El debate | ¿Son compatibles las inversiones en aeropuertos con la descarbonización?

El mes pasado, el Gobierno anunció un plan de inversiones por valor de 12.900 millones de euros entre 2027 y 2031 en los aeropuertos de la red pública. El transporte aéreo está lejos de ser la principal fuente de emisiones de gases de e...

El mes pasado, el Gobierno anunció un plan de inversiones por valor de 12.900 millones de euros entre 2027 y 2031 en los aeropuertos de la red pública. El transporte aéreo está lejos de ser la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero (el transporte por carretera y la construcción siguen siendo los principales contaminantes) pero también es uno de los más difíciles de descarbonizar. La pregunta es cómo esa inversión en el sector aeroportuario se compatibiliza con unos ambiciosos planes de descarbonización.

Amparo Brea, Chief Green Officer de Aena, y Pablo Muñoz, coordinador del área de movilidad sostenible de Ecologistas en Acción, cotejan sus puntos de vista.

Debemos romper algunos mitos del transporte aéreo

Amparo Brea

Tras el anuncio de la propuesta de plan de inversiones de Aena para 2027-2031, que asciende a cerca de 13.000 millones de euros, es imprescindible desterrar dos mitos sobre su supuesta incompatibilidad con la sostenibilidad medioambiental. Por un lado, el mantra mil veces repetido de que el transporte aéreo es uno de los principales focos de contaminación mundial. Según las cifras que maneja el sector aéreo, su contribución a las emisiones globales de CO₂ es de entre el 2% y el 3%. Y, por otro, que la ampliación de los aeropuertos implique una mayor contaminación. Es precisamente a la inversa: las nuevas infraestructuras mejoran su eficiencia energética y optimizan su operativa. Por lo tanto, es posible ampliar los aeropuertos para prestar un servicio de calidad sin aumentar la huella de carbono.

Sobre el primer mito hay que tener en cuenta, además, que los aeropuertos somos responsables de una mínima parte del impacto ambiental producido por el sector aéreo. No obstante, el compromiso con la sostenibilidad medioambiental y la lucha contra el cambio climático lo asumimos conjuntamente con toda la industria. En Aena trabajamos con fabricantes de aviones, aerolíneas, prestadores del servicio de tránsito aéreo, productores de combustible, compañías de servicios en tierra (handling), etcétera, como un grupo coordinado de acción para la implementación de proyectos con un enfoque integral: afrontar el desafío de la descarbonización del sector y proteger el entorno.

La contribución de Aena se plasma en ese reciente plan de inversiones, que destinará 1.500 millones de euros a proyectos tecnológicos, de innovación y de sostenibilidad medioambiental. Disponemos de una Estrategia de Sostenibilidad y de un Plan de Acción Climática 2021-2030, que cuentan con una inversión de 750 millones de euros y que se apalancan en el suministro energético renovable, el uso de biocombustibles y la implementación de medidas de eficiencia energética para reducir la huella de carbono. Este plan de inversiones permitirá que toda la red aeroportuaria sea cero emisiones netas en 2030, veinte años antes que el objetivo mundial del sector de la aviación.

Sobre el segundo mito, el de que el crecimiento de las infraestructuras implica más contaminación, hay que ser realista. Es indispensable atender el enfoque financiero, ya que las organizaciones necesitan músculo para financiar las ingentes cantidades de recursos que exige la descarbonización; y el operativo, porque solo con infraestructuras de mayor tamaño se alcanza la eficiencia energética necesaria y se evita el consumo innecesario. Este proceso de descarbonización al que todas las industrias estamos obligadas implica una transformación profunda que va más allá de ajustes puntuales. Requiere una reconfiguración estructural con inversiones en tecnología, infraestructura, formación y adaptación de procesos. Para acometerla, las empresas necesitan volumen. Sin él, los ingresos resultan insuficientes para abordar la transición ecológica.

En el caso de Aena, que gestiona 46 aeropuertos y 2 helipuertos en España, y más de una treintena de aeropuertos en el resto del mundo, la evolución hacia un modelo bajo en carbono implica actuaciones de gran escala: electrificación de flotas terrestres, modernización y eficiencia energética de terminales, integración de energías renovables, digitalización de procesos y colaboración con aerolíneas y terceras partes para reducir las emisiones indirectas. Esto requiere una capacidad inversora que solo puede sostenerse si la empresa crece, diversifica sus fuentes de ingresos y mejora su eficiencia operativa.

El crecimiento de las infraestructuras no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para garantizar una transición climática viable, eficaz y duradera, mientras evita convertirse en un limitador del desarrollo de los territorios. En las grandes infraestructuras se pueden escalar soluciones innovadoras y mejorar la calidad del servicio, con más inversión.

En definitiva, el crecimiento del transporte aéreo y de la actividad aeroportuaria constituye una condición indispensable para transformar el modelo operativo y de negocio hacia uno más resiliente, eficiente y alineado con los objetivos climáticos globales.

Por una movilidad con los pies en la tierra

Pablo Muñoz

Durante las dos últimas décadas, el número de pasajeros en los 15 principales aeropuertos de España prácticamente se ha duplicado, hasta rozar los 300 millones en 2024. Lejos de ser algo fortuito, esa situación es la consecuencia de la implementación de políticas, por parte de Gobiernos de diferente signo, orientadas de forma expresa a incentivar el transporte aéreo como forma de alimentar el turismo de masas. El reciente anuncio por parte del presidente del Gobierno de una inversión récord de casi 13.000 millones de euros en ampliaciones de aeropuertos no es sino una nueva (y especialmente intensa) vuelta de tuerca en esta política.

Sin embargo, pese al discurso triunfalista dominante que asocia de una manera simplista transporte aéreo y turismo de masas con desarrollo económico, el incremento exponencial de aquellos es la causa de toda una serie de graves impactos sociales, ambientales y económicos.

Si nos centramos en aquellos de tipo climático, los datos hablan por sí solos. Si en 1990 las emisiones de CO₂ del sector representaban el 2,3% del total en España, en 2023 ya rozaban el 7%. Entre 2013 y 2019, las emisiones del sector aéreo en España aumentaron un 45 %, muy por encima de otros países como Francia (18 %), Alemania (16 %) o Reino Unido (19 %). A día de hoy, España es el segundo país de la UE cuyo tráfico aéreo genera más emisiones de CO₂: 22,7 millones de toneladas en 2024, equivalente a casi la mitad de todo lo que emitió Suecia en ese año.

Teniendo en cuenta lo anterior, ¿cómo puede afectar la ampliación de 13 aeropuertos, como propone el Gobierno, a la generación de emisiones del sector? Según diferentes estudios, tan solo las ampliaciones de Madrid y Barcelona supondrían el aumento de sus emisiones de CO₂ de un 35% y un 33%, respectivamente. Por su parte, las previsiones de la Comisión Europea no son más optimistas: incluso imaginando unas tasas de crecimiento del tráfico un 60% inferiores a lo pronosticado por la industria, en 2040 (para cuando las emisiones deberían haberse reducido un 90%, según los objetivos acordados) las emisiones de carbono del sector serían un 46% superiores a las de 1990.

En este contexto, a menudo industria e instituciones apuntan a los denominados combustibles “sostenibles” como solución al problema. Lamentablemente, no lo van a ser, pese a su relevancia para la descarbonización del sector. La razón principal es que, de cumplirse las previsiones de crecimiento, las reducciones de emisiones alcanzables se verán ampliamente sobrepasadas por el aumento de los vuelos. Según estudios de Transport&Environment, aun cumpliéndose los objetivos de la UE de uso de este tipo de carburantes, el crecimiento del tráfico hará que en 2049 el sector seguirá quemando tanto queroseno fósil como en 2023, consiguiéndose en aquel año unas reducciones de emisiones inferiores al 3% respecto de los niveles actuales.

No nos engañemos. Pese a la voluntad del Gobierno y Aena por reducir las emisiones de sus aeropuertos (por ejemplo, mediante la autogeneración de energía renovable), cualquier incremento de una actividad altamente emisora y contaminante como es el transporte aéreo es contraria a los objetivos acordados. Los datos son claros: en 2024, el 71% de todas las emisiones de Aena (más de 2,5 millones de toneladas de CO₂) en España correspondieron a las operaciones de aterrizaje y despegue. Esa cifra constituye un aumento del 6,5% respecto de 2019. No resulta descabellado pensar que, en un futuro escenario de ampliación de 13 aeropuertos, el volumen de emisiones crecerá exponencialmente.

Resulta evidente que ampliar aeropuertos y seguir estimulando el transporte aéreo son incompatibles con los objetivos de reducción de las emisiones del transporte (un 32% respecto de 2019 en 2030) recogidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030. Pero realmente la cuestión de fondo que hemos de plantearnos es qué camino queremos recorrer: continuar por la senda del monocultivo del turismo de masas a beneficio de los intereses económicos de unos pocos o construir colectivamente un modelo económico y de movilidad más sostenible orientado al interés general.