Lo que cuesta cada gota de agua a las mujeres en Panchimalco

No hay nada que una más a las mujeres de Panchimalco que la falta de agua potable. Aquí, tener un poco para beber es un lujo y un “sufrimiento”. Cada cinco u ocho días, el líquido brota por un par de horas de los grifos de las tres comunidades más distantes del centro de este municipio al sur de San Salvador: Panchimalquito, Pajales y El Divisadero. Quienes hacen las filas desde muy temprano, con suerte, se llevan a cuestas dos barriles de un pozo que abastece a unas 600 familias. “Tenemos que llegar primeras porque, si no, ya no queda nada”, asegura Verónica Alfaro mientras espera en el último cantón para recibir lo que sobra en el tanque.

Panchimalco siempre ha batallado por este recurso. Cuando hace ocho años Alfaro se mudó a esta parte de la Cordillera del Bálsamo, lo supo. “Pasé de tenerla a la mano en mi hogar a verme obligada a buscarla donde sea por mis hijos”. El agua aquí cae a cuentagotas por los grifos de sus calles. Si es invierno, las lluvias alivian. Pero de noviembre a abril, la sequía del verano obliga a las mujeres a partir con cántaros en la cabeza hacia los ríos, en una travesía de al menos tres kilómetros en la que se juegan la vida. “Siempre ha sido el mismo sufrimiento, pero ahora no podemos pasar los montes por miedo a quienes están allí”, narra la lideresa de El Divisadero que acarrea las tinajas con su hijastra. “Tengo temor de que le hagan algo a ella”, admite.

El miedo se respira en cada palabra que, con cautela, escogen para hablar de quienes están detrás de la violencia. “Muchas compañeras han sido violadas, algunas hasta desaparecieron”, lamenta Estebana Bonilla. “La necesidad nos hacía salir en la madrugada para traer un solo cántaro de las quebradas”, recuerda la bordadora de la cooperativa de mujeres Acopanchi en Panchimalco. “Ahora por la inseguridad como sea aguantamos, con la misma agüita lavamos los huevos y esa misma la ocupamos para tomar el café”.

Si bien en los últimos años las cifras de criminalidad se han desplomado en El Salvador, las pandillas aún transitan libremente por Panchimalco. Sus amenazas provocaron el éxodo de unas 30 familias en mayo de 2021, según informaron los medios locales, y el municipio fue blanco del repunte de homicidios que registró el país centroamericano del 9 al 11 de noviembre pasado, en el que al menos 47 personas fueron asesinadas, de acuerdo con la Policía Nacional Civil.

“En mi infancia podíamos andar libres por los ríos, bañarnos y lavar sin correr riesgo alguno”, relata Leonor Ramírez con la pesadumbre de 44 años de carencia hídrica en el cantón Pajales. “Para evitar que nuestras hijas se arriesguen, las mayores nos echamos la tarea de ir a las quebradas porque sabemos lo que puede pasar”.

Lo de Panchimalco es una gota más de lo que pasan las vecinas en los pueblos rurales en El Salvador afectados por esta carestía. La crisis hídrica sigue siendo, por tanto, una de las expresiones más profundas de la desigualdad en el país, alerta Oxfam en su informe El Salvador: Agua, élites y poder. Una crisis que empeora a medida que el 90% de sus aguas superficiales ya están contaminadas y es la población más empobrecida la que paga el precio más alto de su privación.

Un 12,8% de salvadoreños en el campo se abastece de un pozo y otro 10,2% mediante ríos, la recolecta de la lluvia o la compra a camiones cisternas

Para Óscar Ruiz, del Foro del Agua de El Salvador, se trata de una “injusticia hídrica” que hace que todavía un 12,8% de salvadoreños en el campo se abastezca de un pozo y otro 10,2% mediante ríos, quebradas y nacimientos, la recolecte de la lluvia o la compre a camiones cisternas, de acuerdo con la última Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples. “Es doloroso que comunidades con manantiales cerca no tengan acceso, mientras ven cómo las empresas se la llevan. Da igual que tengas la fuente allí, porque finalmente accede quien tiene el poder económico”.

Así es en Panchimalquito, Pajales y El Divisadero, que recién desde 2014 cuentan con un pozo administrado por una junta vecinal, una forma de organización muy frecuente en las comunidades donde el Estado no llega con acueductos y alcantarillado. Sin embargo, este servicio, por el que cada familia paga unos 3,5 euros mensuales, no agota la demanda aquí. Con dificultad abastece al 80% de las 738 familias mediante dos barriles a la semana. “En la pandemia pasamos muchos momentos sin agua y debíamos comprar un bidón (cinco barriles) a 10 dólares (ocho euros) a los camiones cisternas”, comenta Magdalena Martínez, usuaria del tanque en El Divisadero. “A quienes no podíamos pagar esa cantidad ni siquiera nos querían vender un barril”.

Las élites salvadoreñas le han dado la espalda a esta crisis, advierte Oxfam, a tal punto que este recurso aún no es un derecho humano en la Constitución del país, pese a que Naciones Unidas lo reconoce así desde 2010. Además, “la presión que ejerce el conglomerado de empresarios de caña de azúcar, construcción de bienes inmobiliarios y bebidas embotelladas explica por qué, en más de una década, había sido imposible aprobar un marco legal tan determinante para la vida de las personas”, detalla en su informe.

Para Ruiz y otros expertos, dicha concentración de poder se traspasa a la Ley de Recursos Hídricos, aprobada a fines de diciembre pasado tras más de 15 años de discusiones. “En su artículo 1 reconoce el derecho humano al agua, pero debería significar un derecho sin discriminación ni privilegios a sectores empresariales”, señala. Entre otros puntos se refiere a la inequidad que persiste para las juntas vecinales. En respuesta al pronunciamiento del Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho Humano al Agua Potable y Saneamiento, la nueva ley toma en cuenta a las juntas vecinales, pero las pone al nivel de las empresas privadas, por lo cual tendrán que pagar por extraer el agua a pesar de que dan un servicio en ausencia del Estado.

Entretanto, las mujeres siguen cargando con la escasez hídrica y las cicatrices de la violencia en barrios como Panchimalco. Lo escuchan y recuerdan a diario. “Allí te amenazan, te asaltan, te violan”, repiten. No es seguro ir tan lejos. Tampoco lo es denunciar. No en vano se estima que las salvadoreñas apenas denuncian el 20% de los casos de violencia por miedo a represalias de parte de las pandillas, según un estudio del movimiento feminista Las Mélidas y la Fundación Mujeres.

Pero el temor no paraliza su lucha aquí. “Estamos organizadas porque queremos ver una diferencia en los cantones”, dice Verónica Alfaro, quien participa en el Comité de Mujeres del lugar. “Quizás nosotras no gozaremos los frutos de esa lucha, pero servirá para que otras no sufran lo mismo”. Así, ella y otras lideresas de nueve de los 14 cantones de Panchimalco trabajan con la Asociación Comunitaria Unida por el Agua y la Agricultura (ACUA) en diversos proyectos encauzados a la defensa de sus derechos “sobre el acceso a agua potable, el empleo digno y la no violencia social ni el acoso policial y militar”.

En 2020, lograron que la ONG iniciara un proyecto comunitario, con la financiación del Fondo Menorquí de Cooperación y del Gobierno de La Rioja, y con el apoyo de Medicus Mundi, para mejorar el abastecimiento para el total de familias. En aquel momento, el acuerdo con la alcaldía fue un nuevo pozo que las comunidades gestionarían y para el que ellas mismas dieron la mano de obra. No obstante, con la llegada de las nuevas autoridades en 2021, el proyecto se ha detenido y a las comunidades se les ha negado el acceso al pozo y los materiales adquiridos. “Nos sentimos mal porque vemos el riesgo de que no nos lo devuelvan”, expresa al respecto Leonor Ramírez. “Sentimos que lo vamos perdiendo y quedaremos limitadas en este verano que ya vivimos la escasez”.

Firmes en su lucha, las mujeres de las comunidades afectadas organizaron una protesta pacífica afuera de la alcaldía el pasado septiembre. “Nuestra desesperación es que se la lleven a otro lugar”, advierte Candelaria Álvarez, quien a sus 76 años es una de las férreas defensoras en el cantón Pajales. Sin embargo, a la fecha las autoridades no han dado declaraciones a la prensa ni una respuesta oficial a las comunidades, por lo cual estas han llevado el caso hasta la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que ya está atendiendo la denuncia.

“Seguiremos luchando porque el proyecto no es de la alcaldía ni de una ONG, es de los tres cantones”, manifiesta la lideresa. “Nosotras somos pobres, pero tenemos derecho al agua y no nos avergüenza decir que seguiremos luchando hasta que así sea”. Una batalla que es la de muchas mujeres a quienes el precio de este preciado recurso es más que unos cuantos euros; es el cargar con una memoria desgarrada por décadas de injusticias.

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