Uruguay avanza en la fabricación de sus propios test de coronavirus
Las autoridades esperan poder hacer 1.000 pruebas diarias en vez de las 200 actuales
Con 350 casos de coronavirus declarados y cuatro fallecidos, Uruguay realiza una cuarentena voluntaria mientras sigue atento el trabajo de varios científicos que han logrado fabricar un test de detección del virus. Esas pruebas podrían industrializarse y usarse a gran escala para frenar la epidemia, pero por ahora no está claro si esa es la estrategia que seguirá el Gobierno.
Esta semana empezaron a usarse las pruebas desarrolladas por investigadores del Instituto Pasteur (qu...
Con 350 casos de coronavirus declarados y cuatro fallecidos, Uruguay realiza una cuarentena voluntaria mientras sigue atento el trabajo de varios científicos que han logrado fabricar un test de detección del virus. Esas pruebas podrían industrializarse y usarse a gran escala para frenar la epidemia, pero por ahora no está claro si esa es la estrategia que seguirá el Gobierno.
Esta semana empezaron a usarse las pruebas desarrolladas por investigadores del Instituto Pasteur (que tiene una sede en Montevideo) y de la Universidad de la República a partir trabajos y metodologías de otras universidades del mundo, que pusieron a disposición sus protocolos. Este trabajo amplía considerablemente el margen de maniobra de Uruguay: cada test de detección se compone de muchas partes diferentes, pero fabricar una o varias de ellas localmente, y no tener que importarlas todas en un kit, amplía la posibilidad de obtener suministros del extranjero con más facilidad.
“Es mucho más fácil conseguir las partes del test por separado, es además mucho más barato que importar un formato de kit. Esa es la diferencia entre tener un kit y tener un test. Para hacer un test se requiere personal altamente cualificado y laboratorios bien equipados, con mucha experiencia tanto en biología molecular como en virología”, explica Carlos Julio Sanguinetti, director del Departamento de Biotecnología de Universidad ORT.
Las autoridades esperan poder hacer 1.000 pruebas diarias en vez de las 200 actuales. Para ello tendrán que utilizarse decenas de científicos uruguayos que harán un trabajo manual para poder llegar a esa cantidad de diagnósticos.
La empresa ATGen, que fabrica reactivos de diagnóstico, se ha sumado a estos esfuerzos, ya que actualmente tiene los insumos necesarios, buena parte de ellos importados. Juan Andrés Abin, director científico de este laboratorio, explica que su objetivo es “fabricar unos 10.000 test semanales y tener una reserva permanente de 20.000”.
¿Qué capacidad de diagnóstico necesita Uruguay? En realidad, todo depende del objetivo que marquen las autoridades. El verdadero desafío sería automatizar el test uruguayo para convertirlo en un kit y poder distribuirlo a los centros de salud de todo el país. Con una población de 3,4 millones de habitantes, es factible que Uruguay pudiese controlar la epidemia mediante pruebas masivas como ha hecho, por ejemplo, Corea del Sur.
La Agencia de Innovación e Investigación (ANI) promueve esta industrialización y junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han decidido financiar a un consorcio compuesto por ATGen, la Universidad de la República y el Instituto Pasteur para que se inicie la producción de kits. Pero fuentes del sector informan que esos dispositivos difícilmente estarán listos en Uruguay antes de finales de junio.
Cuarentena voluntaria y ajuste fiscal
Uruguay está en emergencia sanitaria desde el pasado 12 de marzo, con una cuarentena voluntaria que ha paralizado la mayor parte de la actividad, con las clases suspendidas y la prohibición de todas las concentraciones. El Sindicato Médico de Uruguay y dirigentes como el expresidente Tabaré Vázquez (oncólogo de profesión) han pedido que el confinamiento sea obligatorio, pero el Gobierno presidido por Luis Lacalle Pou, que asumió el pasado 1 de marzo, ha apostado por un confinamiento progresivo con el objetivo de preservar la economía.
La estrategia oficial consiste en exhortar a la población a quedarse en casa y movilizar a las fuerzas del orden en este sentido. Así, los fines de semana un helicóptero recorre Montevideo y lanza recomendaciones por megafonía cuando detecta demasiadas personas en un lugar. Ordenados y disciplinados, los uruguayos se han tomado en serio la cuarentena y eso está teniendo un efecto sobre la progresión del virus ya que, según los datos oficiales, no se está registrando un aumento exponencial.
Pero reina cierto desorden: algunos comercios respetan las normas de distanciamiento y otros no, algunos vendedores llevan mascarillas y otros no, los transportes se llenan en las horas pico y los jubilados siguen haciendo largas colas en las calles para cobrar sus pensiones. Un otoño espléndido, especialmente soleado los fines de semana, conspira a favor de la propagación del virus y basta con mirar el intenso tráfico un domingo para entender que la gente circula, realiza visitas y reuniones.
La llegada de las vacaciones de Turismo (nombre oficial de la Semana Santa en Uruguay) pondrá a prueba la cuarentena voluntaria. El Gobierno ha exhortado a los hoteles a no recibir huéspedes, ha cerrado los campings públicos (pero solo exhorta a los privados), recomienda el turismo “intradomiciliario” y ha previsto controles en todas las carreteras para “continuar con la exhortación” a quedarse en casa.
En el frente económico, en estas dos semanas se han ido anunciando diversas medidas, facilitando la interrupción de los contratos laborales (para evitar los despidos), distribuyendo ayudas a los hogares más pobres y ofreciendo apoyo específico para los mayores de 65 que trabajan, algo habitual en Uruguay.
Pero la coalición de derechas que gobierna Uruguay está teniendo problemas para despegarse de su plan inicial, que incluía un ajuste fiscal. Así, el pasado miércoles entró en vigor un aumento de las tarifas de servicios esenciales como la electricidad, el agua o los servicios de telefonía de la empresa estatal Antel. La subida golpea a los hogares justo antes de la llegada del invierno, con los salarios mermados por el aumento del precio del dólar y por los envíos al seguro de paro, que alcanzaron récords en marzo.
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