El momento de erradicar la violencia contra las mujeres en política es ahora

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Este 2021 comenzó con un calendario electoral muy activo y definitorio para la mayoría de los países de América Latina. Desde presidencias, cuerpos legislativos, gobiernos locales y hasta convenciones constituyentes, estamos ante una reconfiguración del mapa político.

Las desigualdades, las demandas sociales, la violencia machista y el reparto desigual de los cuidados entre hombres y mujeres que ya eran preocupantes antes de la pandemia, se pusieron en evidencia con la crisis de la covid-19. Como le dijo hace unos meses a la BBC Marta Lagos, directora de la encuestadora Latino-barómetro, “los pueblos van a privilegiar el presente, que nunca ha sido tan importante como en la pandemia”.

Desde mi posición en la Dirección Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, he pasado el último año visibilizando el rol que han jugado las mujeres en la respuesta a la pandemia y cómo se han incorporado a las organizaciones feministas en las estrategias de recuperación socioeconómica y las diferentes reivindicaciones sociales y políticas.

A raíz de esta crisis, ha quedado en evidencia que las mujeres desempeñan un papel significativo en la gestión pública y territorial, y que su exclusión de la toma de decisiones no tiene que ver con capacidades, sino con discriminaciones estructurales y estereotipos de género.

Estoy convencida de que, para lidiar de forma efectiva con la crisis de sanidad y sus efectos en las múltiples crisis socioeconómicas, políticas y humanitarias, lo mejor que nos puede pasar es que estos procesos electorales resulten en una reafirmación de las democracias y sus instituciones con muchas más mujeres en espacios de poder.

Porque en esa representación paritaria y diversa está el potencial que la gestión pública pierde al no incluir a las mujeres para decidir y resolver los problemas de toda la ciudadanía: esas demandas del presente que precisan respuestas urgentes.

Según los datos conjuntos de ONU Mujeres y de la Unión Interparlamentaria, tenemos en la región de las Américas la proporción de mujeres en los parlamentos más alta del mundo (32,4% de media), después de los países nórdicos, y levemente por encima del conjunto de Europa.

Lo mejor que nos puede pasar es que los procesos electorales resulten en una reafirmación de las democracias y sus instituciones con muchas más mujeres en espacios de poder

Es una cifra que da esperanza, pero aún lejana de la paridad en todos los poderes del Estado y niveles de gobierno, así como de una cultura social y política que realmente garantice igualdad de condiciones y no solo de acceso.

Las mujeres, al posicionarse cada vez más en el espacio público y político, lo han hecho a pesar de una cultura política machista, prejuiciosa y en muchos casos violenta. La violencia política se manifiesta de diversas formas: desde los asesinatos de candidatas, los ataques físicos, hasta el acoso verbal y cibernético. La violencia contra las mujeres en política es una realidad cotidiana para quienes ejercen este tipo de responsabilidad pública.

Aparece en contextos electorales, pero también ante el avance de la agenda hacia la igualdad sustantiva. Adquiere características específicas ante la amenaza de la corrupción, constituyendo el mecanismo para evitar y/o castigar la fiscalización de las mujeres que denuncian actos ilícitos y/o buscan medidas hacia una mayor transparencia y rendición de cuentas.

Según investigaciones de EUROsociAL en 2019, la corrupción constituiría además una posible barrera para el acceso de las mujeres a la política, pues secundaría la explotación de recursos en favor de redes consolidadas de poder de las que las mujeres han sido históricamente excluidas, además de alimentar la violencia del crimen organizado, otra barrera que disuade la participación de las mujeres en estos espacios.

Finalmente, hay que tener en cuenta que la violencia de género que se manifiesta contra las mujeres en política puede darse también en los espacios más cercanos: sus propios partidos, instituciones, comunidades y familias; afectando de forma diferenciada a las mujeres rurales, indígenas, afrodescendientes, jóvenes, con discapacidad y de la diversidad sexual, entre otras.

Las redes sociales son otro ámbito donde esta violencia se está manifestando de forma impetuosa, sobre todo a raíz de la pandemia donde muchas de nuestras dinámicas cotidianas se han virtualizado. Estudios de alcance nacional y entrevistas realizadas a mujeres políticas muestran altos porcentajes de ataques en las redes, como fotomontajes de contenidos sexuales, intimidaciones, amenazas, agresiones a menudo asociadas a la enfatización de su vida privada, a su rol como madre, esposa o abuela, a su apariencia física o vestimenta, a su sexualización y despolitización, más que a sus ideologías o programas electorales y políticos.

Las redes sociales son otro ámbito donde esta violencia se está manifestando de forma impetuosa

Si bien aún no contamos con un estudio regional que nos pueda dar datos precisos sobre el alcance de estos ataques en las redes sociales, los testimonios reportan altos niveles de impunidad que muchas veces llevan a las mujeres políticas y activistas a cerrar sus cuentas y renunciar al espacio público virtual.

Una noticia que nos da esperanza en este sentido es que, hace unos días, en el Foro Generación Igualdad que se celebró en París bajo el auspicio de ONU Mujeres y los gobiernos de Francia y México, cuatro de las más grandes plataformas al mundo de redes sociales —Facebook, Google, tiktok y Twitter— se comprometieron a mejorar los sistemas para denunciar abusos luego de la publicación de una carta abierta de 200 mujeres de alto perfil que exigieron poner fin a la “pandemia de abusos en internet”.

Este es un primer paso, pero el panorama regional, sin duda alguna, demanda acciones urgentes por parte de la institucionalidad pública y de toda la ciudadanía para un abordaje integral de la violencia política basada en género, que abra caminos hacia su erradicación. Al momento de escribir estas líneas, podemos decir que, gracias al trabajo de organizaciones y mujeres políticas, y con el impulso de la sociedad civil organizada y el apoyo de ONU Mujeres y otros organismos internacionales, en América Latina se han logrado algunos avances en este sentido:

• Tres países cuentan con leyes específicas sobre Violencia Contra las Mujeres en Política: Bolivia (2012), Panamá (2020) y Perú (2021).
• Siete países han incorporado la violencia contra las mujeres en política en leyes integrales sobre violencia basada en género: Argentina (2019), Bolivia (2013), Ecuador (2018), México (2020), Panamá (2013), Paraguay (2016) y Uruguay (2018).
• México, inicialmente, desarrolló un protocolo interinstitucional para atender la violencia política contra las mujeres (2016), para luego llevar a cabo una reforma integral de un compendio de leyes y así incluir la violencia política contra las mujeres en razón de género (2020).
• Ecuador, en su reforma al Código de la Democracia (2020), ha tipificado la violencia contra las mujeres en política como infracción electoral; otros países tienen proyectos de ley en tratamiento o pendientes de ser promulgados, como el Código Electoral de Colombia (2020).
• Al menos cinco países cuentan con protocolos, comisiones y rutas de atención para abordar estos problemas en las Asambleas Nacionales, tal como Argentina, Bolivia, Chile, El Salvador y México, entre otros; a la vez que mecanismos en órganos subnacionales y partidos políticos.
• Diversos órganos electorales han impulsado además campañas, acciones de seguimiento, rutas de atención y/o reglamentos, y también se han dado en los países pactos éticos y compromisos entre actores del entramado político y social de no ejercer actos de acoso y violencia política basada en género.

Tenemos que seguir, desde todos los ámbitos y con un fuerte compromiso de la ciudadanía, promoviendo estrategias orientadas a prevenir, sancionar y erradicar el acoso y la violencia contra las mujeres en política.

Deber ser, además, un enfoque integral, que garantice un igual acceso de todas las mujeres en su diversidad a espacios de toma de decisiones en todos los poderes y niveles del Estado, y espacios públicos y políticos libres de toda forma de violencia basada en género.

Si, como dijo Marta Lagos, los pueblos de América Latina y el Caribe están privilegiando el presente, los gobiernos, los partidos, la sociedad civil y las organizaciones internacionales deberíamos hacer lo mismo. El momento de erradicar la violencia contra las mujeres en política es ahora.

María Noel Vaeza es directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe.

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