Cataluña y Andalucía piden diálogo con el Gobierno tras el plante a Montoro

Una cosa es mostrar el enfado en un momento determinado y otra bien diferente ir a una guerra sin cuartel de manera indefinida. Cataluña y Andalucía demostraron ayer que están más por la primera vía que por la segunda en relación al portazo que el pasado martes dieron al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Cataluña dio ayer un paso atrás: descarta recurrir al Tribunal Constitucional y pidió negociar de nuevo con el Gobierno central l...

Una cosa es mostrar el enfado en un momento determinado y otra bien diferente ir a una guerra sin cuartel de manera indefinida. Cataluña y Andalucía demostraron ayer que están más por la primera vía que por la segunda en relación al portazo que el pasado martes dieron al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Cataluña dio ayer un paso atrás: descarta recurrir al Tribunal Constitucional y pidió negociar de nuevo con el Gobierno central las condiciones de déficit. Andalucía optó por una vía similar.

En el caso catalán, la dramática situación de tesorería de la Generalitat, sumado a cierta división interna en el Gobierno catalán por el plante a Montoro, forzaron la marcha atrás. El consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, corrigió el tiro, aseguró que la Generalitat no llevará al Constitucional la distribución del déficit y abogó por “empezar de cero y abrir el diálogo” con el Gobierno central.

Aunque la posición oficial del Gobierno catalán sigue siendo la de defender el plante del pasado martes, algunas voces apuntan a que la imagen de Cataluña no ha salido bien parada de esta situación y que poco o nada resuelven actuaciones de este tipo. Algunos sectores del Gobierno catalán, especialmente por parte de Unió Democràtica, el partido de Josep Antoni Duran i Lleida, son partidarios de enterrar el enfrentamiento y reabrir el diálogo cuanto antes. Entienden que la reivindicación del pacto fiscal y la petición de relajar los objetivos de déficit y deuda se tienen que hacer por vías que no dañen la imagen de Cataluña en el exterior y la del Gobierno de España ante los mercados y las autoridades comunitarias.

El Gobierno andaluz baraja como última opción recurrir ante el Constitucional

De alguna manera, Mas-Colell se alineó ayer con estos sectores al reiterar que la intención de Cataluña es “cumplir” con las leyes y hacer “los esfuerzos máximos”.

Por su parte, el Gobierno andaluz también atemperó sus críticas al Ejecutivo central por su decisión de limitar de sopetón el límite de deuda de Andalucía en 2013 que le impedirá contar con 2.735 millones de euros en sus presupuestos autonómicos. Técnicos del Ministerio y de la Consejería de Hacienda mantuvieron ayer reuniones para intentar suavizar el tope de deuda aprobado en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y que implicaría el cierre de colegios, hospitales o despidos de empleados públicos, según afirmó el miércoles, de forma dramática, el presidente andaluz, José Antonio Griñán (PSOE).

El Ejecutivo andaluz está dispuesto a agotar todas las vías de diálogo posible, antes de que la decisión del consejo se traduzca en un acuerdo del Consejo de Ministros y sea mucho más difícil dar marcha atrás. Rajoy y Griñán volvieron a hablar por teléfono el miércoles con la intención de mantener abiertos los canales de comunicación y de consenso. También lo hicieron el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y la consejera Carmen Martínez Aguayo, quien se marchó airada del CPFF del lunes por lo que consideró un trato discriminatorio con Andalucía. Esta comunidad es una de las menos endeudadas —9,8% sobre PIB frente al 13,5% de la media estatal— y considera que se la penaliza respecto a las que tienen mayor endeudamiento. “Agrava la situación financiera de Andalucía de manera arbitraria”, dijo ayer la consejera de la Presidencia, Susana Díaz.

Pero a la espera de que fructifiquen estos contactos, el Gobierno andaluz, en una reunión extraordinaria, encargó ayer a los servicios jurídicos de la Junta que estudie todas las vías posibles, incluida la del Tribunal Constitucional y la Contencioso-administrativa, para recurrir el límite de deuda impuesto “sin previo aviso ni notificación”.

La decisión tiene mucho de escenografía porque ahora mismo no hay un texto legal que demandar, la autonomía financiera de las comunidades —salvo País Vasco y Navarra— es inexistente y todas tienen problemas de liquidez.