Igualdad y pluralidad

El Consejo de Ministros aprobó este martes el Anteproyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal que persigue la modernización de la carrera judicial. La reforma, la de mayor calado desde 1985, actualiza el sistema para acceder a las plazas de jueces y fiscales a través de una reformulación de las oposiciones. Una de las novedades atiende al clamor sobre la necesidad de replantear las pruebas de acceso con varias novedades, entre ellas, la que pretende atajar la incomprensión expositiva de muchas sentencias: habrá una prueba escrita basada en un caso práctico y tendrá carácter anónimo. La Justicia tiene que ser comprensible para los ciudadanos a los que se les administra.

Hay otras medidas de refuerzo a la igualdad de oportunidades y a la transparencia en el proceso de selección. Las becas SERÉ —que van a equipararse al SMI— tendrán blindaje legal y se creará un registro público de los jueces y magistrados que actúan como preparadores de los opositores para acabar con una práctica muy extendida: el cobro en negro por parte de esos preparadores.

El Gobierno pretende incrementar además la plantilla de jueces y, para ello, plantea agilizar el acceso por el denominado cuarto turno. La ley vigente prevé que el 25% de los jueces (de ahí el nombre) debe proceder del turno reservado a juristas con un mínimo de 15 años de ejercicio. Sin embargo, de los más de 5.400 jueces que hay en España, solo un 9% ha accedido a la carrera por esta vía.

La reforma persigue además garantizar la independencia del poder judicial, y su imparcialidad, actualizando la fórmula de elección de las salas de gobierno, ahora poco representativas de la diversidad de la carrera pese a su relevancia. En esos órganos es donde se toman las decisiones organizativas y administrativas de los tribunales. Por eso se plantea un cambio en los procesos de elección —un solo voto por elector, incorporación del voto telemático, prohibición del voto delegado y reducción de los mandatos de cinco a tres años— que puede ser un primer paso para acabar con el sesgo claramente conservador que existe en prácticamente todos esos puestos. En la actualidad, un 97% de estas salas están controladas por las asociaciones conservadoras.

A diferencia de la controvertida proposición de ley registrada recientemente por el grupo socialista en el Congreso sobre la acusación popular, el anteproyecto impulsado por el Ministerio de Justicia será sometido a un amplio itinerario entre los órganos consultivos antes de ser aprobado en segunda vuelta en el Consejo de Ministros para su envío a las Cortes. Su tramitación, con todo ese recorrido y con la profundidad que requiere una reforma de este calado, brinda una gran oportunidad para abrir el necesario debate sobre el modelo de judicatura que necesita la España contemporánea. El sistema actual de acceso a la carrera sigue anclado en el pasado y no ha incorporado garantías de neutralidad que existen desde hace años en otras oposiciones. La más básica, el anonimato sobre quién es el aspirante a una plaza.

A la espera de los cambios, matices y aportaciones de los diferentes grupos parlamentarios, con esta reforma estructural el Gobierno da un paso para adaptar el acceso a la judicatura y a la fiscalía a las exigencias de igualdad de oportunidades y transparencia propias del siglo XXI. Y para dotar de un mayor número de profesionales a un poder del Estado muy necesitado de agilidad y de sintonía con la compleja sociedad a la que se dirige.