Casado sugiere que las condenas del ‘procés’ son blandas por cambios legislativos del PSOE

Álvarez de Toledo admite su "decepción" con la sentencia del Supremo y cree que no debería haberse publicado "en plena campaña electoral"

Pablo Casado comparece en el Congreso para valorar la sentencia del procés el pasado lunes.Vídeo: VICTOR J BLANCO (GTRES) / EUROPA PRESS
Madrid -

El PP alaba la labor de los jueces del Supremo que ha condenado a penas de entre 9 y 13 años a los líderes del procés, pero no oculta que le parece blanda y señala al PSOE como responsable. El líder popular, Pablo Casado, ha asegurado este martes en un acto en Ávila que existen "carencias en el ordenamiento jurídico después de que el PSOE en los años noventa suprimiera alguna calificación penal que hoy hubiera sido de gran utilidad a la hora de calificar los hechos delictivos de los ...

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El PP alaba la labor de los jueces del Supremo que ha condenado a penas de entre 9 y 13 años a los líderes del procés, pero no oculta que le parece blanda y señala al PSOE como responsable. El líder popular, Pablo Casado, ha asegurado este martes en un acto en Ávila que existen "carencias en el ordenamiento jurídico después de que el PSOE en los años noventa suprimiera alguna calificación penal que hoy hubiera sido de gran utilidad a la hora de calificar los hechos delictivos de los políticos independentistas en Cataluña, como el delito de rebelión impropia [que no exige la violencia]". Según Casado, de haber estado ese delito actualmente en el Código Penal, los españoles se habrían sentido "más identificados" con la sentencia del Supremo y sus magistrados podrían haber dictado unas condenas "de acuerdo con el alegato de la fiscalía y con el escrito inicial de la Abogacía del Estado". 

Como hizo el día anterior, el presidente del PP ha presentado la sentencia del procés como la demostración de que las instituciones funcionan y "quien la hace la paga". Sin embargo, inmediatamente después, ha añadido: "El Estado de derecho a veces necesita que los políticos les demos herramientas a los jueces para poder luego dictar sentencias que se adapten más a la gravedad de lo que ha sucedido y a las nuevas realidades delictivas que hay en España".

En la misma línea se ha pronunciado la portavoz popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, que en una entrevista en La Cope ha dicho: "Yo comparto la posición de la fiscalía. Lo vivido el 1 de octubre no me pareció un simulacro o una ensoñación. Esta decepción personal es compatible con el respeto a la sentencia". La cabeza de lista a las elecciones por Barcelona también ha declarado que publicar la sentencia en plena campaña electoral "no ha sido la mejor idea".

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Casado ha asegurado que durante su conversación con el presidente en funciones el día anterior le pidió que rompiera los acuerdos que el PSOE mantiene con formaciones independentistas."Le he dicho que si quiere tener el apoyo del PP para afrontar el desafío independentista y tener alguna credibilidad, tiene que romper hoy mismo esos acuerdos con los partidos de los líderes que han sido condenados por sedición. Ya está tardando".

El líder popular también ha anunciado que si llega al Gobierno recuperará las competencias en materia penitenciaria trasladadas a Cataluña. Esa promesa necesitaría de una reforma del Estatut o de la Constitución y hoy por hoy no contaría con los votos suficientes.

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La sentencia del Supremo da un tirón de orejas a los políticos que han insistido durante meses en que el Gobierno se comprometa a no indultar a los condenados por el procés, fundamentalmente, del PP y Ciudadanos. "El debate sobre la procedencia de un indulto, cuando todavía ninguno de los acusados ha sido declarado culpable, es un elocuente ejemplo de falta de rigor y responsabilidad institucional", reprochan los magistrados.

La fundación del expresidente del Gobierno José María Aznar, FAES, también ha hecho público un comunicado con su análisis de la sentencia. En él asegura que "la línea seguida por la fiscalía", esto es, la de considerar a los procesados culpables también de un delito de rebelión, "seguramente correspondía más fielmente con la percepción social de lo ocurrido en Cataluña".

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