La abogada del Estado da luz verde para liberar 4.500 millones a las autonomías
La ministra María Jesús Montero ha anunciado la aprobación de las entregas a cuenta, que probablemente se efectuará en el Consejo de Ministros del viernes
En funciones, sin presupuesto y a apenas un mes de las elecciones, el Gobierno subirá las pensiones con la inflación —un gasto extra de cientos de millones— y desbloqueará 4.500 millones de euros para las autonomías.Pese a las dudas jurídicas expresadas por algunos técnicos, la abogada general del Estado ha dado finalmente el visto bueno a Hacienda para liberar esos fondos a través de un resquicio legal, clave para evitar recortes por parte de los Gobiernos autónomos.
La ministra María Jesús Montero a...
En funciones, sin presupuesto y a apenas un mes de las elecciones, el Gobierno subirá las pensiones con la inflación —un gasto extra de cientos de millones— y desbloqueará 4.500 millones de euros para las autonomías.Pese a las dudas jurídicas expresadas por algunos técnicos, la abogada general del Estado ha dado finalmente el visto bueno a Hacienda para liberar esos fondos a través de un resquicio legal, clave para evitar recortes por parte de los Gobiernos autónomos.
La ministra María Jesús Montero anunció este miércoles la aprobación de las entregas a cuenta, que puede aprobarse ya en el Consejo de Ministros del viernes.
La inminente sentencia del procés es esencial para el futuro del modelo territorial, el denominado federalismo asimétrico que llegó con la Transición. La otra clave de bóveda para ese asunto —medular para reajustar el modelo de Estado— es la financiación autonómica: el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez ha anunciado una reforma exprés del modelo —con más de un lustro de retraso— si gana las elecciones, pero Hacienda ha maniobrado en las últimas semanas para desbloquear una partida de 4.500 millones de euros. Persigue así que las comunidades más asfixiadas eviten aplicar la enésima ronda de recortes desde que empezó la Gran Recesión.
La financiación autonómica es una formidable fuente de conflictos entre Hacienda y los Gobiernos autónomos desde hace décadas. El último lío colea desde hace meses: tras un rifirrafe entre el ministerio y las comunidades, la Abogacía del Estado, en un informe fechado el 27 de agosto, impedía a un Gobierno en funciones desbloquear los fondos de las entregas a cuenta a las autonomías para no reducir el margen de maniobra del siguiente Gobierno. Hacienda encontró una enrevesada rendija legal para sortear ese obstáculo: con la repetición de elecciones es muy improbable que haya un nuevo Gobierno en 2019, por lo que abonar esos 4.500 millones este año no comprometería al nuevo Ejecutivo que salga de las urnas el 10-N, según adelantó EL PAÍS.
A pesar de las reticencias de parte de los técnicos, informan algunas fuentes, la abogada general del Estado, Consuelo Castro, ha dado finalmente luz verde a Hacienda para liberar los fondos. “No es un cambio de criterio de la abogacía: es que las circunstancias han cambiado y las elecciones del 10-N permiten esa salida”, explicó un portavoz del ministerio, que niega que hayan existido forcejeos —básicamente de los servicios jurídicos de Hacienda— al respecto.
El presidente Pedro Sánchez aseguró en Telecinco que el desbloqueo de los fondos es cuestión de “días”. La ministra Montero fue aún más allá y explicó —en una entrevista a Efe— que el Gobierno establecerá a partir de ahí un precedente que garantiza “la autonomía financiera de las comunidades autónomas”, que podrán contar con esos fondos con o sin Gobierno; con o sin Presupuestos. De esa manera, “no habrá excusa” para que las autonomías aprueben sus presupuestos.
El Gobierno estima cada año las entregas a cuenta en función de las estimaciones de ingresos de una cesta de impuestos (IRPF, IVA e impuestos especiales). El problema surge si hay diferencia entre esa previsión y los ingresos finales: esos 4.500 millones a favor de las comunidades correspondiente a este año proceden de esa diferencia. En situaciones normales —con Gobierno y con los Presupuestos aprobados— no había problema para abonar esos fondos, pero van ya varios ejercicios anómalos que han provocado problemas en las haciendas regionales para elaborar sus presupuestos. Para Montero, el informe de la abogada del Estado sienta “un precedente fundamental” para las finanzas territoriales, que ya no van a depender de que haya Gobierno o de que haya Presupuestos. Sin embargo, tanto Cataluña como las autonomías del PP (e incluso con la boca pequeña alguna del PSOE) han acusado al Gobierno socialista de hacer “electoralismo” con esa partida. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, habló de “presupuestos secuestrados”. El gallego Alberto Núñez Feijóo culpa al PSOE de “utilizar las instituciones” y de “jugar” con una “emergencia financiera”.
Con la interminable campaña electoral de los últimos meses han llegado promesas para todos los gustos sobre financiación. Sánchez se comprometió hace unas semanas en Valencia a tener listo un nuevo modelo en apenas “ocho meses” si gobierna, a pesar de que el sistema debió reformarse allá por 2014 y la negociación suele eternizarse. El líder del PP, Pablo Casado, prometió este miércoles —también en Valencia, una de las comunidades en peor situación fiscal— aprobar un nuevo modelo de financiación si es presidente, que dé más fondos a los Gobiernos autónomos. Casado ha anunciado también “una rebaja masiva de impuestos”, lo que dejaría menos ingresos públicos para repartir. Pero esa es otra historia.