Liberia suspende la mutilación genital femenina por tres años

Liberia suspenderá hasta 2025 la mutilación genital femenina (MGF). Un gran paso adelante para la defensa de los derechos de las mujeres en el país africano, uno de los cinco del continente –junto a Malí, Sierra Leona, Chad y Somalia– donde la MGF está muy extendida y sigue siendo legal, ya que no está tipificada como delito. Según Unicef, 200 millones de mujeres y niñas vivas en todo el mundo han sufrido la ablación, una práctica que consiste en la mutilación total o parcial de los órganos genitales femeninos de manera intencionada y, en la mayoría de casos, escudada en tradiciones ancestrales arraigadas en muchas comunidades.

El Gobierno liberiano anunció este lunes 21 de febrero el acuerdo para suspender la ablación de forma temporal (como ya hiciera en otras dos ocasiones anteriores, en 2012 y 2018), tras la firma de un documento con los principales líderes tradicionales. En él, avalado por la Iniciativa Spotlight de la Unión Europea y la ONU, se comprometen a parar todas las actividades de Sande, una sociedad secreta y exclusivamente femenina que opera en 11 de los 15 estados, y que es la responsable de la circuncisión de las niñas y adolescentes de un país de algo más de cinco millones de habitantes donde el 44% de las mujeres de entre 15 y 49 años están mutiladas, según la organización 28 Too Many.

Liberia es, junto a Malí, Sierra Leona, Chad y Somalia, uno de los cinco países del continente africano donde la ablación sigue estando muy extendida y es legal, ya que no está tipificada como delito

“No tienes que cortar a una niña para que se convierta en mujer”, expresó Laurent Delahousse, embajador y jefe de la delegación de la Unión Europea en Liberia, tras la firma del documento, efectuada en Monrovia. A la ceremonia, en las dependencias del Ministerio de Género, Infancia y Protección Social, también asistieron Zanzan Kawor, Jefe del Consejo Nacional de Jefes y Ancianos de Liberia (NACCEL en sus siglas en inglés) y Jewel Cianeh Howard Taylor, la actual vicepresidenta del Gobierno de Liberia.

La MGF, reconocida por Naciones Unidas como una violación de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, no produce ningún beneficio para la salud. La intervención puede provocar hemorragias graves, problemas a la hora del parto, complicaciones urinarias, infecciones y aumento del riesgo de muerte del recién nacido.

Aunque no ha sido hasta ahora cuando se ha hecho oficial el anuncio, desde el pasado 6 de febrero, Día Mundial de la Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, la prensa en Liberia se hacía eco de la noticia. Tras una conferencia, celebrada entre el 3 y 5 de febrero en Gbarnga, se alcanzó el acuerdo entre el Gobierno liberiano y el Consejo Nacional de Jefes y Ancianos (NACCEL), según contaba el diario GNNLiberia. “Mi trabajo me ha hecho comprender que solo la emisión de decretos y la firma de compromisos con nuestros líderes tradicionales es insuficiente para frenar la práctica”, aseguraba en esta reunión la ministra de Género, Infancia y Protección Social Williametta E. Saydee-Tarr. “Insistimos con ellos [los líderes] en que las tradiciones pueden y deben evolucionar. Cuando estas son ilegales y dañinas, deben cambiar”, expresaba Delahousse, también presente en estas jornadas. “A pesar de que en otras ocasiones la sociedad se han sentido frustrada por los retrocesos en esta materia, esperamos que este movimiento hacia adelante se mantenga”, añadía.

Sin embargo, Liberia aún no ha aprobado una legislación que prohíba la ablación de manera permanente. Por primera vez, en 2012, el Gobierno anunció el cierre de las actividades de Sande y dejó de emitir permisos a las zoe –las líderes espirituales de la sociedad secreta encargadas de la circuncisión del clítoris–, después de que esta práctica fuera denunciada en varios reportajes por la periodista Mae Azango, de FrontPage África, el diario más importante en Liberia.

En 2016 se propuso de nuevo la prohibición de la práctica en la nueva Ley de Violencia Doméstica, pero todas las referencias a la mutilación se eliminaron cuando se aprobó el proyecto en 2017, tras las muchas presiones de los grupos más conservadores con el argumento de que era una tradición cultural. Dos años después, en 2018, la presidenta, Ellen Johnson Sirleaf, antes de ceder su cargo a George Weah, firmó la orden ejecutiva número 92 por la que prohibía la MGF en niñas menores de 18 años. Sin embargo, esta orden expiró un año después, en enero de 2019, y desde entonces volvió a ser legal. Hasta ahora.

El rito del horror y el negocio de las ‘escuelas del bosque’

La Sande, que paralizará sus actividades hasta 2025 según el nuevo acuerdo, es una sociedad secreta que se considera la guardiana de las tradiciones en Liberia, pero también en países vecinos como Costa de Marfil y Sierra Leona. Su poder se perpetúa a través de las llamadas escuelas del bosque, centros femeninos supuestamente educativos, permitidos y financiados por el Ministerio del Interior, donde se realizan los ritos de la ablación.

“No es la primera vez que se suspende la mutilación durante un período de tiempo en estos centros. Sin una ley, existe el riesgo de que todo vuelva a ser igual después de que acabe la prohibición…. Pero sí, es una buena noticia”, sentencia Emanuela Zuccalà, periodista y directora de La escuela del bosque, un documental que denuncia la impunidad de la que goza esta práctica en el país africano. “Es una película muy importante porque nos pone ante un rito muy cruel. Esperamos que nuestros diplomáticos y las relaciones con estos dos países –Liberia y Sierra Leona– pueda hacer que haya una ley contra la mutilación”, expresaba Emma Bonino, política italiana, minutos antes de la presentación de la cinta, el pasado 8 de febrero, en un debate organizado por No Peace Without Justice y auspiciado por el Parlamento Europeo, titulado Actuar contra la MGF en Liberia y más allá.

A través de la voz de varias activistas, entre las que se incluye una exzoe, el documental desbroza los entresijos ocultos de estos centros que preparan a las niñas para ser buenas esposas, para lo que, de manera indispensable, tienen que pasar por la cuchilla. “No es una escuela, es un lugar de humillación y sufrimiento”, asegura Mar Azango, frente a la cámara de Zuccalà. La reportera liberiana se infiltró en una de ellas para saber cómo funcionaban, haciéndose pasar por una madre: “Me dijeron que le llevase 10 lapa (falda tradicional), dos latas de aceite, dos sacos de arroz y 50 dólares (44 euros), y que entonces admitirían a la niña”, explica en el documental.

Otra de las protagonistas de la película, Mary T, de 29 años, confiesa que se negó a asistir a esta escuela del bosque cuando sus padres quisieron llevarla y ahora paga las consecuencias. “Si no eres miembro de Sande, no te consideran una mujer. La comunidad te abandona”. La presión social y el estigma que sufren las jóvenes que no van a estos centros es una losa para su futuro. “Las chicas salen del sistema educativo regular para entrar en estas escuelas. Puedes ver colegios enteros vacíos de niñas en una aldea”, explica en el debate posterior a la película Rugiatu Turay, activista por los derechos de las mujeres de Sierra Leona, país donde también es legal la ablación y está dirigida por la Sande.

“¿Cómo podemos reducir el número de niñas que llevan allí?”, se preguntaba Turay, que proponía crear “lugares seguros” para las mujeres que están a punto de sufrir la mutilación en estas escuelas, especialmente en las zonas rurales, donde el número de cortadas no se conoce, por la falta de datos ante el secretismo de esta organización. “Mis secuelas físicas y psicológicas me han hecho ponerme del lado de todas las mujeres y niñas, para que no sufran lo mismo. Con educación, sensibilización y financiación podremos acabar con ella”, añade Phyllis Nguma Kimba, exzoe y activista contra la ablación en Liberia.

La financiación, clave contra la ablación

Entre los 28 países africanos donde esta práctica está muy extendida, cinco de ellos no han aprobado aún una ley que la tipifique como delito –Sierra Leona, Somalia, Chad y Malí–, entre los que está Liberia, con la práctica suspendida, de momento, por tres años. “Estamos en un cruce de caminos, donde hay una sociedad dispuesta a cambiar y una clase política que también lo está. La Unión Europea debe defender los derechos humanos y condenar todo acción de politizar y controlar el cuerpo de las mujeres a través de la ablación”, aseguraba Delahousse, otro de los invitados al debate auspiciado por el Parlamento Europeo.

El cierre de las escuelas y las cuarentenas por la covid-19 no han ayudado a que la situación de riesgo de las niñas mejore. Antes de la pandemia, ya se estimaba que 68 millones de ellas estaban en peligro de sufrir la MGF entre 2015 y 2030. La prolongada interrupción de la educación por la crisis sanitaria amenaza con que haya un aumento de otros dos millones de casos más que podrían ocurrir durante la próxima década.

“Existe una necesidad urgente de acelerar la inversión para ponerle fin. Se necesitan unos 2.400 millones de dólares (2095 millones de euros) para eliminar esta práctica en 31 países”, calculaban la directora ejecutiva de UNFPA, Natalia Kanem, y la directora ejecutiva de Unicef, Catherine Russell, en una declaración conjunta al hilo del Día Internacional de la Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina. “Enfrentamos un desafío sin precedentes. Los esfuerzos globales deben mantener el impulso y aprovechar años de progreso para poner fin por completo a esta práctica dañina”, concluían.

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