la Administración de Donald Trump para promover una “educación patriótica”. Joe Biden la disolvió en su primer día en la Casa Blanca. La comisión fue una respuesta al “Proyecto 1619″ de The New York Times, un análisis histórico sobre cómo la esclavitud moldeó las instituciones americanas en todos los ámbitos con motivo del 400º aniversario de la llegada de los primeros africanos esclavizados a EE UU.

“No es exacto decir que los padres están protestando contra la enseñanza sobre estos temas. Están en contra de la promoción descarada de una agenda ideológica radical que va en contra de sus valores y los valores sobre los que se construyó esta nación”, apunta Adam Waldeck, presidente de Action 1776. A su juicio, lo que encendió esta batalla fue que, durante la pandemia, los padres pudieron ver en casa lo que le estaban enseñando a sus hijos y quedaron “horrorizados”.

En distritos de estados conservadores como Texas, Kansas y Carolina del Sur han eliminado temporalmente de los programas escolares decenas de biografías de personajes LGTBIQ, o ejemplares como El cuento de la criada, de Margaret Atwood, y Ojos azules, de la Premio Nobel de Literatura Toni Morrison, protagonista involuntaria de las elecciones de Virginia por la cruzada del republicano contra su literatura. “Creo que deberíamos arrojar esos libros al fuego”, afirmaron dos miembros de una junta escolar de Spotsylvania (Virginia), sobre unos ejemplares con contenidos “sexualmente explícitos”.

El pasado otoño Scott Mineo, un analista de seguridad blanco de 49 años, fundó Padres Contra la Teoría Crítica de la Raza (PACT, por sus siglas en inglés), un grupo que se enfrenta a la doctrina académica que plantea que el esclavismo en EE UU es el origen del racismo sistémico aún presente en la sociedad. No se enseña en las escuelas, sino en el ámbito universitario, pero los colegios de todo el país, especialmente desde el asesinato de George Floyd en mayo de 2020, se han embarcado en iniciativas para promover la justicia racial, adoptando medidas como una mayor contratación de personal étnicamente más diverso, capacitaciones a los profesores sobre los prejuicios raciales y la inclusión de libros de autores afroamericanos.

Mineo, y las decenas de miles de seguidores de este tipo de grupos, cree que las escuelas públicas le están enseñando a los niños que “los blancos son implícitamente sesgados e inherentemente racistas, incluso si no se dan cuenta”. “Nadie tiene derecho a meternos esta basura por la garganta y decirnos que lo creamos o seremos cancelados. La discusión honesta sobre este tema es bienvenida, la aceptación forzosa no lo es”, defiende Mineo. Al-Abdrabbuh dice comprender a los padres enfadados porque los currículos de ahora son distintos a lo que ellos solían aprender. “Pero también entiendo que tienen que ser conscientes de que es inaceptable que la educación pública sea para la comunidad o la raza privilegiada, y no para todas las culturas”.

El Departamento de Justicia calificó en octubre los hechos de los últimos meses como “un alarmante pico de acoso, intimidación y amenazas de violencia” contra miembros de juntas escolares. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick B. Garland, ordenó al FBI y a fiscales federales que trabajaran con los agentes de la ley locales para monitorear las amenazas contra las personas que trabajan en los 14.000 distritos escolares públicos del país. La Asociación Nacional de Juntas Escolares compararon algunos de los incidentes con el terrorismo doméstico, aunque se retractaron después de que el mensaje desencadenara una reacción violenta en algunas de sus miembros.