Las mujeres de República Dominicana reclaman por su derecho al aborto

Le han llamado el campamento de la dignidad o de la resistencia. Plantado frente al Palacio Nacional, en Santo Domingo, esta acampada ha trastocado desde hace tres semanas la vida política de República Dominicana, porque sus integrantes exigen al presidente Luis Abinader, recién mudado a Palacio, que impulse la que fue una de sus promesas de campaña: un nuevo Código Penal en e...

Le han llamado el campamento de la dignidad o de la resistencia. Plantado frente al Palacio Nacional, en Santo Domingo, esta acampada ha trastocado desde hace tres semanas la vida política de República Dominicana, porque sus integrantes exigen al presidente Luis Abinader, recién mudado a Palacio, que impulse la que fue una de sus promesas de campaña: un nuevo Código Penal en el que se establezca el derecho al aborto cuando la vida de la madre está en riesgo, en caso de violación o incesto o por malformaciones del feto. En este país caribeño de 11 millones de habitantes todavía está vigente el Código de 1884, en el que se penaliza totalmente el aborto, lo que incluye a República Dominicana en la tristemente célebre lista de seis países que mantienen esa prohibición total en el mundo —Nicaragua, Honduras, El Salvador, Malta y el Vaticano. Abinader, quien se ha autodenominado como un “socialdemócrata moderno”, se ha propuesto darle a su país “un ‘shock’ de institucionalidad y modernidad” y las mujeres dominicanas le han tomado la palabra.

Uno de los rostros más visibles del campamento es el de Sergia Galván, veterana feminista dominicana con más de 20 años de lucha a su espalda por los derechos de las mujeres dominicanas, el aborto incluido. “Consideramos que este es el momento oportuno, porque hay un compromiso del presidente”, afirma Galván en entrevista telefónica. Ella explica que se han plantado frente a Palacio porque ese edificio es el centro del poder dominicano, sobre el que el mandatario tiene una gran influencia. Abinader llegó a la presidencia hace cuatro meses y su movimiento político, el Partido Revolucionario Moderno, controla la mayoría en el Congreso. Galván espera que el presidente use ese liderazgo para presionar a sus diputados que aprueben un nuevo Código Penal en el que se introduzcan las causales que le den a las mujeres dominicanas el derecho al aborto.

El Congreso de República Dominicana ha iniciado la discusión de un nuevo Código Penal, supuestamente más moderno, pero en el que se penaliza aún el aborto. El proceso de discusión hasta llegar a la aprobación será largo y complicado y en él pesan también los intereses de importantes grupos de poder conservadores, incluidas la Iglesia católica y las organizaciones evangélicas. El presidente ha dicho que a pesar de apoyar las tres causales que exigen las mujeres dominicanas, él no puede imponerlas a los diputados, alegando la separación de poderes en un Estado democrático. “Cuando el presidente quiere que se apruebe una ley que le interesa, hace uso de su liderazgo para que sea aprobada”, afirma Galván. “En este caso [del aborto] el Ejecutivo no está ejerciendo ese liderazgo de manera adecuada”, reclama. “Hay una fuerte presión de las jerarquías eclesiales, que pone en entredicho el Estado laico. El Estado dominicano debe garantizar la laicidad en todas sus políticas”, explica la feminista.

La influencia de las iglesias dentro de la política dominicana choca con los cambios que ha experimentado el país caribeño. República Dominicana ha registrado uno de los mayores crecimientos económicos de América y aunque aún el 30% de su población vive en condiciones de pobreza, el despegue económico ha permitido que se forme una importante clase media, que reclama más derechos. Se trata de una generación que ha accedido a educación, conectada, informada y que aspira a vivir en un país moderno. “Esa clase media ha sido la artífice de diversos movimientos sociales que han impulsado un cambio en el país. La expansión de las redes sociales se ha convertido en nuevo instrumento de lucha y eso hace que la batalla por las tres causales del aborto tenga ahora más avance”, explica la socióloga dominicana Rosario Espinal, catedrática de Temple University, en Filadelfia. Espinal califica de “cobardía” la sumisión de la clase política frente a la jerarquía religiosa y como “chocante” la falta de compromiso de los políticos de su país con sus propias propuestas. “Este nuevo Gobierno llegó al poder con una plataforma de cambio, con la idea de cambio y modernidad, que fue apoyada por la clase media urbana. Es chocante que al llegar con esa narrativa de cambio, quieran ahora deshacerse de la promesa de apoyar las tres causales”, afirma.

Para demostrar la transformación que ha experimentado la sociedad dominicana, Espinal recurre a las encuestas. Muestra los datos del Barómetro de las Américas de 2019, que reveló que el 61% de los dominicanos está de acuerdo con el aborto cuando la salud de la madre está en riesgo o cuando se establece que el feto es inviable debido a malformaciones. Son los políticos, afirma, quienes no están a la altura de las aspiraciones de la sociedad de su país. “República Dominicana tiene una penalización absoluta del aborto. Eso refleja la fuente incidencia de las iglesias en el poder político y la cobardía de la clase política, incapaz de legislar a partir de la función pública para la que ha sido electa”, afirma la socióloga.

Para las mujeres dominicanas la introducción de las tres causales en el nuevo Código Penal es un asunto de vida o muerte y de garantías de sus derechos humanos. En República Dominicana aumentaron el año pasado en un 20% las muertes maternas, se registraron en los hospitales públicos 25.000 casos de complicaciones de embarazo ligados a abortos en condiciones de riesgo y el país cuenta con uno de los mayores índices de embarazo adolescente en el continente. Además, el 12% de las niñas dominicanas se han casado o unido a una pareja antes de los 15 años. Los datos de la Procuraduría General de la República de 2020 muestran que ese año se produjeron 5.227 delitos sexuales, 1.028 fueron violaciones y 1.710 agresiones sexuales. Las estadísticas nacionales revelan un panorama terrible, porque entre 2010 y 2019 fueron obligadas a parir 4.145 niñas de 12 o menos años: 287 de ellas tenían nueve años. El promedio de edad de los padres eran de 24 años y el 21% de ellos tenía más de 30 años. Sin embargo, el 57% de esos nacimientos no registra información del padre. “Obligar a una mujer violada a continuar con su embarazo es un acto de crueldad”, dice Sergia Galván. “Que no se permita abortar es discriminatorio e injusto y las que pagan el costo más alto de la ilegalidad son las mujeres más pobres. Están penalizando a las mujeres pobres”, agrega.

El reclamo de las mujeres ha tenido eco en políticos jóvenes dominicanos como el diputado José Horacio, de 32 años, recientemente electo para ocupar un curul en el Congreso. Él es vocero de Alianza País, un movimiento que ha atraído a votantes jóvenes. Horacio forma parte de la Comisión de Justicia parlamentaria, que estudió la propuesta del nuevo Código Penal y logró que en el informe final emitido por la comisión se incluya la propuesta de incluir una de las causales de aborto exigidas por los movimientos feministas: cuando la vida de la mujer está en riesgo. Horacio ha ido más lejos al presentar ante la cámara un informe disidente, en el que recomienda al pleno agregar en el nuevo código las otras dos causales: por violación o incesto o cuando “el feto es inviable y tenga malformaciones incompatibles con la vida extrauterina”. Esta es la segunda batalla legislativa importante del joven diputado: el año pasado logró que se aprobara una ley que él redactó en la que se prohíbe el matrimonio infantil, legal en República Dominicana. La ley entró en vigencia en enero.

“Tengo un compromiso con los derechos humanos”, afirma por conversación telefónica. “Si aprobamos un Código Penal que penaliza el aborto, estamos penalizando derechos humanos establecidos en la Constitución”, explica Horacio. Para que el nuevo código sea aprobado se necesita la mayoría calificada de los 190 diputados que componen el Congreso, 92 de ellos del partido oficialista. “Aprobar un código sin estas causales significaría que no somos capaces de adoptar una legislación moderna, nos quedaríamos en el atraso, conculcando así derechos fundamentales”, dice el político. Al preguntársele si cree que su país podrá tener una legislación que dé a las mujeres el derecho al aborto, Horacio responde: “Será complicado, pero es una cuestión de tiempo. Tarde o temprano será ley”.

En el campamento de la dignidad sus integrantes organizan las actividades de Semana Santa. No están dispuestas a dejar la acampada y organizaciones como Católicas por el Derecho a Decidir, una agrupación de creyentes que promueve los derechos de las mujeres, se han unido para apoyarlas con acciones como vía crucis. Natalia Mármol e Ivanna Molina son jóvenes activistas que forman parte de la Coalición por la Vida y Derechos de las Mujeres. Han sido días intensos para ellas, pero los han tomado como un trabajo que defiende los logros alcanzados por las feministas que las antecedieron. “Estar aquí es el reconocimiento de mi ciudadanía plena, de mis derechos”, dice Mármol. “Aquí hay una falta de voluntad política que nos está costando la vida”, agrega. Para ellas y las mujeres de su generación la lucha por despenalizar el aborto es la esperanza de construir un país que les dé garantías de seguridad. “Este movimiento no es algo del momento. Esta es también una demanda de una democracia moderna”, afirma Molina. “Sabemos que al final del día los cambios sociales no son inmediatos, pero este campamento es un ejemplo de que se pueden lograr”, agrega. Ambas mujeres dicen que están dispuestas a agotar todos los recursos a su alcance para lograr la despenalización del aborto en su país. “Esto lo vamos a lograr de la forma que sea”, acota Molina.