“La Ley de Transparencia no es la panacea de lucha contra la corrupción”

La Ley de Transparencia supondrá "una nueva forma de hacer política", "un cambio de paradigma", pero "no es la panacea de lucha contra la corrupción", ha asegurado el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón. El responsable de la medida estrella del Gobierno para combatir la opacidad en las Administraciones y las organizaciones "que incluyan en su presupuesto una parte sustancial de fondos públicos" ha defendido, en un desayuno informativo celebrado esta mañana en Madrid, que haya más medidas de control.

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La Ley de Transparencia supondrá "una nueva forma de hacer política", "un cambio de paradigma", pero "no es la panacea de lucha contra la corrupción", ha asegurado el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón. El responsable de la medida estrella del Gobierno para combatir la opacidad en las Administraciones y las organizaciones "que incluyan en su presupuesto una parte sustancial de fondos públicos" ha defendido, en un desayuno informativo celebrado esta mañana en Madrid, que haya más medidas de control.

Ayllón ha enumerado las iniciativas del Ejecutivo para luchar contra la corrupción, como la reforma de la Administración local o la incompatibilidad de percibir una retribución como ex alto cargo con el cobro de otro salario. El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes ha señalado que, en su opinión, en materia de transparencia son más efectivos los incentivos que las sanciones. Así, el portal que está diseñando el Gobierno para gestionar la información que se hará pública cuando entre en vigor la ley incluirá un ránking sobre el cumplimiento de la misma. De esta forma, los ciudadanos podrán averiguar qué Administraciones respetan mejor los requisitos exigidos. "El peor castigo para un político, más que una multa, es encontrar en último lugar, por ejemplo, el Ayuntamiento que dirige. Ganaremos más con la zanahoria que con el palo", ha explicado Ayllón, quien ha admitido, no obstante, que será preciso estudiar las sanciones para las instituciones que no respeten la norma.

La Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de Políticas y Calidad de los Servicios —adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas— será la encargada de elaborar este ránking y de hacer cumplir la ley. Al frente de este órgano estará un cargo nombrado por el Gobierno—aunque requerirá del aval del Parlamento—, que Ayllón ha asegurado que será "independiente", y que tendrá un mandato superior a los cuatro años que dura la legislatura para evitar tener que reemplazar al responsable con el cambio de Gobierno. Para poder destituirlo, será necesario contar con la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados.

Dado que la ley afectará a las Administraciones Públicas —además de a la Casa del Rey, partidos, sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas—, Ayllón ha insistido en su intención de que la norma sea de "todos" los grupos políticos, no solo del Gobierno. El próximo jueves, se reunirá con representantes de los grupos parlamentarios para debatir la medida, y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes ha afirmado que no ve escollos en las negociaciones de la norma y que hay "bastante buena voluntad de todo el mundo". Según ha asegurado Ayllón, cuando se aplique la norma España dejará de ser el único país de la Unión Europea con más de un millón de habitantes que no tiene Ley de Transparencia.