“Si hubiera sabido lo que son, me habría ahorrado muchos años de abusos”

Cuando se atreven a hablar, cuando procesan el infierno que pasaron, muchas veces es tarde. Antes les ha tocado enfrentarse a la indefensión más cruel, la de un niño sometido a los abusos de un padre. De un profesor. De un padrastro. Digerirlo y tratar de sobrevivir. Cerrar los ojos y volver a revivir lo que les gustaría poder borrar de su mente y de su cuerpo. Las de Jonathan, Álex y Sara son tres historias que demuestran las carencias del actual sistema de protección a la infancia. Para ellos ya no hay remedio. El anteproyecto de ley ...

Cuando se atreven a hablar, cuando procesan el infierno que pasaron, muchas veces es tarde. Antes les ha tocado enfrentarse a la indefensión más cruel, la de un niño sometido a los abusos de un padre. De un profesor. De un padrastro. Digerirlo y tratar de sobrevivir. Cerrar los ojos y volver a revivir lo que les gustaría poder borrar de su mente y de su cuerpo. Las de Jonathan, Álex y Sara son tres historias que demuestran las carencias del actual sistema de protección a la infancia. Para ellos ya no hay remedio. El anteproyecto de ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros trata de cambiar la historia para los niños que sufren ahora violencia en todas sus formas. Para que los relatos de Jonathan, Álex y Sara no vuelvan a repetirse con otros nombres.

Jonathan, 34 años: “No podía permitir que volviera a ocurrir”

Fue el día en que vio a su padre con su hija recién nacida en brazos. La imagen de su bebé en manos de la persona que había abusado de él durante siete años de su infancia “activó el botón de alarma”, dos décadas después de lo ocurrido. Había crecido al lado del hombre que marcó su niñez. Jonathan, que no quiere dar su apellido, tiene ahora 34 años. Hace cuatro decidió denunciar. “No podía permitir que volviera a pasar lo mismo con mi hija”, recuerda este asturiano. Los abusos empezaron con seis años, tras el divorcio de sus padres, en cada turno de visitas. Así hasta que cumplió 13.

“Era una confusión enorme porque yo quería a mi padre y no sabía si lo que me hacía estaba bien o mal”, narra. Aún se le rasga la voz al contarlo. “Si hubiera sabido lo que es un abuso, a lo mejor hubiera puesto límites. O lo hubiera contado. Me habría ahorrado muchos años de abusos”, dice. La normativa que ahora iniciará su trámite parlamentario incorpora la educación sexual en todas las etapas educativas. “Tienen que sentirse en confianza de discernir y saber hasta dónde decir que sí o que no. Permite el desarrollo integral de la persona, permite ser libre”, explica Catalina Perazzo, directora de Incidencia Política de Save the Children.

La prevención es esencial. Por ello, esta experta cree que la ley supondrá un antes y un después. La compara a la de violencia de género por el “cambio cultural que va a traer”: lo importante es que la gente “no tolere” la violencia contra los niños. La normativa aborda también la detección precoz, la protección de las víctimas y la reparación. Porque las secuelas son infinitas: ansiedad, baja autoestima, amnesia, falta de concentración, depresión, tendencias suicidas. Y un largo etcétera. Jonathan tiene grabada la imagen de su madre cuando, con 30 años, se atrevió a contárselo. “Se le desfiguró la cara. Imagínate lo que tuvo que pensar ella que, sin ni siquiera imaginarlo, había vuelto con mi padre cuando yo tenía 13 años”, rememora. Entonces, el apoyo de su familia le dio fuerzas para denunciar, pero el delito había prescrito.

Este es uno de los grandes males de quienes sufren abusos. Tardan en procesar lo que les sucedió y, cuando dan la voz de alarma, muchas veces ya no hay forma de hacer justicia. El caso de Jonathan, quizás, hubiera tenido un final distinto si la ley hubiera estado en vigor hace cuatro años porque amplía la prescripción de los delitos más graves contra menores. El plazo comenzará a correr cuando la víctima cumpla 30, y no 18, como ahora. Esto quiere decir que los delitos sexuales contra menores, como mínimo, no caducarán hasta que la víctima tenga 35. En los casos más graves tendrán de margen hasta los 45.

Sara Berga, 35 años: “Denuncié para que la gente sepa lo que pasa”

La historia de Jonathan también fue, en parte, la de Sara Berga. Cuando quiso denunciar a su padrastro ya era tarde: el delito había prescrito. Abusó de ella de los 12 a los 18 años, pero no se atrevió a hablar hasta los 30. “La prescripción es un vaso de agua fría”, dice. Pero perder un año y medio en trámites fue igual de horrible. “Me hizo sentir como si me hubieran vuelto a agredir”, dice esta mujer, que hoy tiene 35 años. Ha presentado seis quejas ante la Administración por “la burocracia excesiva”, por las demoras que han marcado sus días mientras trataba de buscar justicia.

En 2018 se presentaron 24.409 denuncias por delitos violentos contra menores, aunque son solo la punta del iceberg, advierte Save the Children. La mitad de los delitos sexuales denunciados son contra niños o adolescentes. Pero según cálculos de la ONG, siete de cada 10 no llegan a juicio. “Se ha cuestionado mucho el valor de la víctima cuando es menor. A veces es su testimonio contra el del adulto. Si no los escuchamos, es complicado darle la relevancia que merece”, explica Perazzo. Un “gran avance” de esta norma, cuenta esta experta, es “la vocación de generar una transformación social”, dando a los menores la posibilidad de denunciar por sí mismos, por ejemplo, cuando tengan la madurez suficiente. Otorgándoles asistencia jurídica gratuita si son víctimas de delitos violentos graves. Dando el mandato de que en el plazo de un año se legisle para que haya juzgados especializados, regulando que los profesionales que trabajan habitualmente con niños tengan formación especializada en violencia infantil.

“No fue por venganza. Denuncié para que la gente sepa lo que pasa y no quede invisibilizado”, explica la coordinadora de la asociación El Mundo de los ASI, centrada en prevenir los abusos sexuales. “Pero con procesos tan largos, entiendo que la gente no denuncie. Sabía que iba a ser difícil, pero nunca me imaginé que no podría ni testificar. El abusador no sabe siquiera que yo le denuncié. Eso es lo más duro”, reconoce. Ella, que ha llevado su caso hasta el Senado, para exigir justicia para las víctimas, considera que la ley es un buen paso, pero exige un presupuesto acorde con las medidas que plantea. Solo así, dice, podrá ser efectiva. Solo así se podrá atender a las víctimas.

Álex Pacheco, 27 años: “Es difícil sanar cuando tienes que rememorarlo”

Contarlo es revivirlo. Denunciarlo, más. Para poder hacerlo, Álex Pacheco tuvo que volver una y otra vez a la escena que cambió su vida. Al momento en que el profesor de educación física le dio un masaje para calmar una lesión muscular. Al instante en que aprovechó para abusar de él. Denunció en 2016, un día antes de que prescribiera el delito. Tuvo que rememorar lo ocurrido ante desconocidos al menos cuatro veces: en comisaría, con su abogado, con el médico forense, en el juicio. “Te piden que seas lo más explícito posible. Y es un círculo muy cargante, más que nada por los plazos tan largos”, narra el joven de 27 años. Cuando supera una de las declaraciones, vuelve a tener que repetirla.

Pacheco se enfrentó a esta pesadilla judicial con 22 años. En el caso de los niños, el proceso es especialmente cruel. “El sistema de justicia tiene un efecto disuasorio”, explica Perazzo. “Hay madres que piensan: ‘Para qué va mi hija a testificar cuatro veces, que le pongan en duda el testimonio, que tenga que revivirlo todo”. El anteproyecto de ley prevé que los menores de 14 años solo tengan que declarar ante la policía cuando sea imprescindible, ante personal específicamente formado. Que durante el proceso de instrucción solo deban hacerlo una vez, y en entornos amigables. Solo testificarán en el juicio en caso de que resulte imprescindible. “Algo tan sencillo como pedirle al niño que cuente qué le hicieron usando un muñeco facilitará mucho la comunicación. Tenemos la obligación de poner los mecanismos para escucharles y los niños no tienen la misma manera de explicarse que los adultos”, añade.

A Pacheco le faltó un mecanismo de detección y de prevención. Cuenta que su abusador continuó dos años más dando clases en el colegio Maristas Sants Les Corts, en Barcelona. Con la ley habrá protocolos específicos en los centros educativos, deportivos y de ocio. Y una figura, el coordinador de bienestar, que mediará con los alumnos y activará los mecanismos necesarios en caso de violencia. Pacheco se atrevió a denunciar tras intentos frustrados de olvidar lo sucedido, “por vergüenza, por culpa y porque parece que si no lo dices no pasó”. Pero sí pasó. Y no ha logrado olvidarlo.