Rechazo, violencia y prostitución: el día a día de los solicitantes de asilo LGTBI en Sudáfrica

De los primeros 16 años de su vida, John (nombre ficticio), un joven que hoy tiene 22 años, no guarda buenos recuerdos. Los pasó en su lugar de origen, una gran ciudad de Somalia, de donde tuvo que huir. No lo hizo por la guerra ni por el terror yihadista, sino por su orientación sexual: John era gay en una nación donde la homosexualidad puede castigarse hasta con la pena de muerte. “Crecí llorando todo el tiempo. Me preguntaba: ¿por qué soy diferente al resto de la gente? No me gustaba jugar al fútbol como a los demás chicos y siempre me hacía amigo de las niñas. Mis vecinos, los amigos de mi familia… Todos decían que yo no era normal”, recuerda.

John cuenta que, en la pubertad, pensó en el suicidio. Y que fue su abuela la que pagó a un tipo en 2020 para que lo llevara hasta Sudáfrica escondido en la parte de atrás de su camión. “Vine directamente a Ciudad del Cabo. Un hombre me dio empleo en un comercio, donde había una habitación. Me quedé allí”, dice. Con 16 años y en un país extraño, comenzó a desarrollar una afición: el mundo de la cosmética. “Todavía tengo una foto del día en que compré mi primer kit de maquillaje. Empecé a subir vídeos a TikTok y a conocer a otras personas como yo…”. Su salvación fue también su perdición: su jefe vio uno de estos vídeos y comenzó a insultarlo, a tratarlo mal. “Me llenaba las comidas de picante, dejó de pagarme... Tuve que irme de allí”, relata.

Sudáfrica es uno de los pocos lugares de África que protege formalmente a la comunidad LGTBI, en un momento de retroceso de sus derechos en el continente

Una amiga le habló entonces de asociaciones que le podrían ayudar a pedir asilo. Sudáfrica reconoce desde 1998, mediante su Ley de Refugiados, la persecución basada en el género y la sexualidad como motivo legítimo para solicitarlo. Es el único país de África —y uno de los pocos lugares del continente, ya que algunos campos de refugiados de países como Kenia reciben a estos solicitantes de asilo — que extiende formalmente esta protección a la comunidad LGTBI, en un momento de retroceso de los derechos de libertad sexual. Las relaciones entre personas del mismo sexo son delito en 31 de los 54 Estados africanos.

Sin embargo, y como se ha denunciado en los últimos años desde diferentes ámbitos, como asociaciones de derechos humanos o el académico, la promesa de libertad contenida en la ley sudafricana a menudo no se materializa. Estas fuentes hablan de motivos arbitrarios, homofobia y corrupción gubernamental. “Me han denegado la petición ya dos veces. No me dan razones”, asegura John. “Sin papeles no puedo acceder a derechos básicos, como que me atiendan en un hospital”.

En Sudáfrica viven 250.250 refugiados y solicitantes de asilo, según Acnur, pero la ausencia de datos oficiales hace imposible saber cuántos lo son por género u orientación sexual. Un estudio de varias asociaciones LGTBI publicado en 2022 concluyó que son más hombres que mujeres, que Johanesburgo y Ciudad del Cabo son los principales destinos y que Zimbabue es el país de donde más huyen. Pero el propio informe advierte de que los datos no pueden considerarse representativos debido, entre otras cosas, al carácter anónimo de las encuestas y a que muchas personas se negaron a participar.

Llamé por teléfono a mi madre para decirle que era gay y que no iba a volver a Uganda y ella me respondió que si quería verla en el ataúd

Francis, 30 años

“Llegué a Sudáfrica en avión cuando abrieron la frontera tras la pandemia de covid, en 2020. Tuve que huir de Kampala porque mi situación se puso fea”, dice Francis (nombre ficticio), ugandés de 30 años. “Hasta que fui a la universidad no empecé a quedar con chicos, aunque hacerlo público era muy difícil para mí. ¿Qué iba a pensar mi familia?”, cuenta. Mientras estudiaba, Francis comenzó a trabajar en un salón de belleza. Allí se fraguó la decisión de dejar su país. “Estaba saliendo con alguien, pero su padre lo pilló y me llamó amenazándome. Un amigo suyo me contó que le habían pegado una paliza. Un día, su tía se personó con dos policías en el salón”, recuerda. Fue la gota que colmó el vaso; le concedieron un visado de turista a Sudáfrica, así que vendió todo lo que tenía y compró un billete de avión sin vuelta.

Su vida en Ciudad del Cabo no ha sido fácil. Trabajó dos años como camarero y, cuando ahorró algo, cambió servir copas por el set de maquillaje. Se dedica a ello desde entonces, a domicilio. Ha perdido el contacto con su familia. “Lo recuerdo bien: llamé a mi madre el 16 de noviembre de 2022 para decirle que era gay y que no iba a regresar a casa. Ella me respondió que si quería verla en el ataúd. Yo rezo para que sean fuertes, para que vuelvan a ser respetados en sus círculos sociales y puedan llevar una vida feliz”, comenta. Francis solicitó asilo en Sudáfrica, pero asegura que le contestaron que no parecía “demasiado homosexual”. Volver a su país tampoco es una opción: Uganda aprobó el año pasado una de las leyes homófobas más severas del mundo, que incluye la pena de muerte para casos de “homosexualidad agravada” (que, en realidad, son abusos a menores o personas con discapacidad), y cadena perpetua para las relaciones del mismo sexo.

Ataques homófobos semanales

“Las leyes son buenas, pero en la práctica no hay seguridad”, afirma Nicole Alexander, directora de Pride Shelter Trust, una organización de derechos humanos en Ciudad del Cabo. Por esta institución, que sirve como refugio durante unos meses a migrantes que se han visto obligados a huir de su país, pasan cada año alrededor de 30 personas de diversas nacionalidades.

Pese a ser un país abierto en la teoría, hay ataques casi semanales contra la comunidad LGTBI. En el caso de los migrantes, la vulnerabilidad es mayor porque a menudo no denuncian, por miedo a las represalias dentro de su propia comunidad o porque no confían en la policía. “La homofobia y la violencia sexual son visibles en nuestra comunidad y la respuesta de las autoridades debe ser más contundente”, dice Alexander, quien habla también de estigma y marginación. “Existe un trauma muy profundo. Para estas personas, el rechazo de las familias lleva aparejado a menudo la adicción al alcohol, el consumo de drogas o la obligación de ejercer trabajo sexual”.

Logain (nombre ficticio) tuvo que huir de Zimbabue en 2008 por dos razones: la crisis económica y la situación del colectivo LGTBI en aquellos años, en los que el exdictador Robert Mugabe llegó a decir que los homosexuales eran “peores que los perros y los cerdos”. “No podía permitirme ir a Europa, y como sabía que Sudáfrica era un sitio que respetaba la libertad sexual, me decanté por Ciudad del Cabo”, cuenta el hombre, quien se declara gay y tiene 46 años. La primera época fue muy difícil. “Sin papeles, sin conocidos… El trabajo sexual fue la única opción”, dice. “Algunos clientes me obligaban a tomar drogas. Es algo que me afecta incluso a día de hoy”, asegura. Pasaron un par de años hasta que encontró empleo en un hotel y pudo dejar las calles. Dice que solicitó asilo al poco de llegar, pero que tras varias negativas, desistió.

“Un porcentaje muy alto de homosexuales migrantes acaban vendiendo su cuerpo. Las mujeres también, y no necesariamente a otras mujeres. Y diría que, de la comunidad trans, lo hace el 100%”

Eugene Van Rooyen, asesor legal de la ONG SWEAT

“Los migrantes LGTBI vienen con la esperanza de que van a encontrar fácilmente un trabajo, que van a ser capaces de mantenerse por sí mismos. Pero cuando llegan se dan cuenta de que la realidad es diferente”, afirma Eugene Van Rooyen, asesor legal de la ONG sudafricana SWEAT.

Sudáfrica tiene un gran problema con el desempleo, con una tasa del 32,9% en el primer trimestre del año, una de las más altas del mundo. Casi la mitad de población adulta vive bajo el umbral superior de la pobreza. “Un porcentaje muy alto de los hombres gais terminan vendiendo su cuerpo como fuente de ingresos o para complementar sueldos bajos. Las lesbianas también, y no necesariamente con otras mujeres. Y, en la comunidad trans, yo elevaría la cifra casi al 100%”, dice Van Rooyen. El asesor legal habla de procesos que se eternizan para solicitar asilo, de lo costoso de estos procedimientos y de los problemas derivados de la falta de documentación, como la imposibilidad de conseguir contratos de trabajo o de obtener asistencia en los hospitales. “Los trabajadores sexuales son vulnerables”, subraya “Se quejan de que hay médicos que piden sobornos para atenderlos”.

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