El informe sobre el proceso separatista rompe la unanimidad en el Tribunal de Cuentas

El pleno del Tribunal de Cuentas aprobó este jueves un informe sobre el "destino dado a los recursos asignados a la ejecución de las políticas de acción exterior" de la Generalitat de Cataluña en favor del proceso independentista entre 2011 y 2017 que el fiscal de ese órgano ha decidido elevar a la Fiscalía General del Estado ante un total de 24 "indicios de responsabilidad" penal y contable detallados, como ya adelantó EL PAÍS el pasado lunes. El informe provocó un debate, y discusión, entre los 11 componentes del pleno, más por expresiones o conclusiones exageradas del documento que sobre su...

El pleno del Tribunal de Cuentas aprobó este jueves un informe sobre el "destino dado a los recursos asignados a la ejecución de las políticas de acción exterior" de la Generalitat de Cataluña en favor del proceso independentista entre 2011 y 2017 que el fiscal de ese órgano ha decidido elevar a la Fiscalía General del Estado ante un total de 24 "indicios de responsabilidad" penal y contable detallados, como ya adelantó EL PAÍS el pasado lunes. El informe provocó un debate, y discusión, entre los 11 componentes del pleno, más por expresiones o conclusiones exageradas del documento que sobre su fondo, y alguno de los consejeros progresistas anunció incluso que estudia presentar un voto particular.

El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres, ha remitido a la Fiscalía General del Estado su escrito de conclusiones en el que solicita que se investiguen las posibles responsabilidades de los dirigentes de la Generalitat de Cataluña, tras obtener este jueves la certificación a favor del pleno de ese órgano fiscalizador. El dinero bajo sospecha desglosado en el informe del fiscal supera los 7,3 millones de euros, aunque el tribunal no ha cerrado un balance global con la cantidad final.

Los 11 consejeros presentes han debatido durante casi dos horas, fundamentalmente, sobre pasajes —que algunos consideraban "exagerados" y no suficientemente demostrados— contenidos en el documento previo de casi 530 páginas encargado al ponente del caso, el consejero conservador Ángel Algarra, economista procedente de la Universidad CEU San Pablo. En el pleno del Tribunal de Cuentas hay ahora siete consejeros de procedencia conservadora, nombrados a propuesta del PP, y cuatro progresistas, impulsados por el PSOE e IU.

Algunos de los consejeros denominados progresistas expresaron sus reticencias no sobre el fondo del trabajo, que determina que la Generalitat usó durante años dinero público para promocionar y publicitar el separatismo, sino sobre algunas expresiones y retratos que no consideraban bien fundamentados o que consideraban directamente desafortunados. También hubo debate sobre algunas alegaciones planteadas por la Generalitat. Alguno de esos consejeros avanzó que quería estudiar en las próximas horas la posible presentación incluso de un voto particular, algo no muy usual entre los consejeros del Tribunal de Cuentas y menos sobre un asunto de esta naturaleza. Esa decisión se conocerá en los próximos días.

El discutido trabajo del ponente se sustenta, sin embargo, sobre un informe mucho más preciso y determinante del fiscal del tribunal donde se empieza por constatar la existencia de 45 viajes internacionales con un coste cercano al medio millón de euros del presidente de la Generalitat (en esos años Artur Mas y Carles Puigdemont) y de los consejeros "cuya finalidad principal no se relaciona con la proyección en el exterior de Cataluña" ni con el fomento de sus intereses en su conjunto "sino vinculados a la promoción del proceso soberanista en el ámbito internacional". La mayoría de esos desplazamientos fueron para impartir o participar en conferencias o reuniones para dar a conocer los objetivos independentistas y recabar respaldo y reconocimiento internacional.

Uso de fondos públicos

El órgano fiscalizador corrobora en ese caso y en muchos otros que se usaron así fondos públicos para satisfacer intereses particulares y contraviniendo el principio de "lealtad institucional mutua".

En la realización de ese trabajo fiscalizador el tribunal observa que se produjeron numerosas limitaciones porque la documentación reclamada a diferentes departamentos de la Generalitat se facilitó "desordenada e incompleta" y con irregulares justificaciones o sin las correspondientes memorias. El informe precisa incluso que la Generalitat entregó al final una serie de cajas con 2.795 documentos y unas 10.000 notas que en muchas ocasiones aparecían como meros "tickets pegados en hojas o facturas que contenían anotaciones a mano con mínimas referencias explicativas" o títulos que no se entendían.

Para sustentar su teoría de que departamentos como la Secretaría de Acción Exterior y de la Unión Europea de la Generalitat tenían como finalidad primordial y recurrente "dar a conocer, impulsar, fomentar, promocionar, publicitar y tratar de conseguir respaldo internacional del llamado procés" el informe fiscal remite a su vez una serie de notas internas de ese negociado. Uno de esos avisos del secretario general de Acción Exterior a casi todos los cargos de su departamento fue el 29 de agosto de 2013 precisamente sobre las normas para elaborar esas notas tras hablar con el consejero: "Me ha pedido mayor celeridad en la recepción de notas relativas a temas que afectan a la transición nacional". Tras esa orden se estableció "un canal rápido-exprés" para enviarle esas acotaciones al consejero.

El fiscal detalla hasta 166 actividades de los responsables de ese departamento de Acción Exterior entre 2013 y 2015 para fomentar y publicitar el reconocimiento del procés, como por ejemplo la "intensificación de contactos con países con situaciones semejantes buscando paralelismos y contradicciones", más comunicaciones con las embajadas, entrevistas y reuniones con periodistas extranjeros, más intervenciones en conferencias y debates sobre el tema, acompañamientos al presidente y los consejeros a ese tipo de actos y a viajes oficiales con esa finalidad y reuniones con parlamentarios de otras naciones.

El responsable de esa secretaría convocaba dos veces al año en Barcelona a los delegados internacionales y de órganos como el Diplocat para tratar sobre los argumentarios redactados para difundir el proceso.