Las mujeres serán las más perjudicadas con el desmantelamiento de USAID

El mundo de la cooperación internacional vive estos días inmerso en una pesadilla que parece sacada de 1984, el distópico libro de George Orwell, quien solo pareció equivocarse en el título: tendría que haberlo llamado “2025”. El borrado de la historia para reescribirla a la medida de un nuevo Estado totalitario, como ocurría en aquel clásico de la ciencia ficción, parece exactamente lo que está ocurriendo con la mayor agencia de cooperación al desarrollo del mundo, la estadounidense USAID, cuyo desmantelamiento para “alinearla con las ideas de America First” está siendo devastador a escala global, ya que las contribuciones de la agencia —43.000 millones de dólares el año pasado (41.685 millones de euros)— constituían cerca del 40% de la totalidad de la ayuda humanitaria y al desarrollo mundial. Las mujeres serán las más perjudicadas por el tsunami provocado en el ámbito humanitario con el desmantelamiento de USAID.

El sector de la cooperación y el desarrollo está caracterizado por una tupida pero frágil red de colaboraciones internacionales entre agencias gubernamentales, ONG, ONU y miles de trabajadores locales, que tras la covid-19 y el estallido de la guerra de Ucrania no ha dejado de perder financiación. Por eso, amputar un miembro con el peso de USAID a través de la congelación de fondos durante 90 días, suspensión temporal de programas, despidos masivos y excedencias forzosas —aunque un juez le haya puesto freno de momento— está abriendo grietas que amenazan con convertirse en terremotos. Y como suele ocurrir cuando se produce una crisis, las principales víctimas serán las mujeres.

“Nosotros hemos hecho una valoración rápida del impacto sobre nuestros programas y podemos decir que más de 100.000 personas en 14 países se verán afectados de inmediato”, explicaba a este diario Raquel Martín, de la ONG Entre Culturas, que forma parte del Servicio Jesuita de Refugiados que da apoyo a casi 400.000 personas en 43 países con programas educativos, de salud mental, comedores escolares o protección a personas refugiadas.

“Y la resaca de lo que está por llegar será aún peor, sobre todo para las mujeres. Ellas son más vulnerables por su situación de desigualdad en casi todo el planeta y cuando hay recortes, son las que más los sufren. Las niñas se convierten en un valor económico para las familias, por lo que inmediatamente dejan de ir a la escuela, las ponen a trabajar o las casan más jóvenes. Venderlas también es una alternativa en contextos de pobreza”, explica.

De momento, hay cientos de programas paralizados que van desde protección contra la malaria o el VIH a comedores escolares. El Guttmacher Institute, dedicado al avance de los derechos sexuales y reproductivos, ofrece datos contundentes: en apenas dos semanas, casi dos millones de mujeres y niñas no han podido acceder a tratamientos anticonceptivos antes financiados por USAID. Cada semana que avance se irá añadiendo un millón más. Si la congelación de fondos se mantiene durante 90 días, habrá cuatro millones de embarazos no deseados y al menos 8.000 mujeres morirán en el parto.

Hay pocas ONG dispuestas a hablar abiertamente. Fuentes de otra ONG internacional con varios proyectos paralizados, explicaban por qué. “En parte del sector reina el silencio porque tememos represalias. La Administración Trump ha demostrado ser muy vengativa”.

Si la congelación de fondos se mantiene durante 90 días, habrá 4 millones de embarazos no deseados y al menos 8.000 mujeres morirán en el parto

Incluso en las agencias de la ONU se mantiene un silencio estratégico. En Roma, cuartel general de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (IFAD) o el Programa Mundial de Alimentos (PMA), que cuenta con 20.000 empleados y un 80% de proyectos dedicados a emergencias y ayuda humanitaria y presencia en 120 países, la inquietud entre los trabajadores es palpable. Fuentes del PMA, cuyo presupuesto procede en casi un 50% de Estados Unidos, insisten en las dificultades de hacer una valoración dada la complejidad para discernir qué programas podrían continuar bajo el paraguas de ayuda humanitaria y de emergencia, —en principio exentos de los recortes— aunque admiten haber recibido órdenes para paralizar algunos de ellos que después se han rescindido.

Además, la Administración estadounidense ha creado un rompecabezas logístico: en teoría los programas de asistencia alimentaria en emergencias pueden continuar, pero ¿qué ocurre cuando la asistencia no es en especie, sino en efectivo? ¿Y qué ocurre con los programas de prevención de emergencias? El problema es que son cientos de organizaciones peleando por encontrar un interlocutor que responda a docenas de preguntas como estas, pero el despido de empleados de USAID ha creado una situación kafkiana donde el responsable al que ayer las agencias planteaban dudas, hoy ya no tiene ni siquiera acceso a su correo electrónico.

Además, hay otras variables. Fuentes cercanas a la FAO explican: “La mayoría de los programas no están financiados por un solo país. A menudo uno contribuye a una parte del programa y otros países o instituciones lo completan. Pero si el dinero deja de fluir por un lado, es imposible continuar con el proyecto porque son fondos que se complementan entre sí”.

Decisiones con un impacto directo

Hay muchas decisiones que tendrán impactos decisivos sobre ese 50% de la población. Trump también está trabajando a golpe de decreto para borrar todo rastro de políticas que favorezcan la diversidad, la igualdad y la inclusión —lo que se conoce por las siglas DEI— además de lo que la extrema derecha llama “ideología de género”. Bajo ambas definiciones se pueden agrupar cientos de programas en todo el mundo que impulsan desde la paridad de género, por ejemplo financiando iniciativas de mujeres agricultoras y empresarias, a la lucha contra la violencia machista o los derechos de la comunidad LGTBIQ+ en países donde son perseguidos.

Por si esto no bastara, se ha reimplantado la llamada Mexico City Policy, que prohíbe financiar a las organizaciones que practiquen u ofrezcan información reproductiva, al margen de la procedencia de sus fondos. Según advierte Médicos Sin Fronteras, esta normativa “pone a las organizaciones en una posición imposible. O cumplen con la política para recibir financiación del Gobierno estadounidense, lo que restringe la prestación de servicios e información sobre salud sexual y reproductiva, o pierden el acceso a un apoyo financiero significativo, del cual muchas organizaciones dependen para operar”.

Pero la orwelliana situación que vive hoy la comunidad humanitaria no es más que la crónica de una muerte anunciada: había sido descrita casi paso a paso en el Project 2025, la biblia elaborada por los centros de análisis afines a Trump que han pasado los últimos cuatro años planeando cómo transformar su país si llegaban al poder. En ese documento de casi 1.000 páginas, el capítulo 9 está dedicado a cómo reducir USAID a la mínima expresión y reenfocar sus programas centrándolos en ofrecer ayuda en emergencia a corto plazo, lo contrario de lo que el sector de la cooperación trata de hacer desde hace más de una década: programas a largo plazo que permitan a las comunidades vulnerables desarrollar sus propios sistemas de resiliencia. Esa idea desaparece.

La ideología ultraconservadora, racista y negacionista se impone, como anuncia el capítulo 9: se eliminarán todos los programas DEI, se restringirán los derechos de las mujeres con políticas estrictamente provida y por si no bastara, todos los programas contra la crisis climática serán abolidos y se dejará de colaborar con toda organización que hable “en nombre del fanatismo climático”, algo que perjudicará particularmente a las mujeres, ya que según la ONU, cuatro de cada cinco personas desplazadas por sus impactos son precisamente mujeres y niñas.

El documento es cómo un oráculo de todo lo ocurrido en las últimas semanas y de lo que presumiblemente ocurrirá. Se tiñe así de negro el futuro de millones de personas vulnerables en todo el mundo, algo que obligará a un cambio de paradigma en un sector que, pese a sus muchos defectos, ha sido y es esencial no solo para salvar vidas sino para el avance económico y democrático de docenas de países.