La quita: ni privilegio ni capricho
La condonación parcial de la deuda autonómica beneficia a los ciudadanos de las comunidades que se acogen a ella. Su boicoteo les perjudicará
La quita (condonación parcial) de 83.000 millones de euros de la deuda autonómica beneficia a los ciudadanos de las comunidades que se acogen a ella. Sus gobiernos podrán usar los intereses financieros que la gravan para inversiones más útiles. En los casos de mayor volumen se trata de centenares de millones de euros. De modo que el boicoteo a esa medida les perjudicaría en igual medida.
Lo que no se suele explicar es que la rebaja parcial de esa deuda y su completa asunción por la Administrac...
La quita (condonación parcial) de 83.000 millones de euros de la deuda autonómica beneficia a los ciudadanos de las comunidades que se acogen a ella. Sus gobiernos podrán usar los intereses financieros que la gravan para inversiones más útiles. En los casos de mayor volumen se trata de centenares de millones de euros. De modo que el boicoteo a esa medida les perjudicaría en igual medida.
Lo que no se suele explicar es que la rebaja parcial de esa deuda y su completa asunción por la Administración general del Estado tiene sentido histórico, económico y político. La deuda se acumuló en ese nivel central por culpa de la infrafinanciación de muchas comunidades, o de la Gran Recesión. Y a fin de no desatender gastos sociales imperativos y crecientes que son, en casi su 80%, los propios de estas administraciones… seguro que también entraron gastos de peor calidad, quizá extendidos a todas: pero no lo sabremos, pues el Senado olvida sus funciones de impulso y control territorial. Y porque el Gobierno de turno no quiso, no supo o no pudo reformar el sistema de financiación autonómica, que tocaba en 2014 (con Mariano Rajoy). Ni tampoco después (con Pedro Sánchez). Aquel montó el FLA reclamado por la Generalitat indepe en 2012. Y este remedió con transferencias la insuficiencia crónica de la dotación estructural, y la tardanza de los “anticipos”.
El cansino argumento de que cualquier medida oficial privilegia a los separatistas es insensato. Cierto que influyen —y algunos pactan, incluso con el PP— pero no gobiernan en Cataluña. Así que ese envoltorio es frentismo antisoberanista inercial, resquemor anticatalanista o simplemente anticatalán: separatismo a la inversa.
Su formulación es inane porque un privilegio consiste en una medida exclusiva para unos y excluyente para los demás: si abarca y beneficia a todos, el supuesto privilegio se evapora. Es más: Andalucía se libera de la mitad de su deuda; Cataluña, de su quinta parte.
La historia autonómica (financiación, competencias, proyección exterior) ha frecuentado el refrán a la inversa según el que unos, los catalanes, cardan la lana (el esfuerzo y coste de imagen de conseguir más descentralización) y todos se llevan la fama (igualación competencial, mayores ingresos).
Quizá los consejeros conservadores no han meditado cuánto se autodesautorizan al levantarse de la mesa negociadora, ese desprecio a las instituciones. Gesto tan teatral como de nulo efecto, si ahora son incoherentes con su yerro, como les deben a sus ciudadanos: confesión del pecado, cumplir la penitencia y propósito de enmienda. Firmar la quita.
E invertir los recursos en guarderías o residencias de ancianos que no sean los tanatorios enmascarados de la capital. Incluso si a su paso por el Congreso se les condiciona más el cheque en compensación a sus gratuitas rebajas sistémicas de impuestos: un privilegio que pecha sobre los demás. De nada.