El golpismo de Bolsonaro, ante la justicia
El proceso contra el expresidente y otras 36 personas por conspirar contra el Estado es una prueba de resistencia para la democracia brasileña
La acusación formal contra el expresidente Jair Bolsonaro y otras 36 personas marca un hito fundamental en la lucha por la rendición de cuentas en Brasil. Bolsonaro está acusado de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado y pertenencia a organización criminal. Este proceso no solo busca esclarecer los eventos que derivaron en el violento asalto de miles de partidarios de Bolsonaro a los tres poderes en Brasilia en enero de 2023, sino también depurar responsabilidades en torno a los intentos de urdir un golpe de Estado para evitar el retorno al poder de Luiz Inácio Lula da Silva, ganador legítimo de las elecciones celebradas tres meses antes.
Por primera vez en la historia de Brasil, la justicia investiga la participación de miembros de las Fuerzas Armadas en un intento golpista. Este es un paso sin precedentes en un país donde, a pesar de los señalamientos de la Comisión de la Verdad sobre los crímenes de la dictadura militar (1964-1985), nadie fue llevado ante los tribunales. Hasta ahora, las condenas por el ataque de 2023 en Brasilia han recaído exclusivamente en los autores materiales, el eslabón más débil. Resulta imperativo que quienes planearon, financiaron y promovieron esta intentona golpista afronten el peso de la ley.
El hecho de que 25 de los 37 acusados sean militares en activo o en la reserva subraya la gravedad de la situación. Aun así, hay un elemento alentador: según la policía, el fracaso del golpe se debió en gran medida a la firme oposición de parte de la cúpula de las Fuerzas Armadas, que defendió la democracia y la Constitución.
El pliego de acusaciones, hecho público este martes, es descrito por la Policía Federal como sólido tras dos años de investigación. Ahora, corresponde a la Fiscalía General evaluar las pruebas y decidir si procede llevar a Bolsonaro y al resto de los acusados al banquillo. Esta decisión será un indicador crucial de la robustez del Estado de derecho en Brasil y de su compromiso con los valores democráticos.
La relevancia de este caso trasciende las fronteras brasileñas. La democracia más poblada de América Latina estuvo al borde del abismo, amenazada por una conspiración para impedir que prevaleciera la voluntad popular expresada en las urnas. La gestión y resolución de este proceso será decisiva para enviar un mensaje claro: en Brasil, ningún intento de subvertir la soberanía popular quedará impune.
Este paso trascendental supone un examen para las instituciones brasileñas tanto como para los acusados. De su eficacia y transparencia depende la credibilidad de la democracia en la región.