La deuda oculta de la Comunidad de Madrid con cuatro hospitales de Quirónsalud asciende ya a 1.250 millones

La Comunidad de Madrid debe a los cuatro hospitales públicos de gestión privada del grupo Quirónsalud un total de 1.248,7 millones de euros, según consta en el informe anual del ejercicio 2020 del gigante sanitario mundial Fresenius, propietario desde 2017 de la red de centros sanitarios Quirón en España. El volumen conocido de la deuda que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (PP) tiene con los hospitales en concesión no ha dejado de crecer en los últimos años sin que los responsables regi...

La Comunidad de Madrid debe a los cuatro hospitales públicos de gestión privada del grupo Quirónsalud un total de 1.248,7 millones de euros, según consta en el informe anual del ejercicio 2020 del gigante sanitario mundial Fresenius, propietario desde 2017 de la red de centros sanitarios Quirón en España. El volumen conocido de la deuda que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (PP) tiene con los hospitales en concesión no ha dejado de crecer en los últimos años sin que los responsables regionales hayan informado con precisión sobre ella, por lo que ha sido denominada deuda oculta. Este martes, preguntada por EL PAÍS, la Consejería de Sanidad, que hace dos años negó que existiera dicha deuda, “reconoce las cantidades adeudadas a Quirón”, pero lo atribuye a retrasos en las comprobaciones que tienen que hacer para cerrar las cuentas.

Fue la Cámara de Cuentas regional la que, en diciembre de 2019, hizo aflorar las primeras cantidades. En su informe referente al ejercicio de 2018, el órgano fiscalizador reveló que la Comunidad de Madrid debía 722,3 millones de euros a cinco hospitales de gestión privada —los cuatro de Quirónsalud y el de Torrejón, del Grupo Ribera Salud— y al militar Gómez Ulla, del Ministerio de Defensa. Aunque no han trascendido datos desagregados por centro sanitario, estas cifras suponen que solo los hospitales de Quirónsalud han doblado prácticamente la deuda total en dos ejercicios. Estos centros son la Fundación Jiménez Díaz, el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, el Infanta Elena de Valdemoro y el General de Villalba.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, negó en febrero de 2020 que su departamento tuviera deuda alguna con los centros sanitarios, aunque admitió retrasos en la liquidación de pagos. Lo hizo en el pleno de la Asamblea del 6 de febrero. A la interpelación de José Manuel Freire, entonces responsable de Sanidad por el grupo socialista, sobre esa cantidad que había desvelado la Cámara de Cuentas (64 millones de 2015, 178 de 2017 y 268 de 2018), Ruiz Escudero contestó: “No podemos hablar de deuda cierta, sino que se trata de previsiones internas que se realizan en el Servicio Madrileño de Salud (Sermas)”.

El informe de Fresenius, sin embargo, desmiente ahora al consejero. Como empresa cotizada —la compañía es el mayor operador de hospitales privados de Europa y líder mundial en tratamientos de diálisis—, el grupo debe auditar anualmente todas sus cuentas e informar de las conclusiones a sus accionistas. En el apartado de “provisiones por pérdidas crediticias esperadas”, en el que se incluyen aquellas partidas cuyo cobro acumula retrasos o se considera en riesgo, Fresenius incluye un total de 6.937 millones de euros a fecha de 31 de diciembre de 2020.

De esa cantidad, el 18% —1.248,7 millones— corresponde a “las autoridades sanitarias de la región de Madrid, España”, recoge el documento del ejercicio 2020, una deuda que ha crecido en 244 millones (el 24,4%) respecto al ejercicio de 2019. Este importe sitúa a la Comunidad en segundo lugar entre los “deudores” de Fresenius, después del sector de diálisis en Estados Unidos (45% del total) y por delante de Medicare, responsable de la atención sanitaria de 61 millones de pensionistas estadounidenses, con el 14%.

Son cantidades que están debidamente auditadas y cuyo cobro estamos a la espera de concretar con el Gobierno regional

Un portavoz de Quirónsalud

Quirónsalud ha declinado ofrecer detalles de los importes que le debe la Comunidad de Madrid, aunque admite las cifras recogidas en el informe de su empresa matriz, a cuyo contenido se remite. “Son cantidades que están debidamente auditadas y cuyo cobro estamos a la espera de concretar con el Gobierno regional”, afirma un portavoz.

Fuentes sanitarias del Ejecutivo madrileño, que han pedido el anonimato, explican que “la Consejería de Sanidad lleva años de retraso en el reconocimiento de estas deudas”. La ralentización de los pagos se produce, según estas fuentes, porque “no siempre cuadra lo que los hospitales dicen que han hecho con lo que le consta a Sanidad, por lo que primero hay que revisar toda la actividad clínica y, si al fin se ponen de acuerdo, esperar a que se proceda al pago”. Un proceso que en total puede ”durar varios años, aunque por ahora no ha llegado a la vía judicial ni es previsible que vayan a dejarse de pagar partidas”.

Un portavoz de la consejería, “sobre las liquidaciones pendientes de cerrar”, afirma “que no se consideran deuda”. “Todos los años se dota aparte una provisión de fondos en los presupuestos del año siguiente —siguiendo las instrucciones y recomendaciones del Ministerio de Hacienda y la Cámara de Cuentas—, en función de la previsión de gasto que vaya a suponer la asistencia que prestarán estos cuatro hospitales durante el año”, explica por escrito. “Próximamente”, añade, “se llevará la liquidación del presupuesto de 2020 a la Asamblea de Madrid, que junto con la cuenta general recogerá el acumulado de la deuda”.

Contratos complejos

Hace casi dos años, tras conocerse el informe de la Cámara de Cuentas, el entonces diputado socialista en la Asamblea de Madrid, José Manuel Freire, criticó “la complejidad de los contratos con estos hospitales, que dificulta la capacidad de controlarlos”. Ahora, tras conocer el incremento de la deuda reclamada por Quirónsalud, Freire lamenta que “se confirman los problemas de un sistema mal diseñado y peor gestionado porque no hay la voluntad política de dotar a la sanidad pública de los medios necesarios para un control efectivo de los hospitales en concesión”.

El origen de al menos una parte de estas cantidades correspondería al coste de los pacientes atendidos por la llamada “libre elección de médico”. Mónica García, diputada de Más Madrid, obtuvo gracias a una pregunta parlamentaria la actividad en centros privados de pacientes que optaron por acudir a ellos en lugar de a un hospital público. Durante 2018, de los 114.426 pacientes que tomaron esta decisión, 17.542 eran de Dermatología; 12.531, de Otorrinolaringología; 10.849, de Ginecología; 8.899, de Cirugía maxilofacial y 8.328, de Aparato Digestivo.

García lamentó: “Los hospitales de gestión privada captan aquellas especialidades que les van a suponer menos riesgos como Dermatología, Otorrinolaringología... También tiene que ver con procesos menores, y sobre todo con consultas que en la sanidad pública tienen mucha demora. Se llevan los pacientes más rentables, que no requieren mucha complejidad. Nunca van a cogerse un paciente cardiovascular o de cirugía infantil, que requieran mucha complejidad”.

El ‘modelo Alzira’

La Comunidad Valenciana fue, con el Gobierno de Eduardo Zaplana (PP), pionera en poner hospitales públicos en manos de compañías privadas con afán de lucro. Fue el llamado modelo Alzira, que arrancó en 1999 con el centro de esta localidad —que tuvo que ser rescatado con fondos públicos cuatro años más tarde— y que ahora está siendo revertido por el actual Ejecutivo de Ximo Puig (PSOE y Compromís) a medida que finalizan las concesiones.

Pero ha sido la Comunidad de Madrid la que ha llevado más lejos la privatización de la sanidad pública. Esperanza Aguirre inició la senda en 2003 con un plan para levantar siete nuevos hospitales. Llegó a inaugurar nueve durante su mandato. Pero ni su construcción estuvo a cargo de la comunidad ni su gestión (total o parcial) lo está. Ni siquiera es propietaria de esos centros. El acuerdo, a 30 años, otorgó la titularidad a distintas empresas (entre constructoras, inmobiliarias o empresas sanitarias con bancos como accionistas) y un canon anual por la atención a la población. Siete de ellos ensayaban un modelo mixto en el que el personal era público, pero el edificio y los equipamientos quedaban en manos del sector privado; es el llamado modelo PFI (iniciativa de financiación privada, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, la privatización sanitaria en Madrid no es solo cuestión de construcción de hospitales. Hay infinidad de informes y datos que dan cuenta. El informe de 2020 sobre la Situación y evolución de la atención especializada en las comunidades autónomas de 2010 a 2019, de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), reflejó que Madrid es la región que lidera varios indicadores con esta tendencia, como el porcentaje de camas privadas sobre el total (27,72% en Madrid por 5,13% en La Rioja) o el aumento de la frecuentación de las consultas de especialistas en la privada, 1,34 consultas por año y habitante (frente al 0,34 de Castilla y León).