Los consejeros del PP califican de “disparate” la propuesta educativa de Vox
Las Comunidades Autonómas, reunidas para debatir la reforma educativa que propone el Gobierno, rechazan la medida de devolver las competencias en Educación al Estado
“Disparate”. Así ha calificado el consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, Fernando Rey, la propuesta "al por mayor" de Vox de recentralizar las competencias en Educación, y ha puntualizado que la descentralización de competencias es compatible con elementos de homogeneización para lograr una "España educativa". Rey acudió la mañana de este miércoles junto al resto de consejeros de Comunidades Autónomas a la conferencia sectorial convocada por la ministra de Educación Isabel Cel...
“Disparate”. Así ha calificado el consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, Fernando Rey, la propuesta "al por mayor" de Vox de recentralizar las competencias en Educación, y ha puntualizado que la descentralización de competencias es compatible con elementos de homogeneización para lograr una "España educativa". Rey acudió la mañana de este miércoles junto al resto de consejeros de Comunidades Autónomas a la conferencia sectorial convocada por la ministra de Educación Isabel Celaá para debatir la reforma educativa que propone el Gobierno.
Antes de pasar a la reunión, Rey ha indicado que ese equilibrio necesario entre descentralización y puntos homogéneos para todo el Estado requiere de una "finura" de equilibrios que "hoy por hoy no están disponibles para partidos populistas". “La experiencia autonómica demuestra que allí donde se gestiona bien la educación, la autonomía ha sido una herramienta utilísima porque ha habido innovación y mejora", ha recalcado el consejero de Castilla-León. Y en la misma línea ha hablado su homólogo de La Rioja, Alberto Galiana, también del PP, que ha asegurado que las regiones con gobiernos populares defienden que esa gestión debe ser llevada desde sus ejecutivos autonómicos: "Debe ser llevada con moderación y con visión de Estado desde las comunidades".
También Sonia Gaya, consejera de Educación en la Junta de Andalucía por el PSOE, ha dejado patente su desacuerdo con la propuesta del partido ultraderechista. Ha subrayado que se ha luchado mucho para conseguir determinadas competencias como para que "ahora se decidan a 600 kilómetros las necesidades de una región concreta y cuáles son sus prioridades". Gaya ha contestado también a las críticas de los populares sobre la elección de centro de las familias —la propuesta de Celaá refuerza la creación de plazas en los centros públicas—. Ha explicado que el PSOE no está en contra de la libertad de elección de centro de las familias. “Las competencias autonómicas nos exigen planificación para que haya escolarización equilibrada, eso conlleva mezclar alumnos de diferentes etnias con necesidades educativas diferentes. Tenemos que garantizar la diversidad en las aulas y hacemos un esfuerzo para conseguirlo”. Y ha recalcado que más del 90% de las familias andaluzas obtienen el centro que escogen como primera opción. "En un centro educativo es fundamental tener en cuenta para el proyecto la individualidad del alumnado, el contexto social y económico de cada uno de esos entornos sociales", ha matizado, para añadir que "devolver las competencias al Estado no soluciona absolutamente nada".
Por su parte, la consejera del ramo de Navarra, María Roncesvalles (Geora Bai), ha subrayado que lejos de ir hacia una devolución de competencias, se debe avanzar hacia "más autogobierno" porque, a su juicio y según ha explicado, analizando los datos económicos se ve que es la mejor manera de obtener "resultados óptimos". Vicent Marzà, de Compromís y consejero de la Comunidad Valenciana, ha añadido que es necesaria más innovación y ha criticado que el Gobierno recupere el espíritu de la LOE, aunque ha asegurado que su partido “está contento por dejar atrás la LOMCE”. Marzà ha especificado que son varios los aspectos a mejorar dentro de la ley. La coeducación, por ejemplo con la puesta en marcha de coordinadores de igualdad en cada centro; dejar claro en la ley que no se puede segregar a niños y niñas, “porque por mucho discurso público para conseguir la igualdad esta tiene que ser una realidad en las aulas”; la gratuidad en la etapa hasta los dos años, como ya ha empezado a hacer la Comunidad Valenciana; y flexibilizar y adaptar las titulaciones de formación profesional.