Los socios avisan a Sánchez de que defender a Llarena complica el diálogo
Carles Campuzano asegura que Pedro Sánchez ha cambiado de criterio "amedrentado ante la derecha judicial y política"
La defensa del juez Pablo Llarena ante la demanda en Bélgica que le ha interpuesto Carles Puigdemont ha puesto en evidencia los complicados equilibrios a los que se ve sometido el Gobierno con sus socios parlamentarios. Podemos, ERC y PDeCAT han reprochado este lunes al Ejecutivo que ampare al magistrado, y los catalanes advirtieron de que la decisión complica el diálogo con Cataluña. A cambio, Ciudadanos y el PP piden más contundencia y actuar contra el juzgado belga.
Los socios parlamentarios del Go...
La defensa del juez Pablo Llarena ante la demanda en Bélgica que le ha interpuesto Carles Puigdemont ha puesto en evidencia los complicados equilibrios a los que se ve sometido el Gobierno con sus socios parlamentarios. Podemos, ERC y PDeCAT han reprochado este lunes al Ejecutivo que ampare al magistrado, y los catalanes advirtieron de que la decisión complica el diálogo con Cataluña. A cambio, Ciudadanos y el PP piden más contundencia y actuar contra el juzgado belga.
Los socios parlamentarios del Gobierno sí ven un cambio de criterio en el anuncio el domingo de La Moncloa de que se ultima la contratación de un despacho de abogados para defender a Pablo Llarena en Bélgica. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, se ha esforzado en tratar de explicar que no había tal cambio de parecer sino una “continuidad” en el trabajo de su departamento, pero en opinión de sus aliados en la moción de censura, Podemos, ERC y PDeCAT, el movimiento el domingo del Ejecutivo obedece en realidad a las presiones de la derecha. Los catalanes reprocharon su “cobardía” a Pedro Sánchez y avisaron de que la decisión complica el diálogo entre Cataluña y España.
“El Gobierno Sánchez se ha equivocado”, sentenció el portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, tras acusar al presidente de haberse “amedrentado” ante la presión de “la derecha mediática y política” que reclamaba que se defendiera a Llarena. El partido de Puigdemont defendió los intereses del expresident y argumentó que no tiene ningún sentido que el Gobierno proteja y ampare las declaraciones de Llarena por acusaciones “falsas” al político huido.
El tono del reproche fue incluso más duro en ERC. “Se le presumía un poco más de valentía a Pedro Sánchez, al PSOE y a toda la esperanza que conllevaron con su nombramiento. Lo que hacen es decepcionar”, se quejó el portavoz adjunto, Gabriel Rufián, que llamó al juez del Supremo “lacayo de según qué despachos de Génova, 13”, sede del PP.
Aunque ninguno de los dos partidos que gobiernan en Cataluña amenaza con romper la baraja a propósito de la decisión del Gobierno con respecto a Llarena, sí que avisan de la fragilidad del proceso de diálogo en marcha entre La Moncloa y el Govern. El diputado del PDeCAT advirtió durante el debate en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, reunida este lunes, de que las conversaciones “deben dar resultados” o de lo contrario la situación seguirá “empantanada”. Y en conversación con EL PAÍS, el portavoz del PDeCAT avisó al Ejecutivo socialista de que la defensa de Llarena “complica el diálogo político” entre ambas Administraciones. Joan Tardá, portavoz de ERC, define gráficamente la complejidad que rodea al apoyo que su partido presta al Gobierno en el Congreso mientras sigue en paralelo la causa contra el procés. “El tema judicial será el talón de Aquiles de nuestra relación”, dijo a este diario. “Si la fiscalía no se mueve, fatal”, resumió.
Sánchez tendrá que mantener el equilibrio además con su principal socio parlamentario, Unidos Podemos, que tampoco respalda la defensa de Llarena. El secretario de Organización, Pablo Echenique, juzgó “absurdo” que el Estado se involucre porque la demanda obedece a “declaraciones que ha llevado a cabo [el juez] en su actividad privada”. El contenido de la demanda de Puigdemont, aunque utiliza unas declaraciones del juez en una conferencia en las que manifiesta que en España no hay presos políticos, deslegitima el proceso judicial contra el procés y afirma que en España no se respetan los derechos humanos.
A las tensiones con sus aliados, el Gobierno suma la oposición del PP y Ciudadanos, que piden más contundencia con los independentistas y garantías de que se actuará en defensa del juez. El partido de Albert Rivera no se fía de las intenciones de Sánchez y ha registrado una proposición no de ley en el Congreso para que sea la Cámara Baja la que mandate al Gobierno a asumir la representación jurídica de Llarena en Bélgica. La iniciativa pretende que el Parlamento condene también el “acoso, señalamiento y persecución” al magistrado. Él líder del PP, Pablo Casado, pidió incluso que la fiscalía estudie si puede querellarse contra el juzgado belga solo por admitir la demanda contra Llarena.
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