Píldoras falsas e inyecciones de agua en lugar de anticonceptivos en Kenia

Ante la escasez de planificación familiar gratuita y los tabúes, algunas jóvenes recurren a métodos poco seguros para impedir un embarazo

Una píldora anticonceptiva ilegal, llamada Sofia, que todavía se vende en Kenia. Claret Adhiambo

Miriam, de 29 años, se prepara para ir a tomar una píldora anticonceptiva en una clínica clandestina de los suburbios de Mathare, un barrio informal de Nairobi, la capital de Kenia. Para que el fármaco haga efecto, le han dicho, no puede mantener relaciones sexuales la noche anterior. Miriam (nombre ficticio, como todos los de las protagonistas de este reportaje) sabe que la píldora, llamada Sofia, es ilegal en Kenia. También sabe que la persona que se la vende es un curandero. Pero, asegura, no tiene elección. “Los hospitales públicos de Nairobi no ofrecen acceso gratuito a los anticonceptivos. A los médicos de esos hospitales no les gusta tratar a mujeres jóvenes. Dicen que estamos dejando sin medicamentos a mujeres que los merecen más”, asegura.

Dos de cada 10 adolescentes en Kenia (entre 15 y 19 años) se ha quedado embarazada, según la Encuesta Demográfica de Salud de 2022. Cada año, casi dos terceras partes de los embarazos de jóvenes de esta edad son indeseados, según el Instituto Guttmacher. El código penal keniano prohíbe la interrupción de embarazo, y la Constitución de 2010 la admite solo en caso de peligro para la vida de la madre o el bebé, o si el embarazo resulta de una violación.

Kenia tiene una normativa, llamada Política de Salud Reproductiva Nacional, que promete ofrecer servicios de planificación familiar en los centros sanitarios públicos. Pero a menudo, se quejan pacientes y activistas, los anticonceptivos escasean —en 2023 se produjeron manifestaciones de mujeres, entre ellas trabajadoras del sexo, en diversas partes del país por la escasez de preservativos—. Esto, unido al estigma que algunos médicos asocian a la planificación familiar —la responsable del Ministerio de Salud, Susan Nakhumicha, ha llegado a declarar públicamente que no dará anticonceptivos a las adolescentes kenianas, que en su opinión deben practicar “la abstención”— ha hecho que muchas mujeres y niñas acudan a farmacias privadas para conseguir medicamentos, o recurran a alternativas ilegales como las píldoras Sofia.

A los médicos de los hospitales públicos no les gusta tratar a mujeres jóvenes. Dicen que estamos dejando sin medicamentos a mujeres que los merecen más
Miriam, de 29 años, que toma una píldora anticonceptiva vetada por el Gobierno

Naomi Jane, promotora de salud comunitaria (el vínculo entre los servicios sanitarios públicos y la comunidad), subraya que los anticonceptivos son gratuitos en los centros de salud pública, pero admite que el problema es la mala actitud de los que proveen el servicio. “Te estigmatizan cuando eres joven y quieres acceder a los servicios de planificación familiar y también cuando eres mayor y te quedas embarazada”, afirma. “Tampoco les echo toda la culpa a ellos, porque a veces también están desbordados. Por ejemplo, un solo hospital público atiende a toda la población de los suburbios de Mathare y Huruma”. Mathare concentra a más de 200.000 habitantes, según datos de 2019.

Antes de empezar a tomar Sofia, Miriam utilizaba un dispositivo intrauterino (DIU). “Tenía efectos secundarios y me hacía sangrar mucho. En los hospitales públicos me molestaba la mala actitud de los médicos cuando iba a quitármelo, así que recurrí a Sofia, porque es fácil acceder a ella”, cuenta Miriam. Esta píldora, fabricada en China, según el prospecto, se vende al por menor a 1,90 euros. Los precios se han disparado en los últimos cinco años debido al aumento de la demanda. El Ministerio de Sanidad keniano la prohibió hace más de 10 años debido a su alto contenido en levonorgestrel, un fármaco hormonal que, según el ministerio, provoca una pubertad precoz en los bebés que conciben las mujeres después de tomarla.

“Hubo una redada hace cuatro años y cerraron la farmacia donde comprábamos”, recuerda Miriam. “Pero uno de los dependientes se hizo con nuestros datos y abrió su propia farmacia, a la que acudimos ahora”. El centro de distribución se presenta como un herbolario. “Somos muchas las que tomamos la pastilla y cada mes recibimos un mensaje del distribuidor recordándonos nuestras citas”, añade Miriam.

Abortos clandestinos

“Los anticonceptivos no son gratuitos en los hospitales públicos, como afirma el Gobierno. Muchas chicas se han visto obligadas a pagar por ellos o son tratadas de mala manera por los asistentes médicos”, señala la directora ejecutiva de la Coalición de Defensores de los Derechos Humanos Populares, Rachael Mwikali. Por ello, las píldoras ilegales no son las únicas alternativas poco seguras para evitar un embarazo. Mwikali afirma haber recibido informes de que varias clínicas y farmacias privadas de barrios humildes de Nairobi están inyectando a mujeres jóvenes con agua o suministrándoles medicamentos caducados, lo que ha provocado que muchas chicas se queden embarazadas y se sometan a abortos inseguros en clínicas clandestinas.

El trauma que me causó un aborto inseguro sigue conmigo
Rehema, de 21 años, que se quedó embarazada tras una falsa inyección anticonceptiva

Una de ellas es Rehema, de 21 años, que se quedó embarazada después de que le inyectaran agua en vez de un método anticonceptivo. “Unos meses después de la inyección, engordé y empecé a sentirme cansada y con náuseas. Me hice unas pruebas y descubrí que estaba embarazada”, cuenta. “Me quedé desconcertada, pero tras hacer algunas averiguaciones, me enteré de que la clínica es conocida por inyectar agua a la gente y que muchas chicas se habían quedado embarazadas por esa razón”. Con un primer hijo a los 17 años, acudió a una clínica de aborto clandestina en Nairobi. “No creo que el médico tuviera formación, porque sufrí muchas complicaciones. El trauma que me causó el aborto inseguro sigue conmigo”, reconoce.

Medicamentos caducados

Tina, de 21 años, quedó embarazada a los 16 pese a que tomaba la píldora. Una farmacia le vendió las pastillas a 2,20 euros y no supo que estaban caducadas hasta que se quedó embarazada. “Como aún era menor, no podía entrar en un centro médico y solicitar planificación familiar. Todo fue rápido; le di el dinero y ella me dio la bolsa”, recuerda. “Llevé el embarazo a término, pero eso me obligó a dejar la escuela. Hoy no puedo conseguir un empleo decente por culpa de mi nivel de estudios. Tengo que hacer trabajillos para que mi hijo y yo podamos sobrevivir”, se lamenta Tina.

El ginecólogo John Ong’ech subraya que las personas que busquen servicios de planificación familiar deben acudir a centros médicos con personal sanitario cualificado. “Aunque estos medicamentos caducados no causan daños físicos, pueden provocar embarazos. Los médicos que receten anticonceptivos deben conocer el historial médico de la paciente para poder recomendarle el método anticonceptivo adecuado”, señala.

Según la Encuesta Demográfica y de Salud de Kenia de 2022, el 82% de la demanda de planificación familiar de la población está cubierta, una cifra que ha aumentado desde el 77% registrado en 2014.

Los métodos anticonceptivos en el país africano están financiados en gran parte por donantes. El año pasado, el Fondo de Población de Naciones Unidas donó anticonceptivos inyectables, preservativos masculinos y femeninos, DIU hormonales, implantes y anticonceptivos orales por valor de más de tres millones de euros al Gobierno keniano. Y, en el último ejercicio, el Gobierno destinó más de cinco millones de euros a la adquisición y distribución de anticonceptivos.

La activista Mwikali señala que, aunque el Gobierno keniano y otras organizaciones trabajan para aumentar la prevalencia de los anticonceptivos, todavía queda mucho por hacer. “Necesitamos cambios sistémicos y formar a los médicos para que dejen de estigmatizar la planificación familiar. También necesitamos seriedad por parte del Gobierno a la hora de controlar las clínicas que siguen vendiendo píldoras ilegales”, remacha. Iniciativas como el Proyecto de Ley de Finanzas de 2023, propuesto por el gobernador de Nairobi, Sakaja Arthur Johnson, puede empeorar la situación, ya que un DIU pasará a costar 3,15 euros en los hospitales públicos, y las inyecciones anticonceptivas de Depo-Provera 2,20. Las píldoras seguirán siendo gratuitas.

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