Se avecina otro posible rescate nuclear

Las empresas eléctricas españolas están forzando alargar la vida de las centrales nucleares, alegando una rentabilidad insuficiente, lo que evidencia que piensan obtener de ellas ingresos adicionales. Y la verdad es que experiencia no les falta en conseguirlo. De hecho, s...

Las empresas eléctricas españolas están forzando alargar la vida de las centrales nucleares, alegando una rentabilidad insuficiente, lo que evidencia que piensan obtener de ellas ingresos adicionales. Y la verdad es que experiencia no les falta en conseguirlo. De hecho, si lo lograran, este sería su quinto rescate nuclear. Repasemos la crónica de los anteriores.

El primer rescate se produjo en los años ochenta, cuando las eléctricas proyectaron hasta 40 grupos nucleares e iniciaron las obras de 15, dos casi acabados en Lemoiz, a sólo 25 kilómetros de Bilbao, que tuvieron un desenlace dramático por la violencia de ETA y desastroso para Iberduero, su propietario. Pero casi todas las eléctricas habían participado en ese exceso nuclear, que les provocó un sobrecoste del endeudamiento que no pudieron soportar ya que, según declaró en 1984 José María Oriol, presidente de Hidrola, duplicaba la inversión material.

Por ello, el Gobierno socialista las rescató ese año de la insolvencia, deteniendo cinco reactores en construcción, compensando las inversiones efectuadas (4.400 millones de euros) y avalando luego su pago anticipado, lo que elevó su coste hasta 5.700 millones, que los consumidores han estado pagando hasta 2016.

El segundo lo llevó a cabo el Gobierno del PP, que aprobó en 1998 la liberalización de la generación eléctrica. Las eléctricas, que temían perder sus beneficios, pactaron con el Gobierno que los consumidores les pagaran por anticipado unos supuestos “costes de transición a la competencia” (CTC).

Las nucleares y las demás centrales percibieron así cerca de 8.700 millones para recuperar la inversión efectuada en ellas, convirtiendo los supuestos costes en beneficios de transición a una competencia que tampoco llegó.

El tercero se inició en 2006 por una derogación prematura de los CTC que impidió que las eléctricas devolvieran el exceso obtenido por unos precios de mercado superiores a los previstos, y originó un artificial “déficit tarifario”, que llegó a alcanzar los 30.000 millones. Muchos expertos piensan que realmente lo que existió fue un superávit de retribuciones reconocidas. De nuevo, las eléctricas consiguieron el aval del Estado para cobrar anticipadamente unos 28.000 millones, mientras los consumidores acabarán pagando 43.000 millones hasta 2028.

A pesar de haber recuperado la mayoría de sus costes, las nucleares siguieron cobrando al precio máximo de las centrales de gas. Los consumidores españoles perdieron así la posibilidad de reducir las tarifas, como hizo la empresa estatal francesa EDF al vender su energía nuclear a un precio referenciado a su coste, inferior al del mercado.

Como declaró en 2017 el profesor Ignacio Pérez Arriaga, de la Universidad de Comillas y el MIT, quien dirigió un Libro Blanco sobre el sector eléctrico encargado por el Gobierno: “La aprobación de los CTC no se hizo correctamente. Hemos estado pagando un defecto de ingresos a las centrales de generación cuando han podido recuperar con creces sus inversiones”. Lo que tuvo —y sigue teniendo— lugar es una injustificable extracción de rentas a costa de los consumidores y las empresas, que hay que finalizar.

El cuarto rescate fue para Almaraz, que tenía previsto cerrar en 2020 y cuya vida se prorrogó siete años, lo que le ha generado hasta hoy un beneficio inesperado de 4.000 millones (después de impuestos y tasas), al ser remunerada al precio marcado por el gas. Sus dueños son los que ahora pretenden aparecer como perseguidos fiscalmente.

El quinto rescate se avecina cuando los precios de mercado han bajado gracias a las renovables. Las eléctricas dicen que son insuficientes para compensar los costes de sus nucleares y piden reducciones de impuestos y tasas para continuar. Esa posible continuación sólo debería considerarse si se concluye que conviene al interés general disponer de estas centrales durante la transición a las renovables.

Lo que necesita hoy España es prescindir del petróleo y del gas, 100% importados, que, además de aumentar el calentamiento global, afectan a la seguridad del abastecimiento y a la balanza comercial española, cuyo saldo negativo de productos energéticos (-30.000 millones) triplicó al de los no energéticos (-9.800 millones) en 2024.

Para conseguirlo habría que dejar en reserva las centrales de gas y sustituir el petróleo en automoción y transporte por biocombustibles y una electricidad producida básicamente con renovables, en las que España tiene ventaja competitiva.

Las renovables pueden proporcionar a la red estabilidad e inercia, al contrario de lo que se insinuó tras el apagón de abril, pero resulta necesario aumentar la seguridad, reforzar las funciones del operador (Red Eléctrica) y recuperar el retraso de España en actualizar normativas e implantar baterías. A ello podrían contribuir los políticos no obstruyendo decretos antiapagón, potenciando las capacidades de los órganos reguladores y exigiendo una mayor diligencia y competencia a sus responsables.

Las nucleares podrían aportar energía firme sin CO₂ y una reducción parcial del consumo de gas. En cambio, quitarían hueco a las renovables, prolongarían el riesgo (poco probable pero cuantioso) de un accidente nuclear y producirían más residuos. La cuestión de los residuos radiactivos es trascendente al requerir unos recursos que, si no se afianzan ahora, acabarán produciendo un inevitable sexto rescate nuclear que no deberíamos traspasar a nuestros hijos.

El Tribunal de Cuentas viene advirtiendo de la insuficiencia del fondo (8.677 millones) detraído a las eléctricas mientras funcionan los reactores para atender costes (20.500 millones) estimados para los próximos 75 años. Sin embargo, las eléctricas han demandado al Gobierno y a Enresa por la reciente subida de las tasas, y reclaman casi 800 millones.

La única forma de asegurar que esos fondos estén disponibles cuando se necesiten es cobrarlos por anticipado con el aval de las eléctricas. En cambio, el desmantelamiento de las centrales nucleares debería ser responsabilidad y sufragado directamente por los propietarios de las centrales, como sucede en Alemania, Francia o Reino Unido.

Resuelto ese problema, el aumento de vida de las nucleares sería entonces una posibilidad a considerar dentro de un acuerdo más amplio para acometer la reforma de un obsoleto e ineficaz mercado eléctrico.

Las fotovoltaicas han bajado el precio del mercado al mediodía, lo que unido a la rigidez de las nucleares para bajar carga da lugar al vertido diario de renovables a precio cero, que impide recuperar la inversión a las empresas que no concurrieron a subastas. Esto está frenando la inversión en renovables, a pesar de sus menores costes.

España sufre un problema de disociación entre costes y precios muy perjudicial para los consumidores, a los que no se trasladan las bajadas de costes. Esto lastra la competitividad del país y debe solucionarse. Como el mercado no identifica los costes reales de las renovables, hay que utilizar otros de subastas eólicas y fotovoltaicas y de capacidad, incluido el almacenamiento. Respecto a las nucleares, las empresas han aludido a sus costes para conseguir más ingresos. Parece correcto, pero también hay que hablar de los costes, hasta ahora un tabú, de las centrales de gas e hidroeléctricas.

Las centrales de gas ofertan su energía a un precio que no refleja el coste real del gas, sino otro virtual del mercado internacional más tensionado, introduciendo así una inestabilidad inflacionaria a toda la energía.

La hidroeléctrica desplaza kWh de las centrales de gas en las horas más caras, pero eso no significa ningún ahorro para los consumidores, pues se remuneran a precio similar, pese a sus escasos costes remanentes. Las hidroeléctricas aprovechan además un recurso público como el agua, pagando unos cánones muy reducidos, cuya actualización, aplicada a una reducción de precios, sería incuestionable.

Por último, las eléctricas, que dicen estar preocupadas por la seguridad del suministro, han efectuado una sorprendente pirueta ofreciendo al Estado una participación del 50% en Almaraz. No parece que el Estado debiera participar en unos beneficios adicionales habituales que no deberían producirse, ya que su mejor contribución al desarrollo del país sería, como se hizo en Francia, reducir los precios de la electricidad con una remuneración regulada.