Respiradores españoles desatan la polémica en Bolivia
Un intermediario bilbaíno sin experiencia en el sector vendió 170 dispositivos de respiración asistida fabricados en Cataluña por 4,3 millones durante la emergencia
La especialidad de IME Consulting es “la generación de negocio para empresas”, explica Ignacio Mazarrasa, administrador de esta sociedad mercantil radicada en Bilbao. La crisis del coronavirus generó un nuevo negocio para él: la demanda de equipos de respiración asistida para las UCI. Mazarrasa confirma que realizó la venta de 170 respiradores al sistema sanitario de Bolivia por un valor unitario de más de 25.000 euros y un total de 4,3 millones de euros. ...
La especialidad de IME Consulting es “la generación de negocio para empresas”, explica Ignacio Mazarrasa, administrador de esta sociedad mercantil radicada en Bilbao. La crisis del coronavirus generó un nuevo negocio para él: la demanda de equipos de respiración asistida para las UCI. Mazarrasa confirma que realizó la venta de 170 respiradores al sistema sanitario de Bolivia por un valor unitario de más de 25.000 euros y un total de 4,3 millones de euros. El producto está fabricado por GPAInnova, una compañía catalana de ingeniería, fundada en 2013 y dedicada al desarrollo de robots marinos y maquinaria para pulir superficies.
El coste del contrato ha desencadenado un escándalo en Bolivia, con la detención de varios implicados en la operación, entre ellos, el ahora exministro de Sanidad Marcelo Navajas. También fueron arrestados dos empleados del Banco Interamericano del Desarrollo (BID), el organismo que financió la adquisición. La tormenta se agravó cuando la compañía GPAInnova informó de que el precio por el que habían vendido sus unidades al distribuidor, IME Consulting, es de 6.600 euros, entre la máquina y accesorios, una cuarta parte de lo facturado al Gobierno boliviano.
Mazarrasa asegura que la polémica se debe a motivos políticos y que el precio es el adecuado si se suman los gastos de transporte, el programa informático, las baterías, sensores, el mueble de apoyo y los servicios de gestión de los respiradores. El empresario añade que estas unidades se solicitaron con carácter de urgencia en un momento en el que la demanda internacional superaba la oferta disponible.
Los precios en el mercado para los respiradores de UCI —más complejos— se mueven en montantes similares o superiores a los que aceptó pagar el Gobierno boliviano, presidido por Jeanine Áñez. El Ministerio de Sanidad de España ha adquirido este mayo 200 aparatos a la empresa Tec Pharma por más de 40.000 euros cada uno. Dionisio Martínez, directivo de la alemana Dräger, comentó a Cinco Días que el precio de sus equipos de ventilación asistida para servicios críticos oscilan entre los 16.000 y los 35.000 euros. Jaume Miras, jefe de estrategia de GPAInnova, aclara que los dispositivos comprados por IME Consulting para Bolivia no tienen la complejidad tecnológica de la maquinaria profesional de UCI, sino que “son modelos de contención para una situación de emergencia”, por lo que los precios cobrados por Mazarrasa son muy superiores al de su producto. “Lo que ha pasado es consecuencia del contexto. Las fábricas no pueden cubrir la demanda y hay una presión especulativa grave. El distribuidor deberá explicar sus márgenes de beneficio”, dice Miras. Mazarrasa aseguró al diario Página Siete que su porcentaje de beneficio es del 23%.
Mazarrasa explica que aún no ha suministrado ni los sensores, ni las baterías ni la actualización del software de los aparatos ni los muebles de soporte —encargados esta semana a GPAInnova– después de que Áñez ordenara detener la transferencia de la mitad del dinero estipulado. Los respiradores también fueron motivo de conflicto porque todavía no han podido entrar en servicio, ya que el programa informático instalado no es el adecuado, según denunció la Sociedad Boliviana de Médicos de Terapia Intensiva. GPAInnova confirma que el programa informático de las unidades que llegaron a Bolivia solo funciona con pacientes sedados y no es el conveniente para el servicio más avanzado que esperaba obtener allí.
Miras, de GPAInnova, subraya que el proyecto nació para ayudar a salvar vidas, que su intención no es ganar dinero, y se desliga de cualquier irregularidad. También entiende el malestar de los médicos bolivianos porque esperaban respiradores profesionales para UCI. La empresa avanza que actualizará gratuitamente el software con el programa de su respirador de categoría superior, el Advanced. Mazarrasa defiende que cuando compró los respiradores, el software del Advanced aún no estaba homologado. El precio de este programa informático es de 3.500 euros, según Miras. Cada batería, precisa, cuesta 490 euros, los sensores, 300 euros y los muebles, 500 euros.
Sin detalles del contrato
Estos montantes adicionales, multiplicados por 170 unidades, sumados a los 6.600 euros pagados por cada equipo y al 23% de comisión que dice recibir el intermediario, ascenderían a unos 3,2 millones. Faltarían los 50.000 dólares (más de 45.000 euros) que Mazarrasa pagó por el transporte –según aclaró a Página Siete– y la contratación de la empresa local de mantenimiento. Mazarrasa no ha querido aportar a EL PAÍS los detalles del contrato argumentando que están en posesión del ministerio de Justicia boliviano.
GPA Innova ha desarrollado sus respiradores con la multinacional Siemens y los hospitales Clínic de Barcelona y Germans Trias i Pujol de Badalona. La empresa informa de que el plan ha sido supervisado por el Departamento de Salud de la Generalitat. El modelo fabricado por GPAInnova no cuenta todavía con los certificados requeridos para poder ser comercializado en la Unión Europea y en Estados Unidos. La compañía sí ha recibido la autorización de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) “para su uso compasivo en hospitales, como ensayo clínico”. La administración catalana recibió en abril cien unidades del respirador de GPAInnova para sus UCI. Miras indica que han sido contactados para distribuir los respiradores en otros países. Su disponibilidad depende de que las autoridades de cada Estado analicen el dispositivo y apliquen una medida extraordinaria como la de la AEMPS.
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