Parar la violencia machista

La violencia machista sigue acabando con la vida de las mujeres a pesar de décadas de leyes, políticas y compromisos institucionales. Este martes fueron asesinadas tres en Miranda de Ebro (Burgos) y resultaron heridos dos niños por un incendio provocado supuestamente por la expareja de una de ellas, un hombre con graves antecedentes de violencia de género.

El presunto autor entró por primera vez en el sistema VioGen en 2007 por maltratar a su pareja de entonces. Después, en 2015, fue condenado por abusar sexualmente de una niña de nueve años. Hace dos años entró de nuevo en prisión por retener encadenada a una mujer. Su expareja, una de las fallecidas, también había estado en el sistema VioGén, aunque por otra relación.

El enorme impacto social de este macabro suceso radica en su magnitud (el de mayor número de víctimas desde que en 2003 empezaron a registrarse), pero también en lo incomprensible de lo ocurrido: que, a la vista de todo lo que se sabía del presunto autor y de la víctima, el Estado no haya sido capaz de protegerla.

En España el 40% de los condenados por violencia machista reinciden, lo que lo convierte en el delito con mayor índice de reincidencia. Esto revela ya un preocupante fracaso del sistema en su objetivo de reinserción de este tipo de delincuentes.

La violencia machista es un fenómeno estructural, pero sus consecuencias son concretas y personales. La culpa es obviamente del agresor; la causa de fondo está siempre en la pegajosa cultura patriarcal, que, a pesar de todos los avances, sigue ahí. Pero la responsabilidad, y más en un clamoroso caso como el de Miranda de Ebro, no es abstracta: corresponde a cada eslabón de la cadena de instituciones encargadas de la prevención.

La respuesta de sus responsables no puede ser una mera condena, sino el firme compromiso de investigar qué y quién ha fallado en su obligación de evitar el crimen.

Detrás de cada caso de violencia están las fuerzas de seguridad para valorar el riesgo de la víctima y proporcionarle protección; jueces que conocen los antecedentes y tienen en sus manos medidas preventivas como las órdenes de alejamiento o la suspensión del régimen de visitas de los hijos; servicios sociales municipales y autonómicos que se encargan de asesorar, acoger y acompañar a las víctimas.

Es imprescindible que todos los gobiernos (central, autonómicos y locales) les garanticen los medios y la coordinación para que cumplan sin fisuras su cometido. Ni la saturación de los juzgados ni la falta de recursos policiales o sociales pueden ya servir de excusa en la lucha contra una lacra que se ha cobrado la vida de 1.353 mujeres en dos décadas.

La unidad frente a la violencia de género ha sido uno de los consensos políticos y sociales más sólidos en España en los últimos años. Y ha salvado muchas vidas. En 2004 se aprobó una ley integral modélica en Europa. Pero el sistema sigue fallando. Dramáticamente. Este año, ya han sido asesinadas 13 mujeres, tres de ellas la noche de este martes. Una sociedad democrática debe plantarse con toda la firmeza ante esta aterradora cifra. La tragedia de Miranda de Ebro exige que se cierren las grietas que la hicieron posible.