“Temo por la integridad de mis hijas”
La madre de las niñas asesinadas por el padre en Castellón pidió protección para ellas. Advirtió de que las “amenazas” de su expareja siempre iban dirigidas a las menores
Pasaron demasiadas cosas aquel fin de semana de febrero. Itziar acudió a la comisaría a la 1.43 madrugada del sábado 24 para denunciar por amenazas a su marido, quien pasó una noche en comisaría. La mujer temía por ella y por sus hijas, como reflejó de forma insistente en el atestado y a la mañana siguiente en el Juzgado de Instrucción 4, que estaba de guardia. Ante el juez, la fiscal y su abogado reclamó protección para sus hijas porque “las amenazas”, dijo, “siempre van dirigidas a ellas”. En el juzgado, como horas antes en la comisaría, aseguró que él perdía con facilidad los nervios. “Temo...
Pasaron demasiadas cosas aquel fin de semana de febrero. Itziar acudió a la comisaría a la 1.43 madrugada del sábado 24 para denunciar por amenazas a su marido, quien pasó una noche en comisaría. La mujer temía por ella y por sus hijas, como reflejó de forma insistente en el atestado y a la mañana siguiente en el Juzgado de Instrucción 4, que estaba de guardia. Ante el juez, la fiscal y su abogado reclamó protección para sus hijas porque “las amenazas”, dijo, “siempre van dirigidas a ellas”. En el juzgado, como horas antes en la comisaría, aseguró que él perdía con facilidad los nervios. “Temo por la integridad de mis hijas”, dijo, según recoge la declaración.
Las niñas, Martina y Nerea, de tres y seis años, son las víctimas mortales número 26 y la 27 desde 2013, cuando se empezaron a contabilizar los menores muertos por violencia machista. El padre de las niñas, Ricardo, las mató el martes antes de arrojarse por la ventana de su casa, en un sexto piso en Castellón. La alcaldesa, Ana Marcos, pidió “perdón” a la madre en una carta: “Estamos fallando”. El Defensor del Pueblo ha abierto una investigación.
El episodio que empujó a Itziar a acudir a la policía ocurrió en una cafetería de la calle Río Adra, a pocos metros de la casa donde vivieron juntos hasta su separación en julio de 2017, cuando él ya le advirtió: “Me voy a cargar lo que más quieres”. Habían quedado porque ella debía entregarle a las dos niñas. Estaban aún en trámites de divorcio. Acababan de estrenar el convenio para la custodia de las menores. El cuidado recaía principalmente sobre ella. La conversación se tensó al hablar de los horarios de visita. Ricardo, azulejero, cambiaba constantemente de turno. Según la denuncia, él comenzó a alterarse: “Me estás arruinando. El convenio no se ajusta a la realidad, si es lo que quieres terminarás haciéndoles daño a las niñas por arruinar a su padre, que no tendré para darles de comer si sigues así”. Y añadió: “Ya te puedes ir despidiendo de las niñas”. La mayoría de las amenazas, explicaba, se producían delante de ellas.
“La levantó y la abofeteó”
Por el tono de las advertencias, Itziar traslada que él “puede estar pensando en hacerles algo malo a sus hijas. Ya las ha puesto como escudo, dice, en más ocasiones. ¿Es agresivo con ellas? Suele tener “autocontrol con ellas”, responde, según consta en la denuncia a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Pero relata un episodio del 31 de octubre de 2017, tras una fiesta de Halloween. La hija mayor le dice que no quiere volver a casa con el padre, llora y cuenta a su madre que Ricardo la cogió por la pechera del abrigo, la levantó en el aire, le pegó una bofetada. Nerea no sufrió lesiones ni precisó atención sanitaria.
La mujer se muestra segura de que su expareja reaccionará “de manera violenta”, teme por las niñas. Le preguntan si hay testigos de lo que ha contado. Dice que pueden llamar al personal de la cafetería o a una vecina del bloque de su marido. Su abogado propuso como prueba de las amenazas las grabaciones de las conversaciones entre ambos que hizo ella. Ni la Fiscalía ni la juez pidieron testigos.
“Ni un puto duro”
Itziar es muy clara cuando, a punto de cerrar la denuncia, le preguntan si tiene algo que declarar. Le preocupa que Ricardo le dice habitualmente que “se despida de las niñas”. “Te vas a quedar sola. Yo no te voy a dar ni un puto duro. De aquí yo voy a acabar en la cárcel y todos muertos”. Tras esta declaración, la Policía Nacional consideró que el riesgo de la mujer era “bajo” en virtud del sistema estandarizado de valoración de riesgo que usan los agentes. Solo en el 0,3% de las denuncias, la policía establece que las mujeres sufren riesgo alto o extremo.
En los dos días siguientes, el caso pasó primero por el Juzgado de Instrucción y luego por el Juzgado de Violencia contra la Mujer 1 de Castellón. Ninguno le concedió la protección que estaba pidiendo, aunque su abogado reclamó que se suspendiera el régimen de visitas acordado por la expareja y en vigor desde el 14 de febrero. Ese acuerdo establecía que las niñas debían pasar 12 de cada 15 días con la madre y tres con el padre. Él quería pagar 100 euros de pensión mensual por cada niña. Ella reclamaba 200.
Ni el juez de guardia ni la magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer concedieron la protección. La responsable del juzgado señaló el 27 de febrero que las medidas eran “desproporcionadas” porque él carecía de antecedentes penales y la mujer no daba —escribió— “una explicación razonable al miedo que dice sentir”. Tampoco consideró que ese miedo fuera “compatible con sus propios actos” tras haberse mudado a la misma calle. La juez se basó, además, en la valoración de riesgo “bajo” que dictaminó la policía después de que Itziar acudiera, por primera vez a pedir ayuda.
“Indicios de criminalidad endebles”
En un auto del 6 de abril, la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Castellón se pronuncia de nuevo sobre la denuncia tras escuchar los audios grabados por Itziar. Los consideró “indicios de criminalidad endebles”, en una decisión avalada por el fiscal, adelantó Efe. Fuentes judiciales explican que se valoraron en el contexto de una pareja en un proceso de separación conflictiva, con tensiones por el pago de la pensión y el régimen de visitas. Para la juez, “más allá de la ruptura familiar, se considera que las palabras vertidas por el investigado no revisten entidad penal”.