El Congreso rechaza el intento del PP de prohibir los lazos amarillos en los edificios públicos
Todos los partidos critican por partidista y electoralista la propuesta popular de legislar para evitar el uso de esos símbolos
Todos los partidos con representación en el Congreso han criticado con dureza y rechazado este martes la proposición de ley del PP sobre "la defensa de la convivencia social, la neutralidad institucional y los símbolos nacionales", cuyo objetivo declarado era evitar la utilización de los lazos amarillos en los espacios públicos de Cataluña y su exhibición por parte de funcionarios. ...
Todos los partidos con representación en el Congreso han criticado con dureza y rechazado este martes la proposición de ley del PP sobre "la defensa de la convivencia social, la neutralidad institucional y los símbolos nacionales", cuyo objetivo declarado era evitar la utilización de los lazos amarillos en los espacios públicos de Cataluña y su exhibición por parte de funcionarios. Hasta Ciudadanos, que apoyó su toma en consideración, ha cuestionado su necesidad y la ha tildado de "partidista y electoralista". Los demás partidos han justificado su rechazo en que se trataba de coartar la libertad de expresión. Para el PSOE, además, el PP quiere "emponzoñar la convivencia social y usar los símbolos como arma arrojadiza".
La portavoz del PP en la Cámara baja, Dolors Montserrat, asumió la defensa de esta proposición de ley y no escondió su pretensión fundamental de conseguir que el PSOE se retractara: "Queremos recuperar la democracia en las instituciones catalanas y respetar los sentimientos y la dignidad de todos frente a la ocupación abusiva del espacio público por los independentistas totalitarios que imposibilitan la concordia". Así interpretó Montserrat la necesidad de limitar la exhibición de lazos amarillos, que son utilizados para recordar la situación de los políticos independentistas que están prisión.
Montserrat ha reprochado a los socialistas que se desmarcaran de esta iniciativa para, inmediatamente, interpretarlo como el apoyo a sus "socios separatistas". Entre ellos, ha dicho Montserrat, está el presidente de la Generalitat, Quim Torra, a quien ha acusado de subvencionar el enfrentamiento "con esteladas en los balcones, generando confrontación e incidentes entre los catalanes". La portavoz parlamentaria del PP ha dibujado un panorama de división total y el consecuente drama en muchas familias catalanas por culpa del proceso separatista: "Los que llevan lazo nos están señalando a los que no lo llevamos", ha dicho. Con esta iniciativa, que ha sido rechazada, pretende "preservar la neutralidad de los espacios públicos". Desde la tribuna de oradores ha mostrado fotografías ampliadas de lazos en la playa de Llafranc o en el mercado de Vic. Al portavoz de ERC, Joan Tardá, lo ha animado a ser "valiente" y que fuesen juntos a esos lugares en defensa de símbolos nacionales y autonómicos como la senyera catalana.
Las apelaciones de Montserrat no han tenido ningún eco en la Cámara. Ni en los grupos nacionalistas catalanes, ni de otras autonomías, ni tampoco en el PSOE ni, incluso, en Ciudadanos. A todos les pareció una proposición poco oportuna y de tintes electoralistas, por la proximidad de las elecciones andaluzas, convocadas para el 2 de diciembre. Solo se ha escuchado una voz a favor de la propuesta del PP, la de su socio en Navarra, Jesús Salvador (UPN), que ha recordado una reciente polémica por un sketch de humor de un presentador en el programa El Intermedio: "Por cada Dani Mateo que se suena los mocos con la bandera de España hay millones que la respetan y la quieren".
En el rechazo total a la proposición del PP coincidió la portavoz de Bildu, Marián Beitialarrangoitia, que lamentó el nuevo intento de los populares de imponer "qué sentir, qué pensar y qué símbolos respetar" en un espacio público que debería ser más plural. También lo han hecho otros portavoces del Grupo Mixto, como el diputado independentista Sergi Mikel Valentí (PDeCAT), que ha calificado a Montserrat —a quien siguió llamando "ministra de Sanidad" por su última responsabilidad en el Gobierno de Mariano Rajoy— de "golpista del 36" o "franquista" por intentar limitar su libertad de expresión. Mikel Legarda, del PNV, tampoco ha compartido la pretensión del PP y ha considerado más importante proteger la libertad de expresión que la dignidad de los símbolos, "y , menos aún, si estos son expresión de iniciativas partidistas", ha afirmado.
Tardá, de ERC, retomó la parte más personal de la intervención de Montserrat, sobre la división en el seno de las familias, para contar que en la suya hay miembros que no son independentistas como él y, sin embargo, se llevan bien, se quieren, y nadie ha expulsado a nadie. Y ha planteado a la dirigente del PP que quizás la culpa de su problema particular podría tener que ver con su carga ideológica. El republicano se ha mostrado contrario a restringir la libertad de expresión y, sobre todo, a la supuesta neutralidad de los símbolos: "El lazo LGTBI, el lazo rojo, el lila, el lema 'Bienvenidos refugiados' e incluso el lazo amarillo por supuesto que no son neutrales".
El diputado de Ciudadanos Miguel Gutiérrez ha sido incluso más duro. Ha despachado como "innecesaria" la proposición y ha lamentado que el PP use su cupo de presentación de iniciativas legislativas "electoralistas" para temas que no interesan a la ciudadanía. Gutiérrez ha reprochado a los populares que no les respaldaran al máximo nivel en su reciente acto en Alsasua en apoyo a los guardias civiles golpeados. También ha cuestionado que al PSOE "sanchista" le cueste tanto ensalzar la bandera española en contra de lo que hacía en su momento otro socialista como José Bono.
El PSOE replicó con dureza a las llamadas del PP. El diputado Artemi Rallo incidió en que la verdadera intención de los populares era "emponzoñar la convivencia social, usar los símbolos como arma arrojadiza y buscar atizar el fuego del conflicto para extender las tensiones" en Cataluña. El portavoz socialista alertó sobre los riesgos de limitar en España espacios de libertad de expresión que luego se puedan demandar, recurrir y perder ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que retraten la debilidad de España en el campo de las libertades fundamentales.