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El impuesto a los ultrarricos que quiere Francia

La propuesta del economista Gabriel Zucman, respaldada por el 86% de la población, se ha colado en el debate presupuestario francés

La sorprendente dimisión este lunes del primer ministro francés, Sébastien Lecornu, y la incertidumbre que esa decisión hace planear, una vez más, sobre la política gala, ha relegado a un segundo plano el debate que hasta hace tan solo unos días copaba las portadas de los periódicos, las tertulias y las redes del país: la creación de un impuesto a los milmillonarios para luchar contra el importante déficit público (5,8% en 2024) y su inclusión en los Presupuestos para 2026. La llamada taxe Zucman, bautizada con el nombre del economista francoestadounidense y exconsejero de los candidatos a las presidenciales de Estados Unidos Bernie Sanders y Elizabeth Warren, Gabriel Zucman, propone que los hogares con un patrimonio superior a los 100 millones de euros ―menos de 2.000 en Francia― paguen un impuesto anual del 2% sobre su fortuna. El tributo podría generar hasta 20.000 millones de euros de ingresos anuales para el Estado. Pero, sobre todo, permitiría restaurar el principio de progresividad del impuesto sobre las rentas más altas haciendo “que las grandes fortunas francesas no paguen menos impuestos que sus secretarias”, en palabras del propio Zucman, de 38 años y profesor en prestigiosas instituciones como la Escuela de Economía de París, la Escuela Normal Superior y la Universidad de California en Berkeley.

Adoptado en primera lectura por la Asamblea Nacional a principios de 2025, el proyecto de ley para aplicar la tasa Zucman —presentado por los Ecologistas y que la coalición de izquierdas quiere incluir en su programa de gobierno— fue tumbado por el Senado unos meses después. En un país donde las desigualdades han alcanzado su nivel más alto en 30 años, con 9,8 millones de personas viviendo por debajo del umbral de pobreza, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística francés (Insee), un 86% de la población respalda la medida. No es, como afirmó hace unas semanas Bernard Arnault, presidente del grupo de lujo LVMH, adoptando una retórica trumpista, la fantasía de “un militante de extrema izquierda” deseoso de “destruir la economía liberal”. Más bien, representa un intento de respuesta apoyado nada menos que por siete Premios Nobel de Economía, a un profundo malestar social que, de no encontrar salida, seguirá reforzando electoralmente a la extrema derecha de Marine Le Pen. Además, el principal argumento esgrimido por sus detractores, el de que provocaría la huida de las grandes fortunas francesas a otros países, ha sido rebatido por el propio Consejo de Análisis Económico, adscrito a Matignon. Sus estimaciones apuntan que el hipotético exilio fiscal generado por la medida sería limitado y su impacto en la economía gala, marginal.

Francia vive inmersa en un descontento al que el presidente Macron no solo ha hecho oídos sordos ―ya sea en la crisis de los chalecos amarillos, las multitudinarias manifestaciones contra la reforma de las pensiones, o más recientemente el movimiento de protesta Bloquons toutsino también al que ha contribuido con su política. Desde que llegó al Elíseo en 2017, el patrimonio de los 500 franceses más ricos se ha más que triplicado. Como explican dos periodistas de la revista Nouvel Obs en el libro de investigación Le grand détournement (El gran desvío), el agujero negro de las finanzas públicas galas se debe en gran medida a los 270.000 millones de euros de ayudas otorgadas por el Gobierno francés a las empresas, en particular a las multinacionales, y de ventajas fiscales ofrecidas a los más ricos. Según los autores, esa política de la oferta que califican de auténtico “robo sin armas ni violencia”, no ha hecho más que agravar el déficit y la deuda (114% del PIB), sin contar que las empresas beneficiadas por esas exenciones fiscales han seguido deslocalizando su producción mientras subían los dividendos de sus accionistas.

No satisfechos con la ineficiencia de estas medidas, los sucesivos gobiernos macronistas han optado por recortar las prestaciones sociales, suprimir días festivos o bajar las pensiones en sus proyectos presupuestarios. No es de extrañar que la persona que lanzó el pasado 10 de julio en TikTok el movimiento Bloquons tout ―precipitando la caída de François Bayrou― fuera una madre soltera de 46 años con dos hijos a su cargo, empleada de un pequeño comercio del sur de Francia y cuyo sueldo de 1.500 euros no le permite llegar a final de mes por mucho que cruce la calle a buscar otro trabajo, como le aconsejaría Macron. El presidente francés no solo será recordado por la crisis de régimen que ha desencadenado en la que hasta hace poco era una de las democracias más estables de Europa, sino también por su ceguera ante esa clase media empobrecida, cansada de ser invisible.

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