Puigdemont y el juez Llarena chocan en Bélgica en un nuevo capítulo de la denuncia contra el magistrado

Bruselas volvió a convertirse este jueves en escenario de la monumental batalla judicial que libran en el exterior los dirigentes independentistas catalanes fugados. Esta vez, ante el tribunal francófono de primera instancia, los papeles se invirtieron: Carles Puigdemont como acusación, Pablo Llarena como acusado. En medio, un debate: ¿puede Bélgica juzgar a un juez de otro país? Los líderes separatistas, ante las crecientes dudas jurisdiccionales, instan a la corte belga a preguntar al Tribunal de Justicia de la UE para que este haga la interpretación correcta. La defensa del juez del Supremo...

Bruselas volvió a convertirse este jueves en escenario de la monumental batalla judicial que libran en el exterior los dirigentes independentistas catalanes fugados. Esta vez, ante el tribunal francófono de primera instancia, los papeles se invirtieron: Carles Puigdemont como acusación, Pablo Llarena como acusado. En medio, un debate: ¿puede Bélgica juzgar a un juez de otro país? Los líderes separatistas, ante las crecientes dudas jurisdiccionales, instan a la corte belga a preguntar al Tribunal de Justicia de la UE para que este haga la interpretación correcta. La defensa del juez del Supremo no lo ve necesario: rechaza de plano que la justicia belga sea competente para pronunciarse sobre los actos de un magistrado español, acusa a los denunciantes de tratar de "presionar y desestabilizar" a Llarena con el fin último de recusarle, y les exhorta a trasladar el litigio a los tribunales españoles.

La justicia belga decidirá antes del 24 de abril entre las tres opciones a su alcance: archivar el caso y cerrar así la puerta a condenar a Llarena, lanzar la cuestión prejudicial al TJUE —lo que supondría extenderlo en el tiempo—, o examinar el fondo de la demanda y hacer público su dictamen sobre la presunta parcialidad del magistrado español.

Un año y medio después de su inicio, el proceso se ha alargado más de lo previsto. En junio de 2018, los cinco dirigentes independentistas huidos en Bélgica y Escocia —Carles Puigdemont, Meritxell Serret, Lluís Puig, Toni Comín y Clara Ponsatí— anunciaron una denuncia civil contra el juez por vulnerar su derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia tras unas declaraciones en Oviedo en las que afirmaba que no eran presos políticos.

Las partes se han reencontrado en Bruselas en una vista ante los tres jueces a cargo del caso. Frente a ellos, han defendido posiciones contrapuestas. Ni Puigdemont ni Llarena estuvieron entre los presentes. Este último estuvo representado por el abogado belga Hakim Boularbah, que insistió en que los tribunales de su país no pueden asumir un caso contra un juez extranjero. El letrado, contratado por el Gobierno español, cree que la denuncia solo busca "exportar el conflicto político ante los tribunales belgas", un entorno incómodo para Llarena por desarrollarse en un sistema legal que desconoce con una lengua de trabajo que no domina.

El toma y daca se prolongó durante tres horas por la mañana, y continuó por la tarde. Los abogados del expresidente catalán dedicaron su intervención inicial, de más de media hora, a retroceder en el tiempo para recordar los antecedentes del choque de los líderes independentistas con el Estado. Un aluvión de fechas y acontecimientos que supuso una suerte de viaje en el tiempo desde el estatuto de autonomía catalán, mutilado en 2010 por el Tribunal Constitucional, hasta la huida de sus clientes a Bélgica.

En la enumeración, dibujaron a Llarena como un juez que ha olvidado la frontera entre el poder político y judicial, apoyándose en momentos como su polémica cena con el concejal del PP del Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández Díaz. España tampoco salió bien parada: las recurrentes comparaciones con Polonia y Hungría subieron un peldaño más para acabar con el abogado Christophe Marchand evocando la tiranía de Kazajistán para definir la respuesta española a la convocatoria del referéndum del 1-O.

Los abogados de los independentistas pretenden que Llarena sea condenado a indemnizarles con un euro simbólico a cada uno por su supuesta falta de imparcialidad, aunque más allá de la cuestión económica, son conscientes de que la denuncia tiene escaso recorrido práctico, y buscan una victoria política que les ayude a cuestionar el funcionamiento de la justicia española.

Los cinco demandantes afirman que Bélgica tiene competencias para tratar el asunto porque es el país en el que residían cuando el juez realizó las controvertidas declaraciones en Oviedo. Pero el argumento está lejos de tener validez para los letrados del magistrado, que creen que si Bélgica entrara en el fondo de la cuestión, se abriría la puerta a una situación caótica. "Imaginad que se pudiera abrir un proceso judicial contra otro Estado en cualquier país de la UE cuando no estamos de acuerdo con una decisión de la justicia", señalaron. "Si mañana Bélgica violara el derecho europeo de forma flagrante estaré feliz de que jueces españoles se le digan", argumentó Marchand.

Boularbah enmarcó las declaraciones de Llarena en el entorno hipermediatizado que siguió al referéndum del 1 de octubre. Y justificó las palabras de su cliente con la necesidad de dar a conocer su punto de vista sobre lo que estaba ocurriendo en un momento de máxima tensión. "Forma parte del deber del magistrado dar información general al público. Respondió de forma neutra y general", defendió.

En la sala estuvieron dos representantes de la embajada española, dado que el Estado asumió hacerse cargo de la defensa de Llarena, así como los exconsejeros y eurodiputados Clara Ponsatí y Toni Comín. Este último insistió en que se ha vulnerado su presunción de inocencia y su derecho a un juez imparcial, e ironizó sobre la ausencia de Llarena. "Veníamos con la ilusión y la expectativa de que compareciese, ha sido una decepción", afirmó burlón.

Si en el primer cara a cara sobre Llarena en septiembre de 2018 el exterior del tribunal amaneció plagado de lazos amarillos, en esta ocasión la simbología se limitó a las banderas esteladas que portaban varios simpatizantes independentistas.