Ignacio Álvarez: “El desbordamiento sanitario en las comunidades impidió actuar en residencias”

Ignacio Álvarez (Madrid, 42 años), secretario de Estado de Derechos Sociales, es el número dos de Pablo Iglesias en la vicepresidencia segunda. El responsable del programa económico de Podemos llegó al cargo tras ejercer de profesor de Economía en la Universidad Autónoma de Madrid. Poco después de tomar posesión, estalló la crisis. Tiene dos hijos a los que últimamente no ve tanto como quisiera, y el reto de coordinar la respuesta de los servicios sociales.

Pregunta. ¿Qué d...

Ignacio Álvarez (Madrid, 42 años), secretario de Estado de Derechos Sociales, es el número dos de Pablo Iglesias en la vicepresidencia segunda. El responsable del programa económico de Podemos llegó al cargo tras ejercer de profesor de Economía en la Universidad Autónoma de Madrid. Poco después de tomar posesión, estalló la crisis. Tiene dos hijos a los que últimamente no ve tanto como quisiera, y el reto de coordinar la respuesta de los servicios sociales.

Pregunta. ¿Qué diagnóstico tiene de lo sucedido en las residencias?

Respuesta. La pandemia actúa con más virulencia en los mayores, pero la crisis ha revelado las fragilidades del sistema de cuidados de larga duración. Debemos repensar el modelo.

P. ¿Qué fragilidades?

R. La excesiva mercantilización precarizó las condiciones de trabajo, se descuidaron las ratios de personal, y más allá de que la saturación del sistema médico dificultara la medicalización de las residencias, en muchas ocasiones carecían de los medios técnicos y médicos para atender una crisis así. Debemos primar la vida en comunidad de los usuarios, pero también una atención primaria médica más cercana de las residencias.

P. ¿Por qué no se han hecho públicos los datos de fallecimientos en las residencias, que se piden a las comunidades desde hace más de un mes?

R. Las comunidades remiten datos de naturaleza diferente. Algunas, de fallecidos con covid confirmada y otras, además, también de fallecidos con síntomas compatibles. Es necesario homogeneizarlos.

P. ¿Cuándo se van a hacer públicos?

R. Esta respuesta la tiene que dar Sanidad, el ministerio competente.

“En los servicios sociales hay que hacer compatible la prudencia con la necesidad de que los servicios se presten”

P. ¿Qué se tiene que dar para que no vuelva a suceder algo así en un segundo brote?

R. La Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las patronales debemos garantizar equipos de protección individual y test en todos los centros, y que haya personal y ratios suficientes. Hemos flexibilizado las cualificaciones para que los centros puedan contratar y habilitado un fondo extraordinario de 300 millones para financiarlo.

P. ¿Cómo tiene que ser la derivación a hospitales?

R. Lo prioritario es entender que el problema de las residencias no es de índole social, sino sanitario. No podemos esperar que centros sociales solventen problemas de carácter médico, o bien la derivación a los hospitales está garantizada, o tenemos atención directa hospitalaria en residencias.

P. ¿Esto falló en esta crisis?

R. Es evidente, en muchas comunidades el desbordamiento sanitario fue muy fuerte e impidió actuar en las residencias.

P. Isabel Díaz Ayuso reconoció que si había criterios técnicos que decían que una persona iba a morir igualmente sin derivar al hospital, no lo iba a cuestionar a toro pasado. ¿Cómo lo valora?

R. Nuestra Constitución garantiza que el derecho a la sanidad es universal, sea cual sea la edad de las personas. El problema en Madrid no son tanto los efectos de una gestión peor o mejor, sino fundamentalmente la acumulación de un modelo insostenible que empezó con Esperanza Aguirre. 20 años de gestión de los servicios sociales de espalda a los servicios públicos han terminado en una situación donde Madrid se ha convertido en el eslabón más débil de una cadena que ha derivado en la crisis de los servicios sociales.

P. El modelo de residencias que quieren revisar, ¿tiene que ver con lo público-privado?

R. Hay que reorganizar los cuidados. Apostamos por servicios públicos y universales, gratuitos. No puede ser que la Administración pública, porque es una competencia autonómica, allá donde elija que esos cuidados los desarrollen empresas privadas se desentienda del control.

P. ¿Es insuficiente?

R. Esta crisis demuestra que en alguna comunidad lo ha sido.

P. ¿En qué comunidades?

R. Madrid ha sido un ejemplo.

P. En el documento de desescalada se relegan para la fase tres las residencias. ¿Cómo va a ser?

R. Estamos trabajando con las comunidades. En los servicios sociales hay que hacer compatible la prudencia con la necesidad de que los servicios se presten. Los hemos declarado esenciales.

P. ¿Cómo debería ser en su opinión?

R. Los centros residenciales, en particular de mayores, serán seguramente de los últimos en la desescalada externa. Pero esto no quiere decir que desde ya, como están haciendo algunas comunidades, no podamos adoptar medidas de desescalada interna, es decir, que mejoren las condiciones de vida. Por ejemplo, paseos internos controlados dentro de las instalaciones, para evitar un confinamiento excesivo en sus habitaciones, o garantizar derechos de videoconferencia con los familiares.

P. ¿Las visitas se relegan entonces a la fase tres?

R. Lo estamos ultimando con las comunidades, pero parece sensato pensar que sí.

P. ¿Y con los centros de personas con discapacidad se plantea otro escenario? En el documento difundido por el Gobierno se dejaban para la fase dos.

R. Ese es el escenario que se mantiene a priori, en todo caso viendo en cada comunidad si es viable y es posible.

P. En la orden que regula la fase uno se faculta a las comunidades a abrir los centros de día de mayores. Algunas comunidades lo han calificado de temeridad porque puede ser un foco de contagio.

R. La orden establece un marco general, pero deja que sean las comunidades las que marquen cómo ha de realizarse y si es posible y viable hacerlo.

P. La pobreza va a ser uno de los grandes retos. ¿Hasta qué punto pueden resistir las víctimas de la crisis de 2008 este embate?

R. Si algo está demostrando este Gobierno es que es posible gestionar una crisis de índole económica y social muy fuerte de forma distinta a como se gestionó la de 2008. En este momento se está construyendo un escudo social. De ahí la apuesta inequívoca de un ingreso mínimo vital urgente.

P. El informe Foessa hablaba de más de ocho millones de personas en situación de exclusión o pobreza. Hay un lapso grande con los beneficiarios del ingreso mínimo vital.

R. Efectivamente. Es que esta crisis ha llegado a una sociedad fragilizada como consecuencia de los recortes de la crisis anterior. De ahí nuestro empeño en un escudo social potente. Los ERTE son un ejemplo. El ingreso mínimo vital pretende llegar a más de un millón de hogares y sacar de la pobreza monetaria a más de cuatro millones de personas.

P. ¿Cómo van a convivir las rentas mínimas de las comunidades con un ingreso mínimo vital?

R. España es una excepción en Europa. Somos de los pocos países sin un sistema de renta mínima relativamente sólido. Tenemos sistemas autonómicos muy desiguales, el ingreso mínimo vital viene en parte a cubrir este problema, pretende ser un suelo que garantice un ingreso mínimo para todo español, viva donde viva. Los sistemas de las comunidades lo complementarán, serán subsidiarias del ingreso mínimo vital, mejorarán la prestación. Se cerrará la diferencia que hay entre comunidades.

P. A alguna comunidad autónoma le preocupa que no tenga un itinerario de inserción potente.

R. El ingreso mínimo vital no estará ligado a un itinerario social o laboral porque esa es competencia autonómica, tendrán que desarrollarlos en sus tramos de rentas mínimas.

P. De seis millones de personas, los servicios sociales pasarán a atender a 10 millones. ¿Están preparados?

R. Hay que reforzarlos. Tras el primer fondo social extraordinario, hemos trasladado la necesidad de seguir reforzando los servicios sociales con otros 1.000 millones. Pensamos que es necesario aprovechar esta ocasión para construir la cuarta pata del Estado del bienestar, los servicios sociales, que en España se ha desarrollado mucho más tardíamente y de forma mucho más frágil que en otros países europeos.

P. Uno de los grandes problemas de las personas en situación vulnerable que piden ayuda a la Administración es la burocracia. ¿Se va a simplificar?

R. Hemos intentado hacerlo en la legislación que tiene que ver con moratorias de hipotecas y alquiler. Pretendemos que el ingreso mínimo vital también tenga una carga de comprobación a posteriori. Una declaración responsable de la persona, igual que en otros sistemas de rentas mínimas como el navarro o el vasco, permite una tramitación rápida.

“Lo urgente es evitar que haya niños que caigan en una situación de pobreza. El ingreso mínimo vital es un objetivo urgente”

P. En abril se produjo la mayor caída en las personas en situación de dependencia atendidas por el sistema desde julio de 2014.

R. Justo antes de que empezase esta crisis, trabajábamos en un plan de choque en dependencia para solucionar dos problemas cruciales: se tarda mucho en evaluar a las personas y después de que se les conceda una ayuda, la prestación tarda mucho en llegar. Hoy es todavía más necesario. Es urgente y debemos atenderla en los próximos Presupuestos.

P. ¿Se plantea inyectar fondos antes de que haya Presupuestos?

R. Sí. Esta vicepresidencia va a trabajar para que así sea. El objetivo es que esos 500 millones presupuestados [en 2019] formen parte de la realidad con carácter urgente, e impulsarlos por decreto.

P. ¿Cuándo?

R. Estamos trabajando en ello. Aquí a veces el Gobierno de coalición no es tanto de dos partidos entre sí, sino de todos los ministerios con Hacienda.

P. ¿Por qué no se ha articulado ninguna política específica durante esta crisis para los niños que sufren violencia?

R. El estado de alarma suspendió la tramitación de la ley de protección integral frente a la violencia en la infancia y tan pronto se levante será posible seguir con ella. Pero además el Gobierno está en colaboración con entidades que prestan un servicio fundamental, como el teléfono al menor.

P. ¿Qué medidas se adoptarán para facilitar la conciliación, con los niños ahora en casa?

R. Deberíamos actualizar y reforzar el derecho de flexibilización de jornada para garantizar el deber de cuidado. Es un ámbito donde hay que avanzar.

P. Los niños son los grandes perjudicados por la desigualdad. ¿Se van a quedar atrás?

R. Colaboramos con Educación para garantizar algún tipo de curso de refuerzo pasado el verano, para que no se amplíe esta brecha. Lo urgente es evitar que haya niños que caigan en una situación de pobreza. El ingreso mínimo vital es un objetivo urgente.

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