Drama y comedia de la financiación autonómica

En un reciente artículo, Joan Ridao, profesor y letrado del Parlamento de Cataluña, manifiesta sus diferencias respecto a nuestro análisis de las posibles consecuencias del acuerdo entre ERC y PSC. Afirma que dicho acuerdo, lejos de crear desigualdades y riesgos fiscales, contiene los mimbres para hacer efectiva una descentralización política mayor y un g...

En un reciente artículo, Joan Ridao, profesor y letrado del Parlamento de Cataluña, manifiesta sus diferencias respecto a nuestro análisis de las posibles consecuencias del acuerdo entre ERC y PSC. Afirma que dicho acuerdo, lejos de crear desigualdades y riesgos fiscales, contiene los mimbres para hacer efectiva una descentralización política mayor y un grado de responsabilidad fiscal más amplio que permitirán “la adaptación del sistema tributario a las especificidades del tejido productivo y de las necesidades sociales de cada comunidad” y redundarán en “una mejora de la eficiencia, la disciplina presupuestaria y el control de la deuda”. Una visión tan optimista como poco realista de lo que, salvo que ERC se conforme con menos de lo que dice el pacto, es probable que ocurra.

Ridao afirma que es falso que, como nosotros dijimos, el pacto vaya a generar inequidades entre comunidades autónomas. Dado que está fuera de cualquier duda que tras el pacto Cataluña va a tener más recursos (puede que muchos más), la única vía para que no haya desigualdad entre comunidades autónomas es que el gobierno central ponga el dinero para que las demás, primero, no pierdan lo que Cataluña deja de aportar y, segundo, reciban más para aproximarse a Cataluña. Pero cualquier dinero que ponga el Gobierno se obtendrá subiendo los impuestos o reduciendo otros gastos. De hecho, el Gobierno ya ha dicho que subirá los impuestos a los ricos. Pero, eso no va a ser suficiente y la clase media también va a tener que pagar. Eso sí, estos impuestos adicionales nos los van a pagar ni vascos, ni navarros ni, si se cumple lo pactado, catalanes. Los pagarán los residentes en las demás autonomías que, de esta forma, tendrán más gasto autonómico, pero menos renta disponible.

Es verdad que, como señala Ridao, aunque el propio acuerdo denomina singular al modelo que se propone para Cataluña, en ningún momento se dice que no se pueda aplicar a nadie más. El problema es que, salvo que desaparezca el gobierno central como agente económico, no se puede aplicar a todas las comunidades autónomas. De hecho, ni siquiera a las más ricas. ¿O acaso debemos creer que el Gobierno está dispuesto a firmar ya mismo un acuerdo como el de Cataluña con, por ejemplo, Madrid?

El artículo de Ridao también dice que el que Cataluña recaude todos los impuestos y pague lo que el Estado se gasta, más una aportación a la solidaridad, no debe dar lugar a un drama calderoniano. Ciertamente no para los catalanes que lo deben ver más como motivo de comedia. Pero para el resto está menos claro. Cataluña, al pagar solo lo que recibe del Estado, se ahorra toda la progresividad del sistema fiscal en la financiación de los gastos del Estado. Porque, como dice el pacto, su aportación a la solidaridad se limita a la financiación de las comunidades autónomas (no del gasto del Estado). Y la cuantía de esa aportación está por ver. Además, pasa a controlar todos los impuestos quedándose con lo recaudado. Que esto vaya a aumentar la eficiencia y equidad del sistema tributario suena a broma. Si miramos lo que pasa en otros países o en las comunidades forales lo más probable es que si Cataluña puede, use su autonomía fiscal para favorecer a sus empresas (y quizá a sus rentas altas) y busque atraer actividades económicas ubicadas en otras autonomías.

Según el pacto, el primer tributo en que debería implementarse el nuevo modelo sería el impuesto sobre la renta de las personas físicas, y la política prevista aquí es “no implementar propuestas de deflactación del IRPF”. Todos los libros de texto dicen que un buen impuesto sobre la renta debe gravar la renta real y no la monetaria. Nos cuesta entender que un académico como Ridao espere mayor eficiencia de un sistema fiscal que engaña a los contribuyentes no deflactando el IRPF (ajustar el impuesto sobre la renta a la inflación es mantenerlo igual, y no ajustarlo es subirlo de forma encubierta).

No es cierto, contra lo que sugiere el artículo de Ridao, que el modelo fiscal propuesto para Cataluña sea habitual en los países federales. A diferencia de lo que pasará en Cataluña, en todos los países federales el Gobierno central sigue estableciendo, recaudando y gestionando sus impuestos en todas sus regiones. La excepción en cuanto a la gestión es Alemania, donde son las regiones las que recaudan todo. Pero hay un control federal de la administración tributaria, las regiones no tienen ninguna capacidad normativa y lo que se queda cada región del IVA es independiente de lo pagado por sus residentes.

Nada que ver con lo pactado con Cataluña. En Suiza, los cantones tienen un nivel elevado de autonomía fiscal, pero el artículo 128 de su Constitución obliga a revisiones periódicas para corregir en el IRPF el aumento de carga tributaria debido a la inflación y el 135 a equiparar los recursos financieros entre cantones, siendo la Confederación la que tiene la potestad de fijar las normas sobre la materia. ¿Tomamos solo la autonomía tributaria y nos hacemos “suizos a la carta” o queremos ser suizos del todo?

Hay que señalar que las cifras que utiliza el profesor Ridao para afirmar que Cataluña está infrafinanciada y aporta demasiado son cuestionables. Afirma, por ejemplo, que Cataluña recibe un 21,1% menos de financiación per capita que la media, pero los datos de la financiación de las comunidades autónomas dicen que desde hace más de 20 años lo que recibe está entre el 96% y el 103% de la media.

Retomando el símil de Ridao de que el acuerdo contiene los mimbres para mejorar el sistema de financiación, en nuestra opinión, salvo que los partidos independentistas renuncien a una parte importante de sus objetivos declarados (e incluidos en el pacto), cuando el cesto esté acabado es dudoso que pueda contener dosis apreciables de eficiencia, disciplina presupuestaria y control de deuda. En su estado actual, el acuerdo solamente contiene algunas líneas maestras y son dichas líneas las que sostienen nuestra visión crítica. En esas líneas se afirma que “la gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los impuestos soportados en Cataluña corresponden a la Agencia Tributaria de Cataluña, salvo los de naturaleza local. La aportación catalana a las finanzas del Estado integra la aportación por el coste de los servicios que el Estado presta a Cataluña y la aportación a la solidaridad”. Esto es casi idéntico a lo que se dice en el Concierto entre el País Vasco y el Estado.

Si los mimbres de partida son esencialmente idénticos al Concierto, existen fundados motivos para pensar que el cesto final será igual a un “cesto foral”. Si va a ser otra cosa, es hora de que los firmantes concreten algo y nos digan qué va a ser, para poder continuar la discusión sobre bases más firmes.

Finalmente, el profesor Ridao opina que el sistema actual es injusto, críptico y opaco. Para aprender de los errores pasados, quizá merezca la pena recordar que ese sistema fue diseñado entre la Generalitat y el Gobierno central y luego aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera con el voto favorable de Cataluña. Entonemos todos un mea culpa (incluso los que no tuvimos nada que ver), para evitar errores pasados y de cara al futuro, si quienes han preparado los mimbres nos muestran el cesto acabado, quizá podamos entonces analizar sus posibles efectos, antes de emprender una reforma de tanto calado.