El Gobierno interviene todos los pagos de servicios esenciales y nóminas de la Generalitat

Los gastos esenciales y las nóminas de los empleados de la Generalitat de Cataluña quedarán en manos del Estado. El resto, paralizado. El Ejecutivo de Rajoy ha exigido este viernes al Govern que ponga en marcha un acuerdo de no disponibilidad presupuestaria o cierre contable sobre todo el gasto que no sea sanidad, educación, servicios sociales y nóminas. Eso implica que las partidas no esenciales quedan congeladas y que no se podrá gastar más en ninguna de ellas. En caso de necesitar que se pague algo ya comprometido en esos capítulos no fundamentales, la Generalitat deberá acudir a Hacienda c...

Los gastos esenciales y las nóminas de los empleados de la Generalitat de Cataluña quedarán en manos del Estado. El resto, paralizado. El Ejecutivo de Rajoy ha exigido este viernes al Govern que ponga en marcha un acuerdo de no disponibilidad presupuestaria o cierre contable sobre todo el gasto que no sea sanidad, educación, servicios sociales y nóminas. Eso implica que las partidas no esenciales quedan congeladas y que no se podrá gastar más en ninguna de ellas. En caso de necesitar que se pague algo ya comprometido en esos capítulos no fundamentales, la Generalitat deberá acudir a Hacienda con la factura certificada y el Gobierno central decidirá si la abona o no.

No obstante, Hacienda ha concedido al Govern 48 horas para que le remita una lista con los pagos prioritarios que precise hacer este año y que no se correspondan con servicios esenciales. Y el Ejecutivo de Rajoy decidirá cuáles paga. A partir de entonces, cualquier otro gasto de la Generalitat distinto de los servicios fundamentales tendrá que ser directamente aprobado y abonado por el Gobierno central.

El Gabinete de Rajoy pretende estrechar el cerco sobre el dinero disponible en Cataluña y que no se destine ni un solo euro público al referéndum previsto para el 1 de octubre. Tras el Consejo de Ministros, el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha explicado que pagará directamente los servicios básicos y las nóminas con cargo a los 1.400 millones al mes de financiación autonómica que suelen transferirse a la Generalitat. Este dinero de los tributos del Estado se dejará de entregar al Govern. La Generalitat solo contará con los ingresos de sus impuestos propios, unos 250 millones al mes procedentes de gravámenes como Patrimonio, Sucesiones o tasas medioambientales. Y, aún así, solo podrá gastarlos con la autorización explícita y específica del Estado.

Montoro también ha impuesto una autorización previa para todas las operaciones de endeudamiento del Govern, incluidas las de corto plazo que antes no se fiscalizaban. En definitiva, la Generalitat tendrá las manos atadas para poder gastar.

Montoro ha tildado de “novedoso” este sistema de control que, según ha anunciado, aclarará la próxima semana en una comparecencia en el Congreso. El presidente Rajoy ya ha explicado el mecanismo al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y al líder de Ciudadanos, Albert Rivera.

Los bancos avisarán de pagos del 1-O

Según figura en la referencia del Consejo de Ministros, también se va a exigir a los bancos que sus sucursales “eviten colaborar con las actividades del referéndum ilegal, como ya hacen frente a otras posibles actuaciones delictivas como puede ser el blanqueo de dinero”, ya sean fondos de naturaleza pública o privada. De esta forma, avisa el Gobierno: “Si estas entidades detectan algún pago o transferencia relacionada con el referéndum del 1 de octubre, deberán comunicarlo al Ministerio Fiscal”. El Ejecutivo señala además que cualquier pago que la Generalitat haga a través de un banco debe ir acompañado de un certificado de los interventores del Estado acreditando “que no está relacionado con ese proceso ilegal”.

Esta ha sido la rotunda respuesta del Gobierno a la decisión de la Generalitat de no cumplir con su obligación de informar de sus cuentas a Hacienda. Y la cosa no ha quedado ahí. El Ministerio también ha enviado a la interventora de la Generalitat a la fiscalía por seguir los órdenes del vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, y no cumplir con este deber. “No estamos sustituyendo competencias, sino garantizando que los pagos no van a ninguna actividad ilegal”, subrayó Montoro. El ministro se mostró convencido de que la Generalitat terminará cumpliendo con los requerimientos del Gobierno central.

El sistema de pagos en Cataluña funcionará a partir de ahora de una manera muy similar a como lo hace el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), el fondo de rescate de las cuentas autonómicas. Para afrontar cualquier desembolso, los interventores de la Generalitat tendrán que enviar las órdenes de pago a Hacienda, esta a su vez las verificará, comprobará que no se dedican a actividades irregulares y, a continuación, ingresará directamente el pago a cuenta del sistema de financiación autonómica. Así, el Estado pasará a pagar “buena parte de las nóminas”, ha dicho Montoro.

La medida se prolongará “durante el tiempo que dure” la "situación de excepcionalidad" que han provocado los dirigentes de la Generalitat “negándose a cumplir la ley”, según ha detallado Montoro. “Ante la incertidumbre generada, establecemos la garantía de que todo el mundo va a cobrar en plazo y lo va a hacer en función de la seguridad que da el Estado”, ha declarado el titular de Hacienda.

Aviso a quienes colaboren con actos del referéndum

El Gobierno mantiene la norma de que actuará con “prudencia y proporcionalidad”, por lo que no actuará directamente para impedir los actos públicos de los independentistas en pro del referéndum que pretenden celebrar el próximo 1 de octubre. “El Gobierno no impide actos”, ha dicho el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo tras el Consejo de Ministros. El acto de apertura de la campaña por el referéndum celebrado el día anterior en Tarragona transcurrió con normalidad y se ha requerido el portavoz del Gobierno para conocer si esta será la tónica general para los centenares de actos que hay programados hasta el 1 de octubre.

“La democracia tiene sus procedimientos y por lo que me preguntan corresponde a la fiscalía y a la policía”, ha respondido. Sí se actuará, pero no con el envío de fuerzas de seguridad para impedir la entrada en los actos cuando ya hay cientos de personas en sus puertas. Las fuentes consultadas ponen el foco en los propietarios o responsables de los recintos donde se van a producir los actos para indicarles que está ayudando a que se celebre un acto para un fin que es ilegal, cual es el referéndum.

Como quiera que la Generalitat “solo quiere hablar de referéndum sí o referéndum no”, el portavoz del Gobierno ya ha rechazado de plano la petición de Puigdemont de “dialogar” con el Gobierno en una carta, publicada por los medios de comunicación, que el Gobierno asegura no haber recibido. Pero sobre el fondo, nada que hablar. “El presidente del Gobierno no puede dialogar sobre el derecho de secesión que no existe”, ha tratado de zanjar Méndez de Vigo.