La ‘ley Wert’ llega a las aulas
La reforma educativa comienza su implantación progresiva en Primaria y FP básica
La ley Wert, séptima ley orgánica educativa de la democracia, ya está en los centros escolares. Unos ocho millones de alumnos de colegios e institutos regresan a las aulas que estrenan la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). La reforma educativa arranca en los cursos impares de Primaria (1º, 3º y 5º) con la decisión casi generalizada de las comunidades autónomas de no renovar los libros de texto y una crítica unánime de directores de centro y familias por su implantación “precipi...
La ley Wert, séptima ley orgánica educativa de la democracia, ya está en los centros escolares. Unos ocho millones de alumnos de colegios e institutos regresan a las aulas que estrenan la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). La reforma educativa arranca en los cursos impares de Primaria (1º, 3º y 5º) con la decisión casi generalizada de las comunidades autónomas de no renovar los libros de texto y una crítica unánime de directores de centro y familias por su implantación “precipitada”. Las asociaciones de padres de la escuela pública han recomendando a las familias que no opten por la nueva Formación Profesional (FP) Básica, la segunda novedad del curso. Es un modelo previsto para los alumnos más rezagados, que padres y directores consideran mal planificada.
Los estudiantes de la Comunidad Valenciana y los de algunos centros de Navarra se incorporaron a clase la semana pasada. La mayoría de las comunidades autónomas se suman desde hoy hasta el próximo viernes excepto Cataluña que inicia el curso a partir del lunes 15 de septiembre. La Generalitat catalana y otras cuatro comunidades no gobernadas por el PP (Andalucía, Canarias, País Vasco y Asturias) presentaron recursos de inconstitucionalidad contra la ley Wert tras su aprobación a finales de 2013. La mayoría de los partidos de la oposición en el Congreso (excepto UPyD, UPN y Foro de Asturias) acordaron por escrito derogarla en la próxima legislatura si el PP pierde el Gobierno. Y asociaciones de estudiantes, familias y profesores prevén movilizaciones y protestas para recibirla.
A falta de que el Ministerio de Educación ofrezca en los próximos días las cifras oficiales del nuevo curso, la evolución de los últimos años dibuja un panorama con más alumnos, menos profesores y menos dinero para la educación española. En el curso 2013-2014 hubo 8.081.972 estudiantes en las etapas preuniversitarias (0,8% más) y cerca de un millón y medio en los campus. El gasto educativo, en caída ininterrumpida desde 2009, será del 4,4% del Producto Interior Bruto (PIB). El compromiso del Gobierno con Bruselas es rebajarlo hasta dejarlo por debajo del 4% para 2015.
Esta reducción ha supuesto recortes en las ayudas a los estudiantes y un descenso de miles de puestos docentes. Las aulas públicas han perdido más de 23.000 profesores en dos cursos, según las estadísticas oficiales del Ministerio de Hacienda. Las ratios (número de alumnos por docente) en los centros públicos se acercan o superan por primera vez a las de los centros privados, según el informe del gabinete de estudios de CC OO. El sindicato critica que estos recortes hacen mella principalmente en las medidas de atención a la diversidad, tanto para reforzar a alumnos rezagados como a aquellos que despuntan por sus notas brillantes.
El gasto educativo, en caída ininterrumpida desde 2009, será del 4,4% del Producto Interior Bruto (PIB). El compromiso del Gobierno con Bruselas es rebajarlo hasta dejarlo por debajo del 4% para 2015.
“Hace cuatro años estaban garantizadas las clases de refuerzo, ya no. El sistema se resentirá de forma grave a medio plazo”, pronostica el responsable de Educación de CC OO, Francisco García.
Las familias gastarán una media de 1.874 euros por hijo en la pública y más de 5.000 en los centros privados, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). La confederación de asociaciones de padres de alumnos de la escuela pública (CEAPA) y la de la concertada (CONCAPA) advierten de que la crisis económica impedirá también este curso a muchas familias el pago de los libros de texto o de las cuotas de comedor. CEAPA considera que la reforma educativa da “cobertura legal” a las situaciones de “injusticia social y desigualdades”, según su presidente Jesús Salido. La confederación advierte de que quedan niños que pasan hambre y no tienen becas de comedor y que las ayudas para libros han disminuido o se han eliminado en la mayoría de las comunidades autónomas.
Andalucía, Asturias, Cataluña, Galicia o País Vasco no han aprobado los decretos que desarrollan los currículos de las nuevas materias. El resto lo han hecho durante las vacaciones de verano, lo que dificulta la preparación de nuevos manuales. La asociación de editores, Anele, se ha sumado a las críticas por la “precipitada y caótica implantación” de la normativa y a la alarma frente a una “reducción e incluso desaparición” de las ayudas públicas para comprar los libros.
Asignaturas como Conocimiento del Medio, se desdobla en Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. Hay una nueva materia alternativa a Religión, llamada Valores Cívicos y se han previsto nuevas unidades didácticas en Matemáticas, Lengua o Inglés.
Las aulas públicas han perdido más de 23.000 profesores en dos cursos, según las estadísticas oficiales del Ministerio de Hacienda
Concapa lamenta que la educación “sea un arma de confrontación política como ha demostrado todo este cambio de leyes”, según Luis Carbonel, presidente de la confederación de padres de la concertada. Pero da un voto de confianza a esta norma y aplaude la apuesta por el “esfuerzo” con evaluaciones externas de carácter nacional previstas en la reforma. “Esperamos que sirva para mejorar el fracaso y abandono escolar”, añade. Los alumnos de 3º de Primaria realizarán este año el primero de estos controles generalizados incluidos en la LOMCE.
El Ministerio de Educación defiende los cambios previstos en la FP Básica para luchar contra los altos porcentajes de fracaso y abandono que sitúan a España a la cola de Europa. Sustituye a los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), diseñados para los alumnos más rezagados y con dificultades para acabar la enseñanza obligatoria.
Tendrán dos años de duración a partir del tercer curso de la Educación Secundaria obligatoria (ESO) o, en caso excepcional, después del segundo. El cambio incluye 14 titulaciones. La mayoría de las comunidades han aprobado también durante el verano estos cambios. “Lo haremos lo mejor posible pero dudo de que un nuevo sistema se pueda implantar bien con tanta prisa, sin las nuevas instalaciones y sin financiación”, señala Alberto Arriazu, presidente de Fedadi, la federación de directores de instituto.
Ceapa ha recomendado a las familias que no matriculen a sus hijos en este nuevo ciclo y los mantengan en secundaria por la falta de planificación. Anuncian movilizaciones dentro de la Plataforma Estatal por la Defensa de la Escuela Pública. Aún no han fijado las fechas.
40 peticiones en Cataluña para estudiar en castellano
El artículo de la ley Wert que más ampollas ha despertado en Cataluña es el que asegura la escolarización en castellano cuando un alumno lo pida. Y si la Generalitat no consigue cumplir el mandato en una escuela pública o concertada, por no existir oferta, la familia puede acudir a una privada y después solicitar que le abonen los gastos de escolarización, unos 6.000 euros anuales. La factura la asumirá el Gobierno catalán.
La consejera de Enseñanza, Irene Rigau, admitió que están llegando un “goteo” de solicitudes de familias que piden más horas de clase en castellano. Hasta ahora, unas 40, una cifra parecida al curso pasado, pero se espera que lleguen más en los próximos días. Rigau ha evitado explicar la respuesta que se está dando a estas familias.
Solo ha asegurado que algunas solicitudes llegaron antes del 31 de julio, cuando el decreto sobre el castellano entró en vigor. Enseñanza recuerda además que para esa fecha el proceso de matriculación ya había finalizado.
Cataluña tiene este curso otro frente lingüístico abierto con el mandato judicial que obligaba a cinco escuelas dar el 25% de clases en castellano en las aulas de los siete alumnos que lo habían solicitado. Finalmente, solo dos recibirán instrucciones (todavía no se les ha enviado), ya que en los otros tres casos el alumno ha abandonado el centro, o por decisión propia o por haber acabado los estudios.