El Linux de las lechugas o cómo cultivar para el bien común
Los sistemas alimentarios también han entrado en el debate sobre su tecnificación y digitalización, con el objetivo de mejorar los códigos genéticos de las semillas y garantizar una mayor producción. El debate ahora gira en torno a si estas se deben patentar o no
El modelo de semillas de código abierto se ha comparado a “Linux para lechugas”. Basándose en los principios del procomún digital del software de código abierto —que, a su vez, se basó en la idea del procomún de recursos naturales y el movimiento cooperativo alimentario que se originó en el siglo XIX— el concepto y movimiento social de semillas de código abierto se ha desarrollado a lo largo de la última década como respuesta a una creciente privatización de semillas y una alta pérdida de variedades de frutas y verduras en nuestros campos —uno de los impactos acelerados por la agricultura industrial—.
Antes existían casi tantas variedades como personas productoras. A día de hoy, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), hemos dejado desaparecer el 80% de variedades que se cultivaban hace un siglo y ya en 2018 cuatro corporaciones controlaban más del 60% de ventas mundiales de semillas patentadas. Esta reducción tan dramática de la biodiversidad cultivada incrementa la vulnerabilidad de las cosechas a plagas y a condiciones meteorológicas extremas.
La clave del modelo de Semillas de Código Abierto (SCA) se basa en utilizar el mecanismo de licencias, normalmente usado por el sistema de semillas dominante para privatizarlas, con el objetivo contrario. A través de licencias de copyleft (opuestas a copyright), las SCA se abren al mundo de forma protegida, permitiendo a cualquier persona usarlas libremente, es decir, cultivarlas, guardarlas, propagarlas, desarrollarlas, mejorarlas y reproducirlas.
Quienes adquieren SCA no pueden privatizar la semilla o su progenie mediante derechos exclusivos de propiedad intelectual u otras restricciones de uso, y estos mismos derechos y obligaciones se asignan a los receptores posteriores. El modelo de SCA fomenta además el reconocimiento de las personas que mejoran una de estas semillas mediante la atribución de crédito y cualquier beneficio resultante debe repartirse a lo largo de toda la cadena de valor de la semilla.
Existen iniciativas de semillas físicas en varios países. La Open Source Seed Initiative (Iniciativa de Semillas de Código Abierto, OSSI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos fue la primera en formalizarse en 2014 y sigue en marcha. Siguieron más iniciativas similares en otros países como Alemania, Argentina y, más recientemente, Italia (tomando ventaja de la nueva regulación europea de Material Heterogéneo Ecológico que se espera que apoye a la producción de semillas para la agricultura ecológica). También en Kenia y Filipinas. Obtentores de maíz de la compañía Monsanto han calificado las semillas de OSSI de “demasiado contagiosas para tocarlas”. La etiqueta de copyleft en un paquete de semillas no solo declara las intenciones y los derechos de la persona productora u obtentora, sino, además, sensibiliza al público sobre las problemáticas de semillas, a menudo encubiertas y muy desconocidas en comparación con otros retos del sistema alimentario.
Hoy en día, los grandes datos han surgido como un nuevo producto en sí mismo y los sistemas alimentarios y de semillas no han escapado a esta tendencia. La reducción del coste de las tecnologías de secuenciación genética está permitiendo avances tecnológicos que permiten la reproducción del ADN de las semillas en formato virtual, generando la denominada información digital de secuencias o Digital Sequence Information (DSI) en inglés, dando lugar a la creación de grandes datos sobre recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. Este avance técnico ha desencadenado una controversia en torno a la regulación del acceso internacional a DSI y las normas referentes al reparto justo y equitativo de los beneficios derivados de su utilización, tal y como establece el Convenio sobre la Diversidad Biológica.
¿Debe una línea de código de secuenciación genética de una semilla estar regulada por el mismo marco legal que una semilla física? Aunque DSI procede de materiales vegetales físicos y puede volver a sintetizarse en forma física de nuevo, ahora puede tener valor sin necesidad de recuperar su materialidad. Gracias a la DSI, la información genética puede replicarse y experimentarse sin movimiento o acceso a las semillas físicas. Los grandes datos, en lugar de las semillas, se convierten en el cultivo que da las cosechas más rentables.
Antes, las variedades eran bienes comunes, no privados. Su digitalización y desmaterialización en líneas de código hacen que las semillas que no son propiedad de nadie sean más susceptibles de apropiación y biopiratería digital. Las SCA, con su licencia copyleft, ofrecen una protección legal que permite un cambio disruptivo al convertir las semillas de res nullius —es decir, propiedad de nadie y, por tanto, susceptibles de apropiación— a res communis, es decir, propiedad de todos.
El proyecto El reto de la digitalización de semillas: sostenibilidad, big data y el movimiento social por sistemas de semillas de código abierto, enmarcado en el Departamento de Sociología de la UNED y financiado por la Fundación Daniel y Nina Carasso, a través de la Daniel Carasso Fellowship 2021, aborda estas problemáticas. Hasta ahora, las iniciativas de semillas de código abierto se han centrado en semillas físicas. Sin embargo, abordando la creciente digitalización del material de semillas, que está abriendo nuevos y urgentes retos, mi investigación analiza el concepto y el movimiento social de semillas de código abierto como mecanismo de gobernanza en la interfaz de las esferas físicas y digitales. La incertidumbre acerca de la DSI podría aprovecharse como una oportunidad para categorizar las semillas como un bien común, tanto en su formato físico y digital, gobernado por principios de código abierto. La conexión con la comunidad de los comunes digital complementa y amplía los esfuerzos y el trabajo sobre el cambio de los sistemas alimentarios, conectándolo con fuerzas y cuestiones más amplias que van más allá de la alimentación y la agricultura.
Según la FAO, hemos dejado desaparecer el 80% de variedades que se cultivaban hace un siglo y ya en 2018 cuatro corporaciones controlaban más del 60% de ventas mundiales de semillas patentadas
El actual sistema de gobernanza de la biodiversidad cultivada encarna un compromiso forzado entre visiones del mundo muy dispares: por un lado, una parte del debate considera que las restricciones de DSI socavan la investigación sobre la biodiversidad y los derechos de propiedad intelectual, mientras que otros sostienen que no desafía los regímenes de propiedad en torno a los recursos y, por tanto, consolida la neoliberalización de la biodiversidad. La DSI está exacerbando estas visiones del mundo contrapuestas. Se están llevando a cabo complejos debates jurídicos, financieros y biológicos que convierten en algo técnico lo que en realidad es un debate ético sobre si la vida debe patentarse y privatizarse y quién tiene el derecho, el poder y los recursos materiales para hacerlo.
Tras un largo y acalorado debate de casi 10 años, los delegados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (COP15), celebrada a mediados de diciembre de 2022 en Montreal (Canadá), lograron acordar establecer dentro del nuevo Marco Mundial para la Diversidad Biológica un fondo multilateral para el reparto equitativo de beneficios entre proveedores y usuarios de DSI sobre recursos genéticos. Las condiciones, reglas y formato del fondo se finalizarán en la COP16 en Turquía en 2024, convirtiendo a la DSI en un reto que, más que finalizado, solo ha pasado la primera página.
Las ideas sobre qué significa progreso en la gestión de las semillas y la biodiversidad cultivada se pueden representar mejor no como una carrera reduccionista y técnica de una sola vía, sino como esfuerzos que deben alcanzarse mediante una variedad de vías y mecanismos que garanticen la biodiversidad cultivada y el derecho de las personas productoras a las semillas en contextos in situ, ex situ, in silico (de manera digital) y trans situ, tanto en ámbitos físicos como digitales.
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