Sin presupuestos no se gobierna

La necesidad de presentar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado al Congreso de los Diputados tiene que ser la absoluta prioridad de la política española en el mes que empieza. El Gobierno está incumpliendo la Constitución y no hay excusas. Las vagas declaraciones afirmando su intención de presentar en septiembre el techo de gasto, paso previo a las cuentas, anticipa un calendario sin credibilidad a estas alturas, pues la fecha límite es el 1 de octubre, la tramitación dura tres meses y no hay ni un papel sobre la mesa.

Una democracia no es solo la letra de sus leyes sino también sus tradiciones. En España, gobiernos del PP y del PSOE han prorrogado varias veces los presupuestos por no poder aprobar unos nuevos, por lo que ya se puede dar por establecido que un gobierno no está obligado a convocar elecciones inmediatamente si ve rechazadas las cuentas. A lo que sí está obligado por la Constitución es a presentarlas. La idea de que los apoyos deben ser negociados fuera del Congreso para luego presentar el proyecto con la aprobación garantizada es antidemocrática.

La fragmentación parlamentaria no es excusa. Es la misma fragmentación con la que Pedro Sánchez fue investido presidente y con la que aprobó la ley de amnistía, quizá el proyecto por el que será recordado este Gobierno. Los problemas para los presupuestos están fundamentalmente en los extremos: la derecha de Junts y la izquierda de Podemos. Ambos están necesitados de grandes gestos ante su electorado. Pues bien, los presupuestos marcan el momento más político de un país. La negociación puede y debe ser exigente, pero las amenazas de bloqueo a priori son, simplemente, antipolítica. Si Junts y Podemos son, como Vox, partidos antisistema que solo están en las instituciones para hacer ruido, esta es la oportunidad para que se lo digan claramente a sus votantes.

Es cierto que no hay nubarrones económicos a corto plazo, con una previsión de crecimiento entre el 2,2% y el 2,6% para este año, récord de ingresos fiscales y excelentes cifras de empleo. Pero sin poner las previsiones de ingresos y gastos por escrito se transmite la imagen de que hay dinero para todo (por ejemplo, encontrar 10.000 millones para defensa de un día para otro), de que se puede gobernar sin tomar decisiones, sin establecer prioridades. Esa imagen es falsa y tiene consecuencias cuando hay que decir no. Sin presupuestos no se gobierna, se administra.

Los buenos datos económicos deben favorecer también el debate sobre una nueva financiación autonómica, que si bien ha sido puesto sobre la mesa por Cataluña por compromisos políticos internos, es una exigencia de todas las comunidades, especialmente varias gobernadas por el PP que están entre las peor financiadas. Culpar al Gobierno central de la mala financiación y luego rechazar una negociación honesta para solucionarlo es engañar a los ciudadanos.

Además de arrastrar problemas reales, como la distorsión en el mercado de la vivienda, y otros fabricados, como la inmigración, el Gobierno quiere que la prioridad este otoño sea la emergencia climática que vive España. Es absurdo el cálculo político en este asunto porque los dos grandes partidos son gobierno y oposición a la vez. El PP no puede convencer a nadie de que el clima va a cambiar cuando ellos gobiernen. Si la fórmula “pacto de Estado” no le conviene, que lo llame de otra forma, pero es urgente que España saque este asunto de la trifulca política de vuelo corto y se prepare como país para lo que viene.